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El empresario Alfredo Miguel posa en su página personal www.alfredomiguel.com con los tequilas Los Azulejos, empresa cuya dirección fiscal coincide con la casa de transición presidencial.

Contratista mexicano, acusado de fraude millonario en Estados Unidos

Contratista mexicano, acusado de fraude millonario en Estados Unidos

El empresario mexicano, Alfredo Miguel Afif, ha sido acusado de fraude por más de 4.6 millones de dólares en Idaho, Estados Unidos.

El empresario Alfredo Miguel posa en su página personal www.alfredomigue...
El empresario Alfredo Miguel posa en su página personal www.alfredomiguel.com con los tequilas Los Azulejos, empresa cuya dirección fiscal coincide con la casa de transición presidencial.

Por Gerardo Reyes y Peniley Ramírez  / Univisión Investiga

En un sobre sellado, y después de una ardua batalla legal, salió finalmente en febrero pasado de una corte del estado de Idaho con rumbo a México, una citación para que el polémico empresario Alfredo Miguel Afif, su esposa y sus hijos, respondan a una demanda por un presunto fraude millonario.

Dentro del sobre iba una carta rogatoria que pedía al gobierno de México notificar la querella a los Miguel en una dirección de la colonia Lomas de Chapultepec, en la capital mexicana, donde los demandantes creen que funciona la empresa de la familia involucrada en el supuesto fraude.

Lea también: Polémico grupo empresarial gana millones en contratos con el gobierno mexicano

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Univisión Investiga buscó la dirección -Virreyes #1130-  y encontró que corresponde a una amplia y fortificada casa que tomó en alquiler el gobierno mexicano como sede de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto entre septiembre y noviembre de 2012.

La compañía requerida por la corte de Idaho, Controladora de Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, ya no funciona en ese lugar, según nos informaron, pero la coincidencia de las direcciones no es una casualidad: revela el buen paso con que arrancó la relación del actual gobierno con la familia, pese al tempestuoso pasado del empresario en tribunales de México y de Estados Unidos.

“Si hay un grupo empresarial que está siendo protegido y beneficiado en este sexenio es el Grupo Miguel”, comentó un alto funcionario de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del opositor Partido Acción Nacional, quien habló bajo condición de anonimato. Los números parecen confirmar esta afirmación.

Controladora es parte de un conglomerado de empresas que manejan los hijos y los sobrinos de Miguel. Una de esas empresas arrendó en el otoño de 2012 por 84 días la casa de transición de Peña a un costo de 20,825 dólares, pagados con fondos del erario público.

El monto de la renta resulta insignificante respecto a los 770 millones de dólares en contratos de obra pública que han ganado en los tres primeros años del gobierno de Peña cinco empresas del Grupo Compañía Inversora Corporativa (CIC), un holding que agrupa a las corporaciones de la familia Miguel, según registros públicos consultados por Univisión.

El emplazamiento judicial que llevó a la pista de la casa de transición del gobierno, es parte del más reciente pleito que afronta Miguel en el mundo judicial.

Miguel y sus hijos están acusados en una corte civil de Idaho de haber simulado un embargo en forma fraudulenta para provocar la iliquidez del padre y así justificar el no pago de una deuda de 4.6 millones de dólares con una firma de leasing del Banc of America.

No ha sido fácil para los abogados de Banc of America Leasing lograr que la familia sea notificada de la demanda en México.

“Miguel Afif ha logrado esconderse en forma efectiva y pasa gran cantidad de tiempo en México”, afirma la demanda.

Los abogados llegaron a sospechar de la buena fe del gobierno de México luego de que las autoridades mexicanas se negaron a proceder alegando que había errores de trámite. Las cartas rogatorias son peticiones formales de colaboración que presenta el sistema judicial a gobiernos extranjeros para llevar a cabo trámites como notificación de demandas, interrogatorios o investigaciones.

“He invertido tiempo y dinero considerables en un esfuerzo por cumplir con los requisitos del gobierno de México, pero cada vez que radico los documentos en la forma que fue requerida previamente, recibo avisos de que hay algo más que se requiere. Parece que las objeciones no son de buena fe”,  se quejó el abogado demandante Dennis M. Charney. 

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Ante un tercer intento, los abogados de Miguel en Estados Unidos trataron de impedir que el empresario, su esposa y sus hijos, fuesen notificados de la querella, pidiéndole al juez que mantuviera bajo reserva las solicitudes de colaboración al gobierno de México, según documentos obtenidos por Univisión.

Al ser catalogadas como secretas, una decisión poco común en los tribunales de Estados Unidos, sería imposible iniciar un proceso de notificación, alegaron los demandantes.

En respuesta a una nueva moción, finalmente el juez del caso levantó la reserva de las cartas rogatorias.

Miguel ya había intentado dilatar una decisión de un juez en Idaho que lo conminó a entregar los documentos de sus finanzas ante la queja del abogado del banco Brad Goergen, quien argumentó:

“Aparentemente el señor es un hombre de recursos con propiedades en Estados Unidos, así que él o está ignorando la autoridad de esta corte e ignorando su obligación bajo la ley de Idaho o está tratando de sacar sus propiedades fuera del alcance de los acreedores”.

La demora en responder le salió cara al empresario mexicano: el juez lo amenazó con dictar una orden de arresto civil en su contra e imponer una fianza casi igual a la deuda en disputa.

A las pocas semanas, el abogado del empresario entregó un expediente de 8,000 páginas con información de las finanzas y Miguel fue sometido por Goergen a un implacable interrogatorio al que Univisión tuvo acceso.

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El empresario debió explicar desde lo más minucioso de su contabilidad personal -cuánto se gastaba en cuentas de teléfono, luz y servicio doméstico, la marca de sus relojes- hasta  lo que pagó por su Porsche Cayenne 2005 y los 20,000 dólares mensuales que ganaba de sueldo de la empresa que fundó en Ohio para montar un megaproyecto turístico que fracasó.

Miguel se declaró víctima de una persecución judicial. Dijo que había denunciado la situación ante la Comisión de Derechos Humanos, sin explicar de qué organismo.

Al comienzo del interrogatorio con los demandantes en Idaho el 27 de marzo del 2012, el empresario dejó constancia:

“Mi familia y yo hemos sufrido daños sicológicos. No he visto un americano que haya sido tratado en la misma manera que yo lo he sido, con una orden de arresto y una fianza de cuatro millones”.

Dirigiéndose al abogado demandante que se preparaba para interrogarlo agregó: “Este hombre me ha tratado como a un delincuente. Ha hecho comentarios que son discriminatorios y racistas porque soy mexicano”. Miguel nació en Brownsville, Texas.

El abogado de Miguel en Estados Unidos no respondió mensajes telefónicos ni electrónicos de Univisión. Los representantes del banco declinaron hablar.

De héroe a villano

La demanda en Idaho es el epílogo de una historia en la que Miguel pasó de héroe a villano en poco tiempo. Fue radicada en febrero de 2013 contra Miguel, su esposa Gina y la firma de sus hijos, Controladora de Empresas Prestadores de Servicios Públicos.

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Basándose en documentos judiciales y entrevistas, Univisión Investiga  reconstruyó el más reciente lío del empresario.

Miguel, de 66 años, se asoció con el inversionista francés Jean-Pierre Boespflug para revivir un fracasado proyecto de un centro de esquí en las montañas de Idaho alrededor del cual se construiría una villa de cabañas y condominios para la venta. En 2005, en medio del furor de la burbuja inmobiliaria, el Credit Suisse Group aprobó un préstamo de 250 millones de dólares para el Tamarack Resort.

Según los analistas, el resort estaba concebido para convertirse en una ciudad de tal extensión que ameritaba tener su propio código postal. Se calculaba que una vez terminadas todas las obras en diez o 15 años el proyecto costaría 1,500 millones de dólares, tendría 62 pistas, siete teleféricos, cancha de golf, una clínica, estación de bomberos y unos 34 edificios de madera y piedra. 

Con la ilusión de que el centro turístico atraería grandes inversiones y empleo, las autoridades locales dieron toda clase de ventajas al proyecto. Entregaron en arrendamiento un área de 2,100 acres por un millón de dólares en pagos prorrateados a cinco años; asignaron licencia de venta de licor y los congresistas estatales autorizaron el cambio de límites de un parque estatal para construir una marina del proyecto.

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Los inversionistas eran los héroes del estado. El 27 abril de 2007, cumpleaños de Miguel, el gobernador de Idaho lo declaró como el día “Alfredo Miguel Afif’’.

Pero en México, el salvador de Idaho afrontaba una situación que no era para celebrar.

Desde hacía cuatro años tenía vigentes tres órdenes de aprehensión, solicitadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el no pago de 1 millón 142,000 dólares en impuestos en tres de sus empresas.

Los detalles de las causas penales 120/2003, 23/2005 y 24/2005, fueron obtenidos el año pasado por la reportera Zorayda Gallegos, de la revista mexicana Emeequis, luego de un litigio de acceso a la información ante Hacienda que duró ocho meses.

El expediente, al que Univision Investiga tuvo acceso, muestra que los juicios en contra de las empresas de los Miguel fueron litigados por las direcciones de Delitos Fiscales y Defraudación de Hacienda.

El gobierno buscaba que Alfredo Miguel devolviera el impuesto al valor agregado que no había pagado sobre Grupo Mina, Servicios Ejecutivos de Personal y Grupo Integral de Personal, tres compañías de las que era accionista. Las órdenes de aprehensión también alcanzaron a su hermano, Javier Miguel Afif, quien fungía como accionista y tesorero de las compañías, además de otros de sus empleados.

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El 4 de junio de 2008, los funcionarios de Hacienda declararon que los hermanos habían “cubierto los adeudos fiscales” de las compañías.

Dos semanas más tarde un juez de procesos penales en el Estado de México declaró terminado el caso y ordenó cancelar las órdenes de aprehensión, según este expediente.

Cuando pudo volver a México, a mediados de ese año, la crisis inmobiliaria empezaba a notarse en la caída de las ventas de los condominios alrededor del centro turístico en Idaho. Un año y medio después de recibir el crédito, los inversionistas del resort empezaron a rezagarse en los pagos.

Miguel asegura que invirtió 28 millones de dólares de su bolsillo en el proyecto, dinero que se usó para pagar las deudas de los anteriores promotores.

“Saqué un negocio que estaba quebrado. Gasté 28 millones de dólares de mi propio dinero para darle trabajo a la gente, gente local, pagar abogados”, aseguró Miguel en su declaración al abogado demandante. “Y la caída de Tamarak no fue de ninguna manera mi culpa. Se debió a la excesiva ambición de los bancos que usted representa que llevaron a este país a la peor crisis, la crisis financiera”.

El Credit Suisse demandó a los inversionistas y detrás le siguieron decenas de acreedores grandes y pequeños. Entre ellos, la oficina de leasing del Banc of America. El proyecto se declaró en quiebra.

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En agosto de 2010, Banc of America Leasing obtuvo un fallo a su favor que conminó a Miguel a pagar 4.6 millones de dólares por incumplimiento de un contrato relacionado con el alquiler de teleféricos para el transporte de esquiadores del centro vacacional.

Mientras se hacía efectivo el pago, la firma de los hijos de Miguel, Controladora, demandó en California a la empresa de su padre VPG Investments Inc. para recuperar un dinero que le había prestado al empresario.

Las dos empresas llegaron a un acuerdo mediante el cual Miguel se comprometió a pagar a Controladora 2.3 millones de dólares entregando 1.3 millones, un apartamento en Houston, Texas, por 425 mil dólares, y la transferencia de  la propiedad de 12 vehículos por 291,000 dólares. El abogado de Miguel, Adam Ford, explicó que esta operación se hizo “para efectos fiscales mexicanos”.

Pero los abogados de Banc of America Leasing sostienen que estas transacciones no fueron reales y que se hicieron para salvar a Miguel del pago. Aseguran que tienen pruebas de que el empresario continúa en posesión y control de los bienes que supuestamente cedió a sus hijos.

En un escrito a la corte Miguel respondió, bajo la gravedad del juramento, que no tiene ninguna participación accionaria en la firma de sus hijos. Explicó que los cinco millones de dólares que recibió en calidad de préstamo de esa empresa tenían como destino apoyar el desarrollo y la capitalización del Tamarack Resorts y formaron parte de los 28 millones que él aportó al proyecto.

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Lo único de su propiedad y de su esposa en el apartamento cedido para cubrir la deuda, dijo, son unas botas y esquíes, cascos de motocicleta, dos relojes de pulsera y una bicicleta.

Actualmente Alfredo Miguel vive entre México y Estados Unidos. Públicamente no administra los millonarios contratos ganados por su familia.

En su blog personal cuenta que divide su tiempo entre un cargo honorífico como presidente de la Cámara Empresarial Mexicana Libanesa, y horas de esparcimiento con su esposa, sus hijos y sus nietos.

Afirma que disfruta del golf, el senderismo y el esquí, mientras escribe consejos sobre cómo desarrollar la creatividad, apreciar el teatro o fomentar la inclusión de las mujeres en la vida laboral.

Uno de estos consejos, escrito en 2014, dice: “Cuando te sientes culpable, suenas culpable y te ves culpable. Aunque hayas hecho algo malo o no, todos van a pensar que sí y te tratarán de acuerdo a ello, ya sea como criminal o sin tenerte confianza”.

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