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Pena de muerte

El futuro de la pena de muerte, ¿reforma o abolición?

Dos medidas opuestas, una a favor y otra en contra de la pena de muerte, se enfrentarán en las urnas el próximo mes de noviembre en California, estado donde la población está dividida respecto a la ejecución de presos, aunque unos y otros coinciden en que el sistema, tal y como está, es ineficiente y excesivamente caro.
17 May 2016 – 10:27 AM EDT

LOS ÁNGELES, California.- El futuro de la pena de muerte en California pasará en noviembre por las urnas, donde todo apunta a que los electores tendrán que pronunciarse sobre dos iniciativas enfrentadas. Por un lado, se propondrá su abolición como método de castigo; por otro, se planteará una reforma para acelerar las ejecuciones.

Los partidarios de ambas medidas confirmaron a Univision Los Ángeles que han conseguido el número de firmas suficientes -en torno a 600,000- para someter a referéndum sus proyectos legislativos. Las rúbricas tendrán ahora que ser verificadas los respectivos condados antes de que se haga oficial su inclusión en las papeletas de votación, algo que podría ocurrir a mitad del mes de junio.

La Constitución de California requiere que al menos 365,880 firmas válidas para que una iniciativa popular se vote en unas elecciones.

“Nos sentimos muy seguros de que tenemos suficientes firmas”, comentó el vocero de la campaña por la reforma de la pena de muerte (“Death Penalty Reform and Savings Act”) en la que se exige que se cumplan con las sentencias y se ponga fin a la vida de los presos en el corredor de la muerte. Actualmente hay más de 740 reclusos pendientes de ejecutar en California, el estado de EEUU con mayor población carcelaria en esas situación, según la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte (NAACP). En el país hay 31 estados que permiten la pena de muerte.

De la horca a la inyección letal

California aprobó la pena capital en 1851 y hasta 1942 se aplicó el método del ahorcamiento, aunque ya en 1938 la soga empezó a ser sustituida por la cámara de gas en la cárcel de San Quintín (donde está el corredor de la muerte para hombres). Entre 1967 y 1992 no se llevaron a cabo estas sentencias debido a diferentes recursos legales.


En 1972, las cortes californianas decretaron que este tipo de castigo era cruel y se conmutaron las sentencias a morir por cadena perpetua. Fue así que Charles Manson, el conocido líder de la secta "La Familia" que sembró el terror en Los Ángeles en la década de 1960 (fue condenado por planear 7 asesinatos que ejecutaron sus seguidores) y otros 106 reclusos salieron del corredor de la muerte.

Leslie Van Houten, que fue sentenciada a la cámara de gas ser la autora confesa de dos homicidios bajo la dirección de Manson, podría llegar a salir en libertad condicional después de que un comité penitenciario se pronunciara en abril a favor de esa medida, que tendrá que ser autorizada en última instancia por el gobernador Jerry Brown.

En 1978, los votantes aprobaron el regreso de las ejecuciones, aunque no se llevaría ninguna a cabo hasta 1992, la de Robert Alton Harris, condenado por secuestrar y matar a dos adolescentes. Él sería el último en fallecer en la cámara de gas. Un año después se impuso la inyección letal.

Ese método fue cuestionado por someter al preso a un sufrimiento innecesario y desde 2006 se suspendieron las ejecuciones mientras se revisa cómo mejorar el sistema. Este proceso aún está lejos de clarificarse. Hasta el pasado mes de enero no terminó el período inicial para que los ciudadanos pudieran exponer su opinión sobre este asunto al Departamento de Correccionales de California.

En último reo en morir por inyección letal en California fue Clarence Ray Allen (17 de enero de 2006), un hombre de 76 años, invidente y parcialmente sordo que necesitaba una silla de ruedas para desplazarse. Había sido sentenciado en 1982 por un triple homicidio ocurrido en 1980. Desde entonces más de 50 presos han fallecido en el corredor de la muerte, la mayoría por causas naturales. Una docena de ellos cometió suicidio.

Cuestión moral

“El sistema está roto, no funciona”, aseguró Quintin Mecke, uno de los encargados de llevar la campaña por el fin de la pena capital en California, “Justice That Works”.

“Cuesta 150 millones al año, no supone un cierre (emocional) para las familias de las víctimas y es una cuestión moral. Hay estudios que dicen que un 4 por ciento de los presos en el corredor de la muerte son inocentes”, manifestó Mecke, que apuesta por la sustitución de las ejecuciones por cadenas perpetuas.

Flint y su equipo coinciden con Mecke a la hora de describir el sistema como fallido, pero creen que el problema no son las muertes de los presos, si no la falta de ellas. Consideran que la lentitud del de los procesos legales posterga excesivamente el cumplimiento de las sentencias y supone un coste millonario para los contribuyentes. Ray Allen fue ejecutado 24 años después de recibir sentencia.

Ambas campañas reclaman que los reclusos trabajen durante su estancia en prisión para indemnizar a los familiares de las víctimas y las dos aseguran que su medida supondrá un gran ahorro. Más de 1,000 millones de dólares, según los abolicionistas, y decenas de millones, según los reformistas.

“Va a ser una votación reñida”, comentó Flint. La última encuesta realizada sobre la pena de muerte en California por Field Research Corporation (The Field Poll), y publicada el 15 de enero de este año, indicó que un 48% de los electores quiere que se aceleren las sentencias, mientras que un 47% dijo que prefiere terminar con la pena capital. Esos datos contrastan con los de 2014, cuando un 52% se mostró favorable a las ejecuciones.

La última vez que los californianos fueron preguntados por la pena de muerte en unos comicios (noviembre de 2012), un 53% apoyó seguir manteniendo este castigo.

Este martes 17 de mayo, los impulsores de ambas iniciativas electorales exponen sus argumentos al comité de seguridad pública de la Asamblea y el Senado de California.

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