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(AUDIO) Se reportaron 11 asesinatos en un fin de semana en Puerto Rico y no existe política pública comprensiva para aliviar la situación

La seguridad pública de Puerto Rico tiene un costo cercano al cuarto de millón de dólares. Ni el negociado de la policía, y la Secretaría cuentan con políticas públicas que detengan la ola de asesinatos que arropa a la isla.
18 Jul 2017 – 2:29 PM EDT


Mientras la Isla atraviesa una ola sangrienta que parece no tener fin, existen cero políticas públicas que realmente combatan el crimen en Puerto Rico. Dos figuras públicas a cargo de la seguridad del país además, están recibiendo salarios que suman $381,300.16.

En un lado tenemos a la Superintendente de la policía Michelle Hernández devenga en la actualidad un salario anual de $106,400.16 y otros $26,400 anuales por presidir la Comisión de Seguridad Pública.

Por otro, El secretario del Departamento Seguridad Pública, Héctor Pesquera, quién fue superintendente de la policía de marzo 2012 a diciembre 2013, recibirá $248,500 anuales por su labor.

El departamento de Seguridad Publica es una nueva agencia que se asimila a los que en Estados Unidos se conoce como “Homeland Security”, y sirve de sombrilla para las agencias de Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado de Ciencias Forenses, el Negociado de Emergencias Médicas, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 y el Negociado de Investigaciones Especiales.

Luis Pabón Roca, analista político de WKAQ 580, señaló que aunque el nuevo departamento fue creado a principios de mayo su integración no se realizará por completo hasta octubre.

“Esta ley (integración de los negociados) se supone que fue pensada, estudiada…en darle una coherencia a esta ley”, dijo el analista para WKAQ 580.

Al son de sobre $20 mil al mes, todavía no está claro como la persona de más rango policial en Puerto Rico va a combatir la alta taza de crimen. “¿Qué hace con su día?” fue una de las preguntas que sobresalió durante la discusión. Para Pabón Roca, es inconcebible que la persona encargada de bajar el indíce de crimen, todavía no ha podido realizar la parte de fácil del trabajo, la unión de las agencias o conseguir un local para albergar el Departamento de Seguridad.

Los 11 asesinatos están directamente vinculados con la falta de política pública que tenga en consideración una crisis económica que todavía no toca fondo. De acuerdo a un reporte de la Oficina de Crimen y Drogas de las Naciones Unidas, el crimen puede llegar a su punto máximo durante las crisis económicas. Durante los periodos de estrés económico, la incidencia de robo puede duplicarse, así como el homicidio y el robo de vehículos de motor también aumentan, según el informe.

Mientras un país sufre su peor crisis económica, uno de los funcionarios mejores pagados bajo una agencia que hace unos meses no existía, y en parte todavía no existe. La seguridad del pueblo cuesta sobre un cuarto de millón de dólares anuales, pero no tiene ninguna garantía.


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