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Reforma divide a demócratas

Reforma divide a demócratas

Un grupo de legisladores hispanos acusó al liderazgo demócrata de no apoyar la reforma migratoria con vía de legalización.

"Como los republicanos"

WASHINGTON – En los últimos tres años, la reforma migratoria ha sido debatida tres veces en el Congreso estadounidense sin resultados favorables. Diez meses después del último intento, un grupo de legisladores hispanos alzó la voz y acusó al liderazgo del partido demócrata de no hacer lo suficiente para permitir que los 12 millones de indocumentados tengan una vía de legalización.

Un grupo integrado por 24 parlamentarios hispanos demócratas calificaron el miércoles de apocados a sus dirigentes en la Cámara de Representantes, y de tener una actitud similar a los republicanos, quienes se han negado a la aprobación de una reforma amplia y justa.

En una conferencia de prensa, los representantes denunciaron también al liderazgo legislativo de su partido por programar audiencias para reforzar medidas contra la inmigración de indocumentados, dijo The Associated Press.

En la denuncia el grupo también apuntó que los directivos demócratas se oponen a iniciativas de ley que tienen el apoyo firme de otros demócratas y que permitirían entregar más visas a ciertos tipos de inmigrantes, como personal con preparación tecnológica o trabajadores temporales (visas tipo HB1 Y HB2).

El grupo de legisladores hispanos, sin embargo, explicó que el liderazgo más bien insiste en un enfoque integral que posibilite conceder la ciudadanía a unos 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, propuesta que fue incluida en el último debate del año pasado en el Senado.

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Si no se logra esta reforma, aseguraron, el Partido Demócrata habrá engañado a todos los votantes latinos, que depositaron su confianza en él y le dieron la mayoría en la Cámara de Representantes.

Millones en riesgo

Durante la conferencia, el legislador Raúl Grijalva (Arizona) calificó a los congresistas demócratas de "medrosos", mientras que el representante Luis Gutiérrez (Illinois) dijo que "los líderes de nuestro partido que dicen ayudar a unos cuantos inmigrantes están poniendo en riesgo el futuro de todos los inmigrantes".

Si bien el grupo no mencionó un proyecto específico de reforma migratoria en puertas en el Congreso, dejaron entrever que se trata de la inclusión en la agenda de un paquete de medidas migratorias restrictivas incluidas en el 'Secure America with Immigration and Enforcement' (SAVE Act, H.R. 4088), patrocinada, entre otros, por los representantes Heath Shuler (demócrata de Carolina del Norte), Brian Bilbray (republicano de California) y Tom Tancredo (republicano de Colorado), una propuesta de reforma migratoria que se enfoca "sólo en el castigo y severidad de las leyes migratorias", dijo a Univision  Online Eliseo Medina, vicepresidente del Service Employees International Union (SEIU).

Durante el mes de marzo los republicanos de la Cámara de Representantes intentaron una maniobra legislativa conocida como "discharge petition" (petición de descargo) para que se someta a votación el proyecto sin debate previo, pero la estrategia no ha contado por ahora con los votos necesarios.

Futuro preocupante

Entre otras medidas, SAVE obligaría a los patronos a verificar el empleo del cien por ciento de sus trabajadores -a través de una cuestionada base de datos- y criminaliza la estadía indocumentada -por ahora una falta de carácter civil-.

Además de criminalizar la estadía indocumentada, Medina dijo que SAVE "acelera la deportación de inmigrantes indocumentados".

"La Ley (SAVE) no hace nada por solucionar la problemática (de los 12 millones de indocumentados) y pone a ciudadanos y residentes en peligro, porque sus identidades serán verificadas en una base de datos federal tiene errores", dijo Vanessa Cárdenas, Directora de Medios del Center for American Progress Cárdenas.

El proyecto se enfoca en destinar más recursos a la frontera y obligar a que los empleadores verifiquen el estatus legal de todos sus trabajadores, extranjeros, residentes y ciudadanos estadounidenses.

Millones de registros

Medina explicó que obligaría a más de seis millones de empleadores a verificar el estatus de empleo de más de 130 millones de trabajadores "usando una base de datos federal la cual se sabe de antemano que tiene un alto nivel de error".

También autoriza la contratación de 8 mil nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) y la infraestructura tecnológica que necesitan, e incrementa los recursos para hacer cumplir las leyes migratorias al interior del país.

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Agrega recursos para las agencias locales y estatales encargadas de vigilar la aplicación de las leyes migratorias y de las sanciones a quienes violan esas normas.

Las empresas que participan en el programa, en el que se cotejan los datos de los empleados con bases de datos del Seguro Social y del Departamento de Seguridad Nacional, reciben protección de acciones judiciales si han contratado a un indocumentado por culpa de un error en el sistema.

Shuler apuntó que SAVE Act. está dirigido a "reducir drásticamente la inmigración ilegal", estimada en 12 millones, la mayoría originarios de América Latina, principalmente México.

Cuestión de números

Antes del receso de Semana Santa, la petición de descargo contaba con 181 firmas (172 republicanas y 9 demócratas) de las 218 necesarias para que Pelosy envíe el proyecto a debate en la Cámara de Representantes.

Clarissa Martínez, Directora de Campañas Nacionales e Inmigración del Consejo Nacional de La Raza, el principal grupo hispano de Estados Unidos, teme que la ley sea llevada al pleno sin debate.

En el caso de la verificación de empleo, La Raza considera que la base de datos recomendada por el proyecto “contiene una serie de errores que pondría en peligro tanto a ciudadanos como a residentes permanentes", y advirtió que mientras eso no se solucione "muchos trabajadores legales podrían perder sus empleos en Estados Unidos".

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Delito grave

El SAVE Act también convierte en delito federal el transportar, dar albergue, ocultar o proteger a un inmigrante indocumentado, recomendación que ya había sido ventilada a finales de 2005 por la Cámara de Representantes cuando aprobó el proyecto de ley HR 4437, patrocinado por el republicano James Sensenbrenner (Wisconsin), que criminalizaba la estadía ilegal, por ahora una falta de carácter civil.

Pero la nueva medida incluye una cláusula para proteger a aquellas personas que ayudan a inmigrantes ilegales mientras trabajan en organizaciones religiosas sin fines de lucro.

Pese a ello, la forma en que está redactada la propuesta no parece proteger a trabajadores de otras organizaciones no lucrativas ni a médicos, algo bastante criticado en la medida migratoria HR 4437.

Acusaciones mutuas

En otra parte de la conferencia del grupo hispano demócrata de la Cámara de Representantes, Gutiérrez dijo que si la mayoría demócrata en el Congreso permite audiencias desfavorables a los inmigrantes, "entonces no somos mejores que la mayoría republicana que sustituimos".

Ninguno de los legisladores hispanos identificó a posibles responsables de sus críticas.

Al solicitársele una respuesta, un vocero de la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, emitió un comunicado en el que no hizo alusión a las críticas de los legisladores hispanos, pero responsabilizó de la situación (la falta de una reforma migratoria amplia y justa) al presidente George W. Bush y a los republicanos.

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El representante demócrata Zoe Lofgren, presidente del subcomité de inmigración de la cámara, dijo a periodistas que sería difícil aprobar este año un proyecto integral ante el fracaso en el Senado, reportó The Associated Press.

La Agencia Española de Noticias ( Efe) reportó que el grupo de legisladores hispanos denunció también que la actual política de inmigración provoca injusticias sociales, como la deportación de mujeres e hijos de inmigrantes miembros del ejército fallecidos en Irak o Afganistán.

Historia del debate

La reforma migratoria ha sufrido dos importantes derrotas en el Congreso estadounidense.

El primer fracaso ocurrió el 3 de junio de 2006, cuando el entonces liderazgo republicano canceló el nombramiento del Comité de Conferencia que debía armonizar dos leyes aprobadas, una por la Cámara de Representantes -el 16 de diciembre de 2005- y otra por el Senado -el 25 de mayo de 2006-.

El primer proyecto, patrocinado por los republicanos, proponía, entre otras medidas, criminalizar la estadía indocumentada, acelerar las deportaciones y un fuerte componente de seguridad nacional para poner fin a la inmigración indocumentada.

El segundo proyecto, que contó con respaldo bipartidista, entre otras recomendaciones incluyó una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y que no tuvieran antecedentes criminales.

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Los republicanos argumentaron que este plan no era congruente con la política de seguridad del gobierno federal y optaron por cancelar el debate.

Un mes después, ambas cámaras del Congreso aprobaron la ley del muro y dos meses más tarde los republicanos perdieron en control de ambas cámaras del Congreso.

El segundo intento

A mediados de mayo una comisión tripartita integrada por representantes demócratas, republicanos y de la Casa Blanca anunciaron la elaboración de una nueva propuesta de reforma migratoria que incluía, entre otras recomendaciones, una compleja vía de legalización para indocumentados que se encontraban en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2007 y carecieran de antecedentes criminales.

El Senado inició el debate el 21 de mayo, pero el 7 de junio el liderazgo demócrata canceló la iniciativa bajo el argumento que los republicanos no estaban dispuestos a fijar un número limitado de enmiendas y que ninguna de ellas anulara la vía de legalización.

Una semana después, el día 14, los líderes de ambos partidos en la Cámara Alta acordaron reanudar el debate, pero el día 28 la propuesta tripartita sucumbió ante la falta de apoyo de ambos partidos.

El plan tripartita, basado también en un fuerte componente de seguridad nacional para poner fin al tráfico ilegal por la frontera, recomendaba una vía de legalización a cambio de, primero, una residencia temporal de tres años, verificación de identidad, una multa de $13,500 por persona y un trámite consular en el país de origen para recibir la residencia permanente.

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