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Rechazaron ley antiinmigrante

Rechazaron ley antiinmigrante

La Cámara de Reprsentantes del estado de Wyoming rechazó ley que castigaba ayudar o tansportar a indocumentados.

Plan republicano

CHEYENNE, Wyoming - Una propuesta estatal que de haber sido aprobada convertía en delito grave dar acogida o transportar a inmigrantes indocumentados fue derrotada el martes en este estado al no recibir los dos tercios necesarios para ser presentada en la cámara baja, reportó The Associated Press.

La iniciativa fue obra del representante Pete Illoway (republicano de Cheyenne).

Antes de la votación, el legislador respondió a críticas de organizaciones latinas y dijo que su medida no estaba enfocada en ningún grupo étnico en particular.

La propuesta de ley de Illoway estuvo basada en una ley de Oklahoma que entró en efecto el año pasado, medida que entre otras restricciones niega todo tipo de beneficios a indocumentados, con excepción de algunos casos de emergencia, dijo AP.

Éxodo de inmigrantes

Oponentes de la ley de Oklahoma han declarado que ésta ha aterrorizado a los inmigrantes latinos del estado y ha causado que miles de personas, con y sin documentos de estadía legal, se vayan a otros lugares en busca de nuevas oportunidades.

Keith Gingery, legislador republicano de Jackson, dijo que estaba de acuerdo con Illoway sobre el asunto, pero se oponía a la propuesta pues consideraba que era inapropiado que el gobierno estatal tomara acción al respecto.

Agregó que si Illoway quería postularse al Congreso y abordar el asunto desde allí, él lo apoyaría.

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Debate inconcluso

Tras los fracasos del debate migratorio en el Congreso estadounidense en junio de 2006 y junio de 2007, varios estados han impulsado la aprobación de leyes para regular la inmigración indocumentada.

Según reportes de la Conferencia de Legislaturas Estatales, más de l,400 proyectos de ley antiinmigrante han sido discutidos en a partir de 2005, y unas 190 han sido aprobadas.

El estado con mayor número de restricciones es Arizona.

En resumen, las ordenanzas prohíben a los propietarios alquilar casas y negocios a indocumentados, y otorgan poderes extraordinarios a policías locales para ejercer funciones como agentes de inmigración.

Proyecto viejo

Autorizar a las policías municipales y estatales para que su personal ejerza funciones como agentes de inmigración es un plan impulsado por el departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La ley de inmigración de 1996 permite que el servicio de inmigración llegue a acuerdos con autoridades estatales y locales para que la policía realice este tipo de funciones.

Importante, pero...

Tras la votación del martes en Wyoming, el representante Pete Jorgensen (demócrata de Jackson), señaló que está de acuerdo que la inmigración indocumentada es un tema importante, pero que no había tiempo para abordar el asunto en la actual sesión presupuestaria.

A su vez, Mary Gilmore, demócrata de Casper, dijo que sería mala política que se tomaran medidas migratorias sin escuchar primero lo que tiene que decir el gobierno federal.

"Lo quieran admitir o no, estos inmigrantes indocumentados ofrecen servicios en la industria agraria, en la industria de alimentos, y en la construcción", precisó Gilmore, agregando que no ve ningún problema con los indocumentados en el estado.

Medidas perjudiciales

Sobre este tema, a principios de diciembre del año pasado la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas y la Asociación Nacional de Contratistas de Tejados entregaron un informe en el que señalaron que muchas de las leyes antiinmigrantes adoptadas por los estados conllevan perjuicios económicos, como una subida de los costos en la construcción y de los gastos de las pequeñas empresas, según un reporte de la Agencia Española de Noticias, Efe.

El estudio, encargado por la Cámara de Comercio, no coloca una cifra total al daño que esas normas estatales podrían ocasionar a la economía porque son demasiado recientes, según su autor, Peter Creticos, quien en su lugar apuntó los tipos de perjuicios que es previsible esperar.

El estudio tampoco aborda posibles efectos económicos positivos de esas leyes. Sus defensores afirman que negar servicios públicos a los inmigrantes clandestinos ahorrará dinero al erario y disuadirá a otros extranjeros a entrar en el país.

Verificación cara

Una de las piezas claves de esta estrategia es el endurecimiento de las normas que obligan a las compañías a verificar la situación legal de sus empleados.

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No obstante, esas medidas elevan los costos de operación, lo que perjudicará especialmente a las pequeñas empresas, que no tienen departamentos de recursos humanos, según el informe.

Además, alerta de que personas con acento al hablar inglés o que parezcan latinos "podrían ser discriminados simplemente porque el empresario no está seguro de que los documentos que le entregan son auténticos", y no quiere exponerse a una multa o la pérdida de su licencia.

Las normas también han creado inquietud entre los bancos, algunos de los cuales han expresado temor de prestar a empresas cuya licencia pueda ser revocada, por lo que es posible que endurezcan las condiciones de los créditos.

El documento también apunta que el consumo podría caer en los barrios habitados por inmigrantes.

La virulencia antiinmigrante en algunos estados puede hacer que las familias extranjeras, incluso si sólo un integrante es clandestino, se muden a otro lugar del país, lo que supondría una pérdida de ingresos tributarios para el estado, según el informe.

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