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En Río Bravo y El Cenizo, la gente cree que el agua de la llave está suspendida en una solución contaminada. (**Foto: The Texas Tribune).

Río Bravo/El Cenizo: Suspendidos en una solución contaminada

Río Bravo/El Cenizo: Suspendidos en una solución contaminada

En Río Bravo y El Cenizo, los residentes consideran que el agua del grifo está suspendida en una solución contaminada.

En Río Bravo y El Cenizo, la gente cree que el agua de la llave está sus...
En Río Bravo y El Cenizo, la gente cree que el agua de la llave está suspendida en una solución contaminada. (**Foto: The Texas Tribune).
Entra aquí para leer la versión en inglés de este artículo en el Texas Tribune: Rio Bravo/El Cenizo: Suspended in a tainted solution.

Río Bravo " Costó $12 millones, y se esperaba que cambiara la vida de cientos de familias de escasos recursos, principalmente hispanas, que viven en dos desafortunados pueblos fronterizos.

La Planta de Tratamiento de Agua de Río Bravo fue abierta en 2006 como la última maravilla tecnológica, diseñada para destilar 2.4 millones de galones al día de agua limpia, segura y potable.

Pero cerca de una década después, la mayoría de los 8,000 residentes de Río Bravo y la ciudad cercana El Cenizo aún compran el agua que utilizan para beber y cocinar en los kioscos de brillantes colores que hay a través del pueblo. Los clientes de edad avanzada en el centro de cuidado para ancianos operado por el alcalde de Río Bravo beben agua embotellada y utilizan las tapas como marcadores en la lotería.

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“¿Quién aquí estaría dispuesto a tomar agua de la llave?”, preguntó el doctor Francisco Peña a la gente del asilo el otoño pasado, antes de que fuera elegido alcalde. “¿Quién está dispuesto a beber agua que venga de la planta pública de tratamiento de agua?” En la multitud de 30 personas sólo hubo silencio.

La planta de Río Bravo se ha visto aquejada con problemas desde su apertura. El sofisticado sistema a menudo no funciona, o los operadores no saben cómo utilizarlo. Inspectores del estado han citado a la planta repetidamente por enviar agua contaminada a sus clientes. Ocho empleados, anteriores y actuales, han sido acusados por haber falsificado los reportes de calidad del agua enviados al estado.

Y los residentes siguen sin poder confiar en el agua que sale de la llave.

“Hemos tenido que empezar a usar agua filtrada porque no queríamos perder clientes”, comenta Fausta Montoya, empleada de Los Pasteles Bakery, en Río Bravo, negocio en el que se gastan más de $150 al mes en agua embotellada de Family Dollar.

Arrinconadas en las orillas del Río Grande, a unas 20 millas al suroeste de Laredo, Río Bravo y El Cenizo son antiguas colonias, asentamientos improvisados que brotaron cuando desarrolladores ambiciosos vendieron terrenos baratos a familias de escasos recursos desesperadas por una vivienda accesible.

El conocido desarrollador Cecil McDonald cobraba apenas $50 por una propiedad en la década de 1980. Cuando su firma de inversión inmobiliaria quedó en bancarrota, las dos colonias fueron dejadas a su suerte y tuvieron que ingeniárselas para conseguir los servicios básicos.

Una serie de asentamientos de bancarrota, acciones penales del estado y demandas de los ciudadanos ayudaron a realizar el trabajo. Pero el agua fue particularmente difícil porque la pésima planta de tratamiento que McDonald construyó no podía proveer agua ni siquiera para los hidrantes.

Problemas desde el inicio

“¿Fue siquiera construida correctamente? No lo sabemos”, comenta Luis Pérez García, ingeniero del Condado Webb que se hizo cargo de la achacosa planta en la primavera del 2013.

Con ayuda del estado, el Condado Webb se dispuso a construir una planta de alto vuelo, la primera en Texas que desinfectara el agua (sacada de uno de los tramos más contaminados de Río Grande) al hacerla pasar por lámparas fluorescentes de luz ultravioleta. Un sistema de computadora automatizado debía tomar muestras del agua y analizar su calidad.

Pérez García cree que los problemas no provienen del diseño de la planta, sino de una compañía de construcción inexperta empeñada en cortar costos. Muchos de los que trabajaron en el proyecto (ingenieros del Condado Webb, que supervisaron, y personal del Texas Water Development Board, que ayudó a patrocinarlo) se fueron tan pronto como terminaron, llevándose el conocimiento de su operación con ellos.

Es inusual para los condados de Texas operar plantas de tratamiento, y el Condado Webb no ha reunido la voluntad política ni los recursos financieros para operar la suya propiamente, aseguran los críticos.

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Desde el principio, los residentes se quejaban de un agua con un color y un olor extraños. De manera creciente se quejaban de problemas gastrointestinales y de la piel, explican los abogados.

Las quejas eventualmente llegaron a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés). Pero la agencia de regulación de la contaminación del estado se había mantenido al tanto de los problemas desde hace tiempo.

Algunos meses después de la inauguración de la planta, en 2006, la investigadora de la agencia Elsa Hull visitó las instalaciones y reportó que el sistema de computadora automatizado no estaba funcionando. La turbieza del agua (factor calve para saber si es bebible) no estaba siendo evaluada adecuadamente.

Un año más tarde, Hull notó algo raro en la forma en que los trabajadores de la planta llenaban los reportes de calidad del agua que debían entregar a la TCEQ. En ocasiones, los datos que el Condado Webb enviaba al estado eran diferentes de los que Hull observaba que los operadores escribían en sus registros diarios.

Los oficiales creen ahora que lo que vio Hull no era un accidente. En octubre pasado, la oficina del abogado del Condado Webb acusó a ocho personas, exempleados o empleados actuales, por presuntamente falsificar los registros; entre ellos se encontraba Johnny Amaya, antiguo director de servicios de agua y un político de Laredo de larga trayectoria.

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Amaya se declaró no culpable, y su juicio se espera hacia marzo, comenta su abogado, Fausto Sosa.

“En vez de intentar arreglar lo que estaba mal con la planta, se limitaban a reportar números optimistas”, declaró Perez García, quien asumió el cargo de ingeniero en 2013. En los primeros siete años de operaciones, el Condado de Webb fue citado más de 20 veces por la TCEQ por no operar adecuadamente la planta así como por enviar reportes de calidad falsos al estado. El Condado Webb pagó varios miles de dólares en multas, y muchas de las violaciones fueron eventualmente “resueltas”, según muestran los registros del estado.

Pero luego de recibir más de una docena de quejas acerca del agua en sólo dos días del verano del 2013, Hull regresó y encontró condiciones peores a las que había visto. Muchas de las piezas principales del equipo no estaban funcionando. Sus pruebas mostraron que los niveles de turbieza eran tres veces más altos al que señala el TCEQ como indicador de que debe advertirse a los clientes que hiervan el agua antes de utilizarla. También se encontró que los niveles de turbieza habían estado altos durante el mes anterior, lo que implicaba que el Condado Webb debió haber lanzado una advertencia sobre hervir el agua, incluso antes, reportó Hull a sus superiores.

El agua producida por la planta también dio positivo para bacterias E.coli. Un solo trago de agua contaminada con esta bacteria puede causar diarrea severa o sanguinolenta. Las infecciones de E.coli también pueden causar daño a los riñones.

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El Condado Webb recibió la orden de publicar avisos urgentes sobre hervir el agua para los residentes de El Cenizo y Río Bravo. Hull envió un mordaz correo a Pérez García. “¿Por qué el condado no publicó un aviso sobre hervir agua antes?”, preguntó. “¿Quién decidió evitar el anuncio y no proteger a los consumidores? Esto no puede ser excusado por la falta de experiencia o la incompetencia de un empleado no entrenado”.

El Departamento de Salud de Laredo, que en ese tiempo proveía algunos servicios de salud pública en esa área, fue obligado a recorrer el pueblo con camiones cargados de agua, visitando a los residentes casa por casa para enseñarles cómo debían hervir el agua de la llave para evitar la exposición a bacterias peligrosas y enfermedades gastrointestinales. (Recientemente, el Departamento dio por terminado su contrato con el condado).

El Departamento de Salud del estado no estuvo involucrado. Aunque es responsable de proveer servicios a Río Bravo y El Cenizo, que no tiene departamentos de salud propios, un vocero del Departamento de Servicios de Salud de Texas declaró que la oficina de salud en la frontera “no tiene autoridad o experiencia en agua potable”.

“Los problemas sobre el agua potable son responsabilidad del departamento de salud local y del TCEQ”, comentó el vocero de la agencia, Chris Van Deusen.

A pesar de que se publicó el aviso sobre hervir el agua, los oficiales del Condado Webb aseguraron repetidamente a los residentes de Río Bravo y El Cenizo que el agua era segura para beber, de acuerdo con registros del estado. Pérez García solicitó que el aviso sobre hervir el agua fuera retirado tan sólo unos días después de haberse publicado. Los oficiales del estado se negaron a hacerlo.

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“El TCEQ se estaba protegiendo a sí mismo”, asegura Pérez García, para añadir que él cree que algunas de las pruebas de la agencia eran incorrectas, y que el agua era segura para beber mucho antes de que se levantara el aviso sobre hervir el agua tres semanas después.

Luego de que se retirara el aviso, Hull continuó encontrando problemas en la planta, incluyendo niveles de turbieza demasiado altos, según muestran los registros. En septiembre del 2013, el TCEQ sancionó al Condado Webb con una multa por $60,000 debido a docenas de violaciones, y requirió la reparación del sistema de computadora automatizado, así como realizar otros importantes arreglos dentro de 60 días.

Pero el condado no ha progresado mucho, causando creciente frustración en la agencia así como en la comunidad.

Tomando el problema en sus propias manos

En la década de 1990, ciudadanos locales habían formado alianzas para exigir servicios básicos. Pero para el momento en que abrió la planta, esos grupos se habían disuelto, y pocos sabían a dónde acudir en busca de ayuda en una comunidad en la que la mayoría habla español.

“Hay mucha opresión aquí, a donde quiera que mires”, comenta Karla Tamez, quien creció en El Cenizo, y aún vive ahí con su madre y su hermano discapacitado. “Especialmente para quienes no tienen documentos”.

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En la primavera del 2013, Tamez estaba terminando sus estudios de enfermería, y luchaba por un mejor servicio de recolección de basura así como por un servicio de drenaje en El Cenizo. Un curso de microbiología la hacía preguntarse qué había en el agua que bebía.

Tamez reunió más de 200 firmas para formar un comité activista conformado por residentes de El Cenizo que pedían una mejor recolección de basura, así como servicios de agua y alcantarillado. Se le llamó “Comité de Ciudadanos Unidos de El Cenizo”.

Buscando en Internet, aprendió a quejarse ante los reguladores del estado. Tamez asegura los investigadores del TCEQ llegaron a su hogar para probar el agua y examinar las tuberías rotas así como los desbordamientos que estaban cerca. Pero no pareció cambiar nada.

Luego de la infame noticia sobre hervir el agua en 2013, el comité de Tamez se unió con un grupo similar en Río Bravo para tomar el asunto en sus propias manos. Unos pocos meses después, con la ayuda del Río Grande Legal Aid, una firma que representa a residentes de bajos ingresos, demandaron al Condado Webb, alegando que habían violado la Ley Federal de Seguridad del Agua Potable.

“El TCEQ no ha sido tan agresivo como quieren que sea”, comentó la abogada Amy Johnson. La autoridad y los recursos de la agencia deben ser limitados, opina, “pero se trata de agua potable. En algún punto es esencial. Es un derecho básico”.

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La demanda terminó en un arreglo que requería que el condado publicara los reportes de calidad del agua en línea.

Intentar e intentar de nuevo

Casi un año y medio después de la noticia de hervir el agua en agosto del 2013, el sistema de computadora de la planta acaba de empezar a funcionar. Las instalaciones continúan produciendo agua con niveles de turbieza que exceden los estándares de salud del estado, aunque no tan altos como para provocar la publicación de otro aviso sobre hervir el agua.

Tres de los trabajadores acusados por presuntamente falsificar los registros de calidad del agua aún laboran en la planta. Pérez García los llama “básicamente empleados de bajo nivel que estaban actuando de acuerdo con las órdenes de sus administradores”. Los administradores ya no trabajan para el condado.

En una entrevista, oficiales del TCEQ comentaron que sus opciones eran limitadas. Por ley, lo único que pueden hacer es citar a los sistemas públicos de agua (de los cuales existen cerca de 7,000 en Texas) por violaciones, expedir multas e intentar resolverlas.

“Hay que ver qué autoridad le ha dado la legislatura a cada quien. Ellos son finalmente los responsables, si quieren intervenir y hacer algo”, comentó Steve Niemeyer, director de asuntos de la frontera de la agencia. “Nosotros sólo hacemos lo que nos dicen, dada la autoridad que tenemos”.

Incluso con una planta de agua defectuosa, la gente de Río Bravo está mejor que otras comunidades de la frontera, destacan los oficiales. Algunos sistemas públicos de agua son tan pequeños y remotos que no tienen dirección para enviarles una noticia de violación, y nadie responde el teléfono.

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“Teníamos comunicación con el condado, y aún seguimos teniéndola. Ellos siguen llamándonos, trabajando con nosotros para alcanzar la conformidad”, explica David Ramírez, director de la oficina de la frontera y de la oficina regional Permian Basin del TCEQ. “No podemos pedir más que eso”.

La senadora estatal Judith Zaffarini, una demócrata cuyo distrito ubicado en Laredo comprende a ambas comunidades, asegura que el TCEQ cumplió con la función de vigilancia al responder a las quejas de los ciudadanos, investigar la planta e imponer “penalidades sustanciales” por las violaciones.

Reconoce, sin embargo, que las múltiples multas no han resuelto los problemas en la planta, pero desistió de pedir a los legisladores que dieran más poder al TCEQ.

“Cuando ves que las penalidades ya no son medidas disuasorias, es importante mirar la situación y encontrar la razón”, comenta Zaffirini. “Éste no es un problema que simplemente brotó y en el cual intervino el gobierno. Fueron los desarrolladores inescrupulosos quienes causaron este problema, y de alguna manera la atención no ha estado bien dirigida, como si hubiera sido siempre un asunto del gobierno. Pero no lo es”.

El progreso es lento en las reparaciones principales de la planta, debido a la muerte del contratista, a decir de Pérez García. Y añade que hallar trabajadores calificados es un reto, porque los pozos petroleros los están atrayendo. Hay siete puestos en la planta que no han podido ocupar, comenta.

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El otoño pasado, los residentes de Río Bravo y El Cenizo recibieron más malas noticias: pronto tendrían que pagar mucho más por el servicio de agua. Oficiales explicaron que el condado había estado subsidiando la planta, a costa principalmente de los residentes de Laredo, pero eso ya no podría hacerse. Esto implica que la cuenta de agua de una residencia promedio podría duplicarse, de $350 a $700 anuales. Encima de eso, el Condado Webb está pidiendo millones de dólares en préstamos del estado para hacer reparaciones a la planta de tratamiento, lo que con el tiempo elevará el precio del agua en varios cientos de dólares más.

Los abogados de Río Grande Legal Aid comentan que, tras décadas de intentar ayudar a las comunidades, lo que han visto en Río Grande y El Cenizo es único. El fracaso de los proyectos de obra pública no es raro, pero los reportes falsos de calidad del agua son inusuales.

Lo que ha pasado “tiene mucho que ver con la privación de derechos y la marginación de esas comunidades”, explica Israel Reyna, abogado de Río Grande Legal Aid. El gobierno del Condado Webb está enfocado en el centro urbano de Laredo, comenta, y prestan poca atención a las docenas de colonias y antiguas colonias del condado.

Los nuevos líderes locales esperan poder ganar de nuevo la confianza de la comunidad. El juez del Condado Webb Cayetano “Tano” Tijerina, instituido en enero, asegura que es tiempo de pasar de los políticos que “absolutamente” jugaron un papel en la “triste situación” en la que se dejó a la gente de Río Grande y El Cenizo.

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“Creo que estuvo muy mal manejado. Era algo que podía haber sido evitado, y eso es lo más duro”, comenta Tijerina. “Pero no estamos aquí para señalar culpables. Ahora, se trata de la forma en que vamos a reparar las cosas”

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