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Finqueros no quieren el muro

Finqueros no quieren el muro

Propietarios de fincas en Texas dicen que el gobierno de Washington los demandó antes de concluir negociaciones.

Revisan los testimonios

McALLEN, Texas – Propietarios de fincas del sur de Texas, frontera con México, denunciaron en una corte federal que las autoridades federales los demandaron antes de negociar el acceso que desea el gobierno de Washington para erigir un muro con el fin de evitar el cruce de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, reportó The Associated Press.

Finqueros de los condados texanos de Hidalgo y Starr dijeron que hubo un ofrecimiento de una compensación de $100 por el acceso temporal a sus tierras cercanas al río Grande o Bravo para estudiar la zona y trazar planos, pero que la oferta fue hecha sólo después de que los abogados del gobierno presentaron querellas para adquirir propiedades con fines públicos.

The Associated Press agregó que el juez federal de distrito, Andrew Hanen, que ha presidido varias audiencias por casos similares en el condado de Cameron, anunció que se pronunciará cuanto antes sobre las más de una decena de demandas del gobierno.

Las primeras querellas fueron presentadas en Hidalgo y Starr.

Gobierno a la defensiva

Pero durante una audiencia llevada a cabo el lunes y que se prolongó por tres horas, fue exactamente el tipo de discusión legal que el gobierno de Washington quería evitar a toda costa.

En la sesión judicial, los testigos fueron llamados para relatar sus conversaciones con funcionarios federales y los abogados se pusieron a analizar la sintaxis de la palabra "negociar", dijo AP.

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En septiembre de 2006, dos semanas después de que el Congreso canceló un debate de la reforma migratoria, ambas cámaras aprobaron la construcción de un muro de 1,226 km (700 millas) en la frontera con México para frenar el cruce ilegal.

Propiedad privada

Meses más tarde y cuando el departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició el trazado del muro, decenas de propietarios de tierras en el sur de Texas se negaron a permitir el acceso de las autoridades a sus propiedades.

Ante esta negativa, el gobierno federal los demandó, pero los papeles se voltearon porque ahora está a la defensiva.

Los problemas entre las autoridades federales y los finqueros comenzaron a principios de diciembre del año pasado cuando el jefe de la seguridad de Estados Unidos, Michael Chertoff, le dio a los propietarios de terrenos que se oponen a la instalación del muro una última oportunidad para que permitan el acceso a sus propiedades antes de llevar el caso a la corte.

Carta de advertencia

El senador John Cornyn (republicano de Texas) confirmó en aquella oportunidad el envío de cartas a los propietarios de tierras, en las que se incluyó la advertencia del gobierno.

Cornyn agregó que para los que se nieguen a otorgar el acceso temporal, el DHS podría solicitar una orden judicial con el fin de poder ingresar a la propiedad y realizar los estudios de construcción de la valla.

"(Chertoff) me aseguró que las negociaciones continuarán y que tiene la esperanza de que la inmensa mayoría de estos casos podrá ser resuelto sin litigio, aunque quizás en algunos casos sí se llegue a necesitar un litigio", advirtió el legislador.

Por qué la negativa

Algunos habitantes del Valle del Río Grande, donde la oposición a la construcción del muro es más fuerte, desde un comienzo se negaron a permitir que las autoridades federales ingresen a sus terrenos.

A principios de 2007, dos meses después de aprobada la ley del muro por el Congreso, el alcalde de Brownsville, Pat Ahumada, se negó a firmar documentos que permitían el acceso de un grupo de trabajadores a propiedades de la ciudad.

A diferencia de otros estados donde también se construyen vallas (California, Nuevo México y Arizona), la mayoría de los terrenos en Texas son propiedad privada.

"Lo que todo eso hará es enfurecer más a la gente aquí", dijo John McClung, presidente de la Asociación de Campesinos Productores de Verduras de Texas, al referirse a las cartas del DHS enviadas el año pasado.

"Nada hace más infeliz a un propietario de tierras que la idea de expropiación, la idea de verse obligado a entregar sus tierras al gobierno", indicó McClung.

Acceso al agua

Algunos dueños se han quejado que perderían acceso al río Bravo, la única fuente de agua potable en la región, la cual utilizan para regar sus campos y darle de beber a sus ganados.

Otros quedarían con parte de sus terrenos detrás de la barda, aislada del resto de Estados Unidos en una tierra de nadie fronteriza.

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Los opositores aseguran que las autoridades federales han fracasado en informarles completamente sobre los planes del muro y se niegan a escuchar las propuestas de alternativas de los residentes del área, agregó AP.

Una mayoría asegura que el muro es un gasto inútil del dinero de los contribuyentes y que afectará a las economías de las comunidades fronterizas.

Historia del muro

El muro fronterizo fue aprobado el 14 de septiembre de 2006 por la Cámara de Representantes -dos semanas después de fracasado un debate migratorio que había arrancado en 2005- y ratificado el 29 del mismo mes por el Senado.

Una versión de reforma aprobada en diciembre de 2005 por la Cámara Baja incluía dos enmiendas que fueron rechazadas (el 25 de mayo de 2006) por el Senado: criminalizar la estadía ilegal en Estados Unidos y otorgar poderes extraordinarios a las policías municipales y estatales para arrestar indocumentados.

El entonces liderazgo republicano argumentó que el detenimiento del debate obedecía a razones de seguridad nacional.

El muro fronterizo, aseguró el Congreso, será erigido a un costo inicial de $1,200 millones y su construcción se centrará en las cercanías de zonas urbanas para frenar el ingreso de inmigrantes sin papeles provenientes de territorio mexicano.

Justifican la valla

Tras la aprobación del muro en 2006, el entonces líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, y quien ocupaba la presidencia de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, dijeron en un comunicado que la legislación era "un componente clave para la seguridad" del país.

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Ambos políticos agregaron que la ley del muro permitirá "atajar el flujo de la inmigración ilegal" a Estados Unidos, que "el pueblo estadounidense exige una frontera segura" y que "este Congreso republicano ha respondido" a esa demanda.

Tales afirmaciones contrastaron días más tarde con el resultado de las elecciones legislativas del 7 de noviembre, cuando los republicanos perdieron el control de ambas cámaras del Congreso.

La valla paralela

Simultáneamente a la aprobación del Congreso del muro de 700 millas (1,200 kilómetros) en la frontera con México, en septiembre de 2006, el DHS adjudicó un contrato inicial por $2 mil millones a la compañía Boeing para construir un muro digital dotado de cámaras de TV, sensores de movimiento y sistemas de visión nocturna, entre otras avanzadas tecnologías.

El día que se adjudicó el contrato Chertoff anunció que el proyecto iba a ser construido en dos fases, y que la primera, un segmento de 45 kilómetros, sería levantado entre Tucson, Arizona, y México.

El área seleccionada es considerada por el gobierno como una de las principales rutas de acceso de indocumentados a Estados Unidos.

En febrero y después de tres pruebas y la aprobación de un primer tramo de 28 millas, el DHS reconoció que la primera parte del proyecto construido por Boeing tiene fallos.

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El plan maestro

El gobierno de Washington asegura que el proyecto del muro forma parte del plan SBInet, y que una vez levantado se transformará en la "frontera del siglo 21".

SBInet es parte del plan de construcción de un muro en la frontera con México de 1,226 km de largo aprobado por el Congreso tras un fallido intento de reforma migratoria -en 2006- bloqueado por el entonces liderazgo republicano.

La Casa Blanca ha definido SBInet como parte esencial de un proyecto global de vigilancia que se conoce como "Escudo de Seguridad de Alta Tecnología" en las fronteras, desarrollado por el gobierno federal en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

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