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Unión de Libertades Civiles de EU criticó medidas seguridad del gobierno de Obama

Unión de Libertades Civiles de EU criticó medidas seguridad del gobierno de Obama

La Unión Americana de Libertades Civiles reiteró pedido para que el Congreso y el gobierno aprueben la reforma migratoria.

Programas en duda

NUEVA YORK - La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) reiteró el jueves la necesidad de que el Congreso y la Administración del Presidente Barack Obama aprueben cuanto antes una reforma migratoria "integral" y refutó las recientes medidas de seguridad que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adoptó en la frontera con México las que deberían, dijo, ser incluidas en los cambios a la ley de inmigración vigente y no de manera aislada.

En un comunicado enviado a los medios vía Internet, ACLU dijo estar "gravemente preocupada" por el aumento de las políticas de seguridad fronteriza anunciadas por la Secretaria del DHS Janet Napolitano, entre ellas mayores recursos para el programa 287(g) y para el programa de verificación de empleo conocido como E-Verity.

El programa 287(g) fue creado por el Congreso en 1996 y permite al servicio de inmigración alcanzar acuerdos con las policías locales (estatal y municipal) para ejecutar la ley de inmigración y arrestar inmigrantes indocumentados. Permaneció dormido durante cinco años y fue reactivado por el Departamento de Justicia como parte de las políticas de seguridad adoptadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El programa E-Verify, también creado por razones de seguridad nacional, consiste en una gigantesca base de datos manejada por el servicio de inmigración que le permite al gobierno averiguar si un trabajador extranjero tiene documentos legales de estadía y para trabajar en Estados Unidos.

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No hay supervisión

Emily Carey, coordinadora del New México Regional Center for Border Rights de la ACLU en Nuevo México, dijo que el aumento de recursos de seguridad anunciados por Napolitano  deberían ir acompañados de la asignación de recursos para una adecuada supervisión y rendición de cuentas de lo actuado por las dependencias de esa secretaría.

También fustigó la ausencia de una reforma migratoria integral, y aseguró que sin la inclusión de estas medidas "habrá una mayor erosión de las libertades civiles en las comunidades fronterizas".

A mediados de julio el DHS anunció la puesta en vigor de un nuevo reglamento para ejecutar la Sección 287(g), el que según el gobierno evitará que se cometan detenciones arbitrarias de indocumentados y se elimine el debido proceso a los extranjeros sin papeles, permitiéndoles su día en corte tal y como lo señala la Constitución.

Carey dijo que el nuevo reglamento carece de mecanismos para hacer frente a los defectos del plan vigente, pone en peligro la seguridad pública y fomentar el abuso a los derechos civiles.

¿Qué opina del planteamiento de la ACLU, que Napolitano debería incluir los planes de seguridad dentro de la reforma migratoria? Comente aquí.

Seguridad de todos

La ACLU estimó que el plan 287(g) dificulta el trabajo de las policías locales y aumenta peligrosamente la probabilidad del uso del perfil racial en un arresto, situación que pone la seguridad de todos en peligro.

Desde 2005 al menos 77 agencias de policía local han establecido acuerdos con el DHS para ejecutar la ley de inmigración.

Alessandra Soler Meetze, directora general de la ACLU en Arizona, dijo que la organización no considera que las agencias locales de policía deban tener autorización de hacer detenciones por infracciones de las leyes de inmigración, y que ese tema sólo corresponde al gobierno federal.

Base poco exacta

En cuanto al E-Verity, la ACLU advirtió que pese a los anuncios de ampliación, el programa sigue siendo imperfecto, no detendrá el flujo de la inmigración indocumentada y "pone en peligro" a miles de ciudadanos y trabajadores estadounidenses.

Carey mencionó que la base de datos creada por el gobierno federal bajo la administración del presidente George W. Bush (2001-2009) sigue presentando inexactitudes, el sistema "socava la intimidad de los trabajadores", puede conducir a la discriminación contra aquellos que tengan una apariencia de extranjero e impone nuevas cargas a los trabajadores autorizados, incluidos los ciudadanos estadounidenses.

ACLU también teme que los errores reportados de la base de datos del E-Verify deje a miles de trabajadores sin empleo y precisó que las medidas de seguridad anunciadas por Napolitano deberían ir incluidas en un plan integral de reforma migratoria que además contemple una vía de legalización para millones de indocumentados.

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Más dinero

Las preocupaciones de ACLU no fueron las mismas que las inquietudes del gobierno de Washington. La administración de Obama anunció el jueves que aumentará en $30 millones los fondos del programa de seguridad en la frontera sur conocido como 'Stonegarden', que refuerza la coordinación con autoridades estatales y locales.

El dinero irá destinado a los estados fronterizos con México "para garantizar que los responsables en primera línea estén equipados con los recursos necesarios para enfrentarse a los complejos y dinámicos desafíos a lo largo de nuestra frontera sur", dijo la secretaria Napolitano.

El programa Stonegarden (Jardin de Piedra) ya recibió $45 millones en junio, y estos nuevos fondos corresponden a un suplemento presupuestario aprobado por el Congreso para el resto del año.

Razones oficiales

"La máxima prioridad de nuestra misión en la frontera es combatir la violencia de los carteles mexicanos", recordó Napolitano en un acto celebrado en la universidad de Texas, en la fronteriza El Paso.

"Primero debemos contenerla y luego reducirla", añadió.

Los más de 12 mil muertos causados por la violencia relacionada con el narcotráfico en México en los últimos dos años y medio es algo que preocupa especialmente a Estados Unidos.

"No hemos presenciado algo parecido en Estados Unidos" hasta ahora, explicó Napolitano, quien advirtió sin embargo que el crimen organizado es "por su propia naturaleza, transnacional".

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Napolitano aseguró que el gobierno del presidente Barack Obama ha empezado a tratar el problema del narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración ilegal de forma conjunta. La ACLU demanda que todos estos temas sean tratados dentro de una reforma migratoria integral.

Más agentes

Además de nuevos fondos para la frontera, la agencia de aduanas y migración (ICE, una de las 23 agencias bajo el mando del DHS) duplicó el número de agentes y se triplicó también el número de analistas y agentes de inteligencia.

En lo que va de año, el DHS decomisó más de $69 millones a los carteles ($34 millones en el mismo periodo en 2008) y aumentó igualmente los decomisos de droga en más de 400 toneladas.

Estados Unidos ha completado también la construcción de 633 millas (unos 1.018 km) de muro en la frontera, de las 662 millas (1.065 km) previstas.

En lo que va de año, ICE arrestó a 181,060 indocumentados, un aumento del 106% comparado con dos años atrás.

Las expulsiones de extranjeros ilegales totalizan por el momento 214.347 (+125%).

En el año fiscal 2008 el ICE deportó a poco más de 360 mil inmigrantes, la mayoría de ellos procedentes de América Latina. También cuenta con más de 100 equipos especiales que buscan en todo el país a unos 540 mil extranjeros con orden de deportación final para arrestarlos y expulsarlos de Estados Unidos.

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