publicidad

California debate redadas

California debate redadas

Sindicatos, religiosos, políticos y activistas preparan informe crítico sobre las redadas de inmigración y lo enviarán al Congreso.

Procedimientos en la mira

LOS ANGELES, California - Entre lágrimas, miradas de miedo y temor ante el futuro concluyó en Los Ángeles, California, la quinta audiencia convocada por una comisión nacional de nueve miembros -creada en septiembre del año pasado por el Sindicato Unido de Trabajadores Comerciales y de Alimentos (UFCW, por sus siglas en inglés)- que analiza el impacto que tienen las redadas ejecutadas por el gobierno federal contra inmigrantes indocumentados.Al igual que el procedimiento empleado en Washington D.C., Boston (Massachussets), Des Moines (Iowa) y Atlanta (Georgia), los comisionados –reunidos en el Centro de Conferencias del Cathedral Plaza, de la Arquidiócesis Católica de Los Ángeles-

publicidad

escucharon testimonios sobre los procedimientos empleados por los agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) de boca de inmigrantes, ciudadanos estadounidenses, expertos y abogados de inmigración.

También acudieron a la cita de Los Ángeles intercesores de inmigrantes y de grupos de derechos civiles, y líderes religiosos, quienes abogaron por la aprobación en el Congreso de una reforma migratoria que incluya una vía de legalización para los 12 millones de indocumentados, y la suspensión inmediata de las redadas ordenadas por el gobierno de Washington.

Esta ultima audiencia celebrada el martes, se enfocó en afectados en California y Arizona.

Testigos y víctimas de redadas

Varios trabajadores detenidos en las redadas presentaron sus testimonios ante la comisión que evalúa la conducta de las autoridades y determinar si se violaron los derechos de los arrestados.

Algunos afectados destacaron las irregularidades presentadas durante la redadas y los procesos posteriores. "A mí me arrestaron el 7 de febrero en la redada a la empresa Micro Solutions", relató a un corresponsal de la Agencia Española de Noticias, Efe, "María", quien pidió anonimato debido al proceso jurídico que enfrenta.

"En medio de gritos, nos separaron a los hombres de las mujeres para empezar a interrogarnos sobre nuestros nombres, de donde éramos y como habíamos entrado al país", explicó la empleada de la empresa ubicada en Van Nuys, al norte de Los Ángeles.

Ausencia de derechos

La mujer detalló que los funcionarios de inmigración, quienes se presentaron fuertemente armados, se los llevaron a un centro de detención del condado "y allí pasamos toda la noche sin poder dormir".

Para la trabajadora, que lleva varios años viviendo en Estados Unidos, la única opción que le ofrecieron fue colocarse un grillete electrónico y pagar una fianza de $1,500 para poder salir.

"Nos trataron mal y cometieron con nosotros muchas injusticias, negándose a reconocer nuestros derechos como seres humanos", declaró María, y señaló que cuando la dejaron salir con el grillete, eran las 11:30 de la noche y nadie la ayudó a buscar transporte.

Ciudadano de EU deportado

Uno de los testimonios presentados ante la comisión correspondió al de un hermano de Pedro Guzmán, un ciudadano estadounidense que fue deportado erróneamente a Tijuana en mayo de 2007 mientras cumplía una sentencia de 120 días por un delito menor en la cárcel Central de Hombres de Los Ángeles.

"Esperamos poder mostrar a la comunidad y al país lo malo que está ocurriendo con la ejecución de las leyes de inmigración", señaló Francisco Ugarte, abogado de la Red de Educación Legal de Inmigrantes de San Francisco, que representa a varios de los inmigrantes detenidos.

Ugarte espera que "todo esto lleve a conseguir leyes migratorias más racionales, que entiendan por qué existe la inmigración".

publicidad

Liberada, pero sin empleo

Otro de los casos fue el de Evangelina, quien trabajaba en la taquería El Balazo, en San Francisco, cuando fue detenida por agentes de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Las personas pidieron algo de comer y luego nos llamaron a todos diciéndonos que querían hablar con nosotros. Pensé que querían aclarar algo sobre un crimen, pero cuando nos dimos cuenta las puertas del restaurante estaban cerradas", contó a Efe esta madre indocumentada que mantiene a sus cuatro hijos.

Según relató Evangelina, su detención ocurrió el 2 de mayo de 2008 y desde entonces no ha podido volver a trabajar, lo que le ha creado una grave situación para el sustento de sus hijos, dos niñas y dos varones, de 20, 18, 14 y 12 años de edad.

Así, con el trabajo su hija mayor "estamos tratando de sobrevivir", contó la madre, quien durante más de 10 años había sido el único sustento de su hogar.

"Nunca había visto"

En sus intervenciones, los miembros la Comisión destacaron la importancia histórica de la inmigración y resaltaron cómo Estados Unidos ha sido siempre "una nación de los derechos humanos".

Para María Elena Durazo, Secretaria-Tesorera Ejecutiva de la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles, AFL-CIO y quien forma parte de la comisión, "se están cometiendo injusticias y abusos que yo en más de 30 años de ser activista nunca había visto".

publicidad

"Esto se está poniendo más y más peligroso para nuestras comunidades y el impacto ya no es sobre unos cuantos trabajadores detenidos, sino sobre muchas familias incluidos sus niños", agregó.

Otro de los puntos que se denunció en la audiencia fue la manera como las autoridades han arrestado incluso a ciudadanos estadounidenses y desconocido sus derechos.

La reforma migratoria

El cardenal de Los Angeles, Roger M. Mahony, quien al igua que Durazo forma parte de la comisión, renovó el compromiso de la Iglesia Católica en la defensa de los derechos de todas las personas sin importar su raza                     un llamado al gobierno y al Congreso estadounidense para que retomen el debate de la reforma migratoria y aprueben una ley que incluya la legalización.

Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Nacional de Comunidades Latino Americanas y Caribeñas (NALACC, en inglés), otro de los miembros de la comisión, destacó la necesidad respetar los derechos de los trabajadores inmigrantes y de hacer saber al país, las irregularidades que se están cometiendo.

Jessica, una adolescente hispana de 14 años de edad que cerró la serie de cinco audiencias, dijo: "Pensé que el mundo se había acabado en ese momento".  La menor de edad recordó ante los comisionados el encuentro con su madre, detenida el 7 de febrero por agentes del ICE en su trabajo, Micro Solutions Enterprises, en Van Nuys, Los Angeles.

publicidad

Protegieron identidades

En las cinco audiencias no se revelaron los apellidos de los inmigrantes que testificaron debido a que están involucrados en demandas pendientes, explicó Joe Hansen, presidente de la Comisión Sobre Mala Conducta y Violaciones del ICE a la Cuarta Enmienda.

Dicha enmienda constitucional se refiere a la protección de los ciudadanos por pesquisas y detenciones arbitrarias.

"No sabía que hacer... no sabía que hacer", explicó Jessica mientras se enjugaba los ojos en un salón de la Catedral de Nuestra Señora de Los Angeles. "Aunque es mi madre, ella es prácticamente mi mejor amiga".

La comisión tiene previsto concluir un informe final en septiembre, el que será entregado al Congreso.

Agentes federales bailarines

La madre de Jessica, Magdalena, dijo que tras ser detenida en su trabajo junto con otros 137 trabajadores, fue llevada a un centro de detención, y fue allí donde una agente se puso a bailar enfrente de ella y otras cuatro detenidas.

"Para mí fue una ofensa ... fue como que se estaban burlando de lo que nos estaba pasando", apuntó. "No puede ser que ... se burlen de lo que nos pasa".

ICE desestimó las audiencias diciendo que ventilaban "alegatos sin base, cuestionables interpretaciones de la ley, y rumores escandalosos".

"El ICE realiza sus operativos en centros laborales de acuerdo con la ley, de manera profesional, y con gran consideración humanitaria", señaló la agencia en un comunicado de prensa.

publicidad

"Los agentes y funcionarios de ICE cumplen durante todos sus operativos con los procedimientos y políticas de la agencia", agregó.

La agencia migratoria explicó que el operativo realizado en el trabajo de Magdalena sigue bajo investigación.

El informe de La Raza

El tema de los abusos por parte de los agentes federales durante las redadas de inmigración estalló a finales de octubre del año pasado cuando el Consejo Nacional de La Raza (NCLR, el mayor grupo hispano de Estados Unidos) y The Urban Institute publicaron un detallado informe en el que revelaron que más de 500 niños víctimas de redadas en Colorado, Nebraska y Massachussets entre 2005 y 2006 "padecen trastornos mentales serios, condiciones de pobreza y desarraigo familiar", y culpó al Congreso por estos daños que calificó de "irreparables".

El documento subrayó que los niños afectados por las redadas del servicio de inmigración "no son inmigrantes, sino ciudadanos estadounidenses con plenos derechos", y advirtió que otros tres millones podrían correr la misma suerte en corto plazo.

La denuncia, plasmada en el informe titulado Pagando el Precio: El Impacto de las Redadas de Inmigración Sobre los Niños en Estados Unidos, reveló los horrores que han vivido familias víctimas de leyes antiinmigrantes, donde los grandes damnificados son los más pequeños de la sociedad.

publicidad

La Raza dijo que el error cometido por el Congreso causó daño a los niños tras el fracaso del debate de la reforma migratoria, y resaltó la incapacidad del organismo legislativo de lograr una solución al problema que plantean 12 millones de inmigrantes sin papeles en el país.

Los más afectados

De acuerdo con el informe de 2007, las redadas del servicio de inmigración ejecutadas entre 2006 y 2007 han causado serios daños a unos 500 niños estadounidenses, y otros 3 millones, hijos de inmigrantes indocumentados, corren la misma suerte, además de violar los derechos de trabajadores con ciudadanía de Estados Unidos.

El estudio mostró además el drama humano detrás de cada detención y se centró en los menores porque, dijo La Raza, "la sociedad debe velar por ellos, especialmente cuando son ciudadanos estadounidenses y Estados Unidos es su hogar".

"Los niños afectados por las detenciones merecen toda la atención de la sociedad, sobre todo su estabilidad emocional, financiera y afectiva", dice el documento.

Daños a largo plazo

En la denuncia de 2007, La Raza reportó que muchos padres detenidos en redadas del ICE están siendo deportados pocos días después de su detención, y que las familias hicieron arreglos para intentar que el padre regresara a Estados Unidos.

Otros padres fueron detenidos durante meses y sólo los liberaron después de pagar una fianza (en algunos casos de $10 mil o más). Pero no todos fueron liberados antes de proceder a su deportación.

publicidad

Durante la época en que estos padres fueron detenidos, sus hijos y otros miembros de la familia reconocieron importantes dificultades, incluida la dificultad para hacer frente a las consecuencias económicas y el estrés psicológico causado por la detención.

Las dificultades han aumentado con el tiempo, ya que las familias de escasos ahorros y fondos, y que vivían del trabajo diario, ya agotaron las reservas.

Escondidos y con miedo

La Raza y el Urban Institute también apuntaron que algunas organizaciones consiguieron fondos para asistir a familias durante uno o dos meses, pero los arrestos generalmente duraron dos a tres meses, y en algunos casos los trabajadores padres de familia permanecieron arrestados cinco o seis meses.

Otros fueron puestos en libertad, pero esperaron hasta que el último de los detenidos compareciera ante un juez para liberarlos, tiempo durante el cual no pudieron trabajar.

El aumento de las difíciles condiciones de vida entre las familias se extendieron, se agravaron y las redes familiares necesitaron más recursos, porque adquirieron cada vez más y más responsabilidades para cuidar de los niños de padres detenidos.

Después de la detención o desaparición de sus padres, los niños han experimentado sentimientos de abandono y mostraron síntomas de traumas emocionales, coacción psicológica y problemas de salud mental, dijo La Raza, y exigió al Congreso retomar el debate migratorio y aprobar una ley que incluya una vía de legalización para los millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

publicidad


publicidad
Contenido Patrocinado
En alianza con:
publicidad
publicidad