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Orden Especial 40 en suspenso

Orden Especial 40 en suspenso

Un juez de Los Ángeles pospuso decisión sobre demanda contra ley que prohíbe a la policía preguntar el estado migratorio.

Detalles de la demanda

LOS ANGELES, California - Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles pospuso el martes la decisión sobre una demanda contra la Orden Especial 40 que prohíbe a la policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés) preguntar sobre el estado migratorio de las personas.

"Estoy tomando el caso bajo sumisión e intento tener una decisión escrita en el futuro cercano", dijo el magistrado Rolf Treu.

Harold Sturgeon presentó una demanda en mayo de 2006 contra el jefe de la policía angelina William Bratton y contra los miembros de la Comisión de la Policía, buscando que la Orden Especial 40, sea declarada ilegal.

Según documentos de corte, el abogado de Sturgeon solicitó una prohibición permanente para evitar que el dinero de los contribuyentes sea utilizado para aplicar dicha restricción, que ya tienen más de 28 años de regir en Los Ángeles.

Según alegó Sturgeon, la orden 40 equivale al "No pregunte, no diga" que se aplica en las fuerzas militares con respecto a la inclinación sexual de sus miembros, lo que constituye, argumentó, una permisividad con respecto al cumplimiento de la ley.

"Una barrera de temor"

"Es un tema muy delicado pues toca directamente no sólo con la imagen y confiabilidad de la policía sino la aplicación de la ley federal", explicó Augusto Giraldo, abogado especialista en inmigración.

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"Si la policía pregunta sobre el estado de inmigración de cualquier persona, va a crear una barrera de temor para que las personas denuncien los delitos" anotó Giraldo. "Pero, por otra parte, frente a muchos ciudadanos, la policía está desconociendo casos de inmigrantes indocumentados que cometen delitos".

El tema cobró fuerza recientemente ante el asesinato de la estrella afroamericana de fútbol de su secundaria, Jamiel Shaw. Según las investigaciones, el acusado de dar muerte a Shaw es Pedro Espinoza, un inmigrante indocumentado que había salido de la cárcel el día anterior al crimen.

Según los padres del joven, si no existiera la restricción, el LAPD hubiera informado a las autoridades federales sobre la permanencia ilegal en el país de Espinoza y éste hubiera sido deportado habiéndose evitándose el crimen.

Exigen levantar la orden

Los padres de Shaw pidieron que se levantara la Orden Especial 40 y la petición encontró eco ante el concejal Dennis Zine, quien presentó una moción para corregir la política del LAPD al solicitar que la policía averigüe el estado de inmigración de un sospechoso de pertenecer a una pandilla.

"No es tan sencillo. La Orden 40 no aplica en este caso pues Espinoza fue arrestado originalmente fuera de Los Ángeles aunque fue encarcelado en la cárcel del condado", aclaró Giraldo. "Lo que pasa es que el caso ha servido de ejemplo, para los críticos de la medida que no son pocos".

Y los defensores de los inmigrantes manifestaron su oposición a cualquier cambio que elimine la restricción.

"La Orden Especial 40 es un acuerdo histórico que se estableció para asegurar la cooperación entre la policía y la comunidad. Hasta la Comisión Policial que es independiente ha indicado cuán crítica es esta Orden para la seguridad pública. Ninguna petición para enmendarla se debe ignorar; pero definitivamente que un cambio que ponga en peligro el enfoque de la Orden debería ser claramente rechazada", declaró en un comunicado Marvin Andrade, director ejecutivo del Central American Resource Center (CARECEN, en inglés).

Limita intercambio de datos

En su demanda, Sturgeon argumenta que la restricción limita la habilidad del LAPD para intercambiar información con las autoridades de inmigración.

Sin embargo, abogados de la oficina del fiscal afirmaron -en la respuesta a la demanda- que la directiva no es un obstáculo para que la policía trabaje muy de cerca con los agentes de inmigración.

Por su parte la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que defiende la medida, aseguró en documentos presentados a la corte que la Orden Especial 40 es consistente con la ley federal y no entra en conflicto con ninguno de sus aspectos.

Los Ángeles fue la primera ciudad grande del país en poner en práctica la restricción mediante la Orden Especial 40, en 1979.

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