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Menos arrestos en la frontera

Menos arrestos en la frontera

El número de detenciones en la frontera con México bajó, pero subió el número de procesos judiciales a indocumentados.

Operativo Streamline

WASHINGTON - El número de procesos criminales por violaciones a las leyes de migración casi se duplicó en los primeros dos meses de 2008 y como resultado los cruces ilegales a través de la frontera con México bajaron 15 por ciento, reveló hoy la prensa de acuerdo con un informe de la agencia Notimex.

De acuerdo con funcionarios federales citados por el diario The Washington Post, las aprehensiones de inmigrantes indocumentados cayeron 20 por ciento en 2007 y en lo que va de este año la baja es de 15 por ciento, gracias a la "Operación Streamline (Corriente)".

Pero a pesar del éxito de la operación, esta tiene efectos contraproducentes en algunas comunidades fronterizas estadounidenses, porque absorbe muchos de los escasos recursos con que cuentan las policías locales.

"Si esto fuera todo lo que hacemos, estaría bien. Pero también tenemos que manejar otros prisioneros federales en el sur de Arizona y los que traen otras agencias federales", dijo al diario David González, un alguacil federal estacionado en ese estado.

"Punto de quiebre"

Melissa Wagoner, vocera del senador Edward Kennedy, señaló como un aspecto adverso la falta de espacios en las cárceles y defensores públicos en las áreas donde la operación se lleva a cabo.

"En su forma actual, la Operación Streamline está limitando las capacidades del sistema policiaco a punto de quiebre", dijo.

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T.J. Booner, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, que agrupa a oficiales activos y retirados de esa dependencia, consideró que la estrategia está mal orientada.

"Esta yendo tras gente desesperada que está cruzando la frontera en busca de una mejor vida, en lugar de ir detrás de los empleadores que contratan gente que no tiene derecho a estar en este país", dijo.

Penas más severas

La operación, puesta en marcha primero como programa piloto en el sector de Del Río, Texas (fronterizo con Piedras Negras, Coahuila) en diciembre de 2005, requiere presentar cargos criminales, por mínimos que sean, contra toda persona detenida por cruzar de manera ilegal la frontera.

Como resultado, la persona es confinada a prisión durante el tiempo que dure el desahogo del proceso judicial, que en la mayoría de los casos resulta en su convicción y posterior deportación.

Funcionarios y aún legisladores estatales dijeron al diario que la baja en las aprehensiones a partir de la aplicación de la operación, es reflejo del poderoso efecto disuasivo que tiene entre quienes aspiran a cruzar la frontera de manera ilegal.

Perfil del programa

Streamline entró en vigor el 14 de enero bajo la crítica y la observancia de grupos nacionales de derechos civiles, quienes tildaron el proyecto federal como un "desastre" a los derechos humanos.

Si bien la estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, en los últimos tres años han habido intentos en el Congreso por criminalizarla y, con ello, poner a 12 millones de extranjeros al borde de la deportación.

"Es increíble que en un par de horas, un grupo entero de personas sea enjuiciado y sentenciado", Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

Se trata de "una burla a nuestro sistema judicial", agregó la abogada sobre Streamline, que permite presentar cargos contra los indocumentados y condenarlos a pasar hasta 180 días en la cárcel antes de ser deportados.

Anteriormente, la mayoría de los indocumentados detenidos en la frontera de Arizona tenían la opción de salir del país de forma voluntaria, sin necesidad de llegar ante un juez de inmigración.

Batalla vieja

Pero el tema de la criminalización de la estadía indocumentada no es nuevo.

A mediados de diciembre de 2005 la Cámara de Representantes aprobó un proyecto republicano de ley de reforma migratoria que incluyó la medida, y que tenía como objetivo poner fin a la estadía ilegal.

La ley Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act (HR 4437), inquietó a los millones de indocumentados y también a familiares, amigos, abogados, religiosos, y todos aquellos que de una u otra manera brindan ayuda a los indocumentados.

La HR 4437 propuso, entre otras restricciones, penalizar la estadía indocumentada con severas penas de cárcel, multas, y deportación automática una vez cumplidos los castigos.

"El alma de EU"

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La 4437 "dañaba a empresarios, contratistas, dueños de negocios, dueños de haciendas, de ranchos, de fabricas, de maquilas, abogados, familias, escuelas e instituciones", dijo Teodoro Aguiluz, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), en Houston, Texas.

De haber entrado en vigor "se habría afectado al alma de Estados Unidos", agregó García.. "Hubiésemos enviado a millones de seres humanos a vivir en una situación peor que animales", refirió.

Juan Vega, director del Centro Latino de Chelsea, Boston, comentó que la criminalización de la estadía ilegal "hará que el pueblo pierda la confianza en sus comunidades y en sus autoridades".

"Nadie se sentiría seguro, nadie ayudaría a nadie, todos tendrían miedo a ser perseguidos, detenidos y encarcelados", dijo. "Nos preocupa que nos quiten la facilidad de acudir en ayuda del pueblo. Eso sería muy trágico y el futuro sería muy triste".

Debate inconcluso

La ley HR 4437 fue abortada el 3 de junio de 2006, cuando el entonces liderazgo republicano canceló el Comité de Conferencia que armonizaba la iniciativa junto con otra ley que en mayo de ese año había aprobado el Senado y que incluía una vía de legalización para millones de indocumentados.

El partido del Presidente George W. Bush dijo en esa ocasión que el plan bipartidista del Senado no era congruente con las políticas de seguridad adoptadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

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La cancelación del Comité sumió en el desconsuelo a millones de indocumentados, aceleró las redadas y el debate y aprobación de leyes antiinmigrantes en varios estados.

El último intento

El 21 de mayo de 2007 la reforma migratoria revivió en el Senado con el debate de un plan tripartita redactado en secreto por negociaciones demócratas, republicanos y de la Casa Blanca.

El proyecto incluía un fuerte componente de seguridad nacional y una vía de legalización a cambio de multas de hasta $13,500, y esperas de entre 11 a 15 años para poder solicitar la ciudadanía.

El plan fue cancelado el 28 de junio por falta de apoyo de ambos partidos. El abandono del debate desató una fuerte oleada antiinmigrante en estados y ciudades. En lo que va de 2008 se han debatido más de 1,100 proyectos de ley para castigar la inmigración indocumentada.

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