Violaciones

Asesinada pobre, acusado rico: el crimen de una niña de 7 años abre el debate de desigualdad de clases en Colombia

El crimen de Yuliana Samboní, una niña que vivía en un barrio de desplazados por la guerra en Bogotá supuestamente de manos de un arquitecto de una familia adinerada desató la furia en uno de los países más desiguales del mundo. Los detalles de la investigación hacen evidente la vulnerabilidad de los más pobres y han hecho que muchos pidan que la justicia sea igual para todos.
7 Dic 2016 – 6:48 PM EST

BOGOTÁ, Colombia.- La policía encontró el cuerpo de Yuliana Samboní, de 7 años, debajo de un jacuzzi, algo que si hubiera visto en vida le habría parecido, probablemente, una piscina. Tampoco la terraza le resultaría familiar a la niña que murió después de ser secuestrada y violada, porque para ella jugar al aire libre significaba hacerlo en la calle, el lugar en el que el domingo por la mañana un extraño la secuestró para llevarla al infierno.

Yuliana vivía en una calle sin asfaltar y en una planta baja con techo de hojalata y la ropa secando frente a la fachada. Su vecindario, el Bosque Calderón, se considera un barrio de invasión, como se conoce en Bogotá a los asentamientos irregulares poblados sobre todo por víctimas del conflicto armado, desplazados a la capital por la violencia de las zonas rurales.

Así era la familia Samboní. Salieron hace cuatro años de un municipio del departamento del Cauca donde uno de cada tres hogares está en la miseria, según datos de la alcaldía. “Uno sale a tener una mejor calidad de vida, a buscarse el pan de cada día, el sustento de la familia y así brindar una mejor educación (a sus hijos), pero a veces uno se tropieza en la ciudad”, explicaba a una televisión local Omar Samboní, tío de Yuliana, mientras esperaba este miércoles la llegada del féretro a Popayán, capital del Cauca, donde sus padres quisieron regresar a enterrarla.


En fotos: El repudio de Colombia al asesinato y la violación de la niña Yuliana Andrea Samboní

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Las autoridades subsidiaron el entierro de la niña después de que en su barrio hicieran una colecta para unos gastos que la familia no podía asumir. Abogados del Ayuntamiento de Bogotá se encargan de la defensa de la familia en los tribunales, donde el presunto agresor recibió un abogado de oficio porque bufetes importantes rechazaron su caso, a día de hoy, un escándalo nacional.

Rafael Uribe Noguera, de 38 años, es arquitecto y pertenece a una familia poderosa de la capital colombiana. Su apartamento, el mismo de la terraza y el jacuzzi, se encuentra en Chapinero Alto, uno de los barrios exclusivos de Bogotá, aunque a pocas cuadras de Bosque Calderón. Se graduó en el Gimnasio Moderno, donde estudiaron varios presidentes colombianos, y se licenció en la prestigiosa Universidad Javeriana.

Trabajaba en una constructora propiedad de su familia, la misma que levantó el complejo residencial Equus 66, el que se cree que fue el escenario de la violación y el homicidio. Ahí fue encontrada Yuliana en la madrugada del lunes.


Este crimen, aunque no es del todo raro –decenas de niños y niñas son abusados en Colombia cada día–, desató la furia de uno de los países más desiguales del mundo. Colombia ocupa la 11ª posición en la lista mundial de inequidad, basada en el coeficiente Gini, y en la región está solo por detrás de Haití.

En menos de 24 horas, los detalles de la investigación hacían evidente la vulnerabilidad no solo de los niños y de las mujeres, sino también de los pobres. Las imágenes de víctima y agresor empezaron a circular por las redes sociales. Ella, vestida de rosado, con las manos en jarra en posición de reina de belleza y sonriendo a la cámara bajo una corona brillante. Él, en una foto de perfil de su Twitter desaparecido, también alegre, con camisa blanca medio abierta en un restaurante. Y la ciudadanía se volcó: a ella la acompañaron en un cortejo fúnebre estremecedor y a él lo condenó la opinión pública, lo esperaron durante dos días al grito de “¡asesino!” en la clínica donde se recuperaba de una sobredosis.


“Estamos indignados porque la justicia siempre es para el pobre, para el humilde, porque la gente que tiene plata puede hacer una cosa atroz y no hay justicia”, exclamaba el taxista Rubén Loaiza mientras participaba en una de las multitudinarias protestas que se han organizado desde el lunes en Bogotá contra la impunidad.

La convicción de la Fiscalía de que el lugar del crimen había sido alterado por terceros alentó la idea de que Uribe dispondría de las influencias de su familia para salir libre del caso. Pero a medida que aumentaba su estigma en la calle –agentes antidisturbios tuvieron que escoltarlo en su traslado de la clínica a los juzgados–, fue perdiendo el apoyo de su clase.

En un comunicado, la familia Uribe aseguró que “las autoridades están actuando frente al caso con el más estricto cumplimiento de las normas para aplicar justicia ante este terrible caso, con toda nuestra colaboración sin ningún tipo de interferencia”.

Pero muchos ciudadanos, que acompañaron a la niña hasta el funeral, aseguran mantener la batalla. “Somos pobres, pero honrados”, concluyó María Victoria Zorro, vecina de Yuliana: “Acá nos cuidábamos entre todos, no esperábamos que entrara un tipo de clase alta a robarnos una niña y matarla. No vamos a dejar que esto quede así”.

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