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Condenan "cuota de arrestos" de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos

Condenan "cuota de arrestos" de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos

Cónsules centroamericanos y activistas comunitarios condenaron la "cuota de arrestos" denunciada por agentes federales.

Condenan "cuota de arrestos" de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos...

Crece la polémica

LOS ANGELES - Mientras la Patrulla Fronteriza investiga acusaciones sobre procedimientos de sus agentes del sur de California, algunos de los cuales denunciaron cuotas de arrestos y amenazas de sanciones si no las cumplen, cónsules generales de Honduras y Ecuador y líderes comunitarios condenaron las detenciones y abogaron por una visa humanitaria para una nicaragüense deportada que dejó a dos hijos atrás.

"Es aberrante", dijo la cónsul general de Honduras en Los Angeles, Vivian Panting, sobre las supuestas cuotas ordenadas en la agencia federal en la estación de Riverside, al este de Los Angeles. "Vale la pena llegar a una investigación de esto".

La agencia federal ordenó el lunes una investigación de los alegatos de agentes, quienes dijeron que recibieron órdenes de cumplir los objetivos numéricos en enero bajo pena de castigo.

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Agentes en Riverside indicaron que se les ordenó arrestar al menos 150 indocumentados en enero o de lo contrario se les cambiaría de horario de turnos de trabajo.

No hay castigos

Nadie ha sido suspendido por ahora, dijo Richard Vélez, portavoz de la agencia.

La agencia federal, una de las 23 dependencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene metas para inspirar a los agentes. Una de ellas, por ejemplo, es hacer competir a unidades, y muchas veces un indicador es la cantidad de arrestos, pero no es práctica estándar establecer objetivos numéricos ni se recomendaría uno, indicó Jeffrey Calhoon, jefe de la agencia en El Centro.

"Las redadas son el ejemplo más visible de un sistema de leyes de inmigración inhumano e injusto", comentó Esmeralda López, coordinadora de política local de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Angeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés), y resaltó el primer aniversario de una redada en Van Nuys, en el norte de Los Angeles, donde fueron detenidas alrededor de centenar y medio de personas en febrero del año pasado.

¿Qué opina de la denuncia sobre cuota de arresto de inmigrantes por parte de la Patrulla Fronteriza? Comente aquí.

Visa para Soza

Oswaldo Cabrera, director ejecutivo de la Coalición Latinoamericana Internacional, pidió una visa humanitaria para la nicaragüense Maricela Soza, quien la semana pasada fue deportada desde Miami mientras sus dos hijos estaban en huelga de hambre.

"Ella no ha cometido ningún crimen", apuntó Cabrera.

La salvadoreña Sandra Morales, de 32 años, cuyo esposo guatemalteco fue deportado tras una redada hace unos 10 meses, dijo que sus cuatro hijos están en tratamiento psicológico pues quedaron traumados al ver a su padre, Byron Soto, cuando era llevado por agentes de inmigración.

"Al principio el psicólogo les dijo que estaban muy traumados", dijo la inmigrante en referencia a sus hijos de 4, 11, 14 y 16 años. "Estaban tristes, no querían comer. Me decían que extrañaban a su papá, sobre todo la más chiquita".

Ciudadanos de EU

Los menores estadounidenses van dos veces por semana con el psicólogo desde hace unos tres meses, indicó la madre residente de South Los Angeles.

"La separación de familias es un drama muy grave", apuntó el cónsul general de Ecuador en Los Angeles, Eddie Bedon. "Por eso apoyamos una reforma migratoria que regularice (el estatus de) los 12 millones de indocumentados (que viven en Estados Unidos)".

A finales de octubre de 2007 el Consejo Nacional de La Raza (NCLR) y el Urban Institute presentaron un informe donde explicaron los severos traumas que viven cerca de medio millón de niños estadounidenses hijos de padres indocumentados afectados por las redadas masivas en centros de trabajo que ejecuta desde 2005 el DHS.

La Raza, el Urban Institute y más de 400 grupos nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes exigen a la Casa Blanca que frene las redadas y las deportaciones ordenadas mientras el Congreso debate y aprueba una reforma migratoria que incluya una vía de legalización para los indocumentados que carecen de antecedentes criminales.

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Investigan denuncia

La Patrulla Fronteriza reiteró el martes que investiga una acusación hecha por agentes del sur de California quienes aseguraron la existencia de órdenes que fijan cuotas de arrestos de indocumentados.

Agentes que trabajan a unos 160 kilómetros (100 millas) al norte de la frontera con México aseguran que se les han fijado cuotas de arresto y que han recibido amenazas de castigo si no las cumplen, lo que contradice las prácticas de la agencia.

Agentes en Riverside dijeron que se les había ordenado arrestar al menos 150 presuntos inmigrantes ilegales en enero y que se les dijo que esos arrestos deberían llevar a procesos judiciales, afirmó Lombardo Amaya, presidente local del gremio de guardafronteras.

Cambio de horarios

"Se les dijo que si no producían esto, les iban a cambiar los días de descanso", dijo Amaya, quien añadió que él esperaba analizar el asunto el lunes con el jefe de sector que supervisa la estación de Riverside.

"A veces, al igual que en la política, esta agencia sólo se preocupa por lucir bien", aseguró.

Las presuntas cuotas, que involucran solamente la estación de Riverside, contradicen las prácticas de la agencia, que no fija un mínimo de arrestos, dijo Lloyd Easterling, un portavoz de la agencia en Washington.

Récord de expulsados

La denuncia apareció dos meses después que la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) reveló que durante el año fiscal 2008 la agencia deportó casi a 350 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría procedentes de América Latina.

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La cifra representa un 20 por ciento más que los expulsados en el año fiscal 2007, dijo el DHS.

A su vez, entre octubre de 2007 y agosto de 2008 el ICE ejecutó 1,172 redadas en puestos de trabajo.

La agencia agregó que cuenta con más de 100 grupos especiales operando a nivel nacional para detener a unos 540 mil inmigrantes cuyos nombres aparecen en la base de datos del National Crime Information Center (NCIC) y que tienen una orden de deportación vigente.

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