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Orden Especial 40

Orden Especial 40

Un juez escuchó argumentos para desestimar una demanda que trata de limitar la implementación de la Orden Especial 40.

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Juez prometió decisión pronta

LOS ÁNGELES, California – Un juez escuchó el martes argumentos en el caso de una demanda que busca repeler una antigua directiva que le prohíbe a los oficiales de la policía angelina indagar el estatus migratorio de las personas que arrestan, pero aún no emitió un fallo.

El juez de la Corte Superior de Los Ángeles Rolf M. Treu consideró la petición de la ciudad y de la Unión Americana de Libertades Civiles para desestimar la demanda en base a que no existen casos enjuiciables.

Treu indicó que estudiará el caso y que espera emitir un fallo "en el futuro muy cercano".

Harold P. Sturgeon, un residente de Los Ángeles, entabló la demanda en mayo de 2006 contra el jefe de la Policía William J. Bratton y los miembros de la Comisión Policial, buscando eliminar la llamada Orden Especial 40.

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En documento de la corte, los abogados de Sturgeon se refieren a la órden como "una política de 'ni preguntes, ni digas' para inmigrantes ilegales".

Sturgeon está solicitando la emisión de un requerimiento judicial permanente para prevenir que el dinero de los contribuyentes se use para hacer cumplir la orden. Junto con otros críticos de la directiva, Sturgeon sostiene que el mandato establecido por el concejo angelino hace 28 años obstaculiza la habilidad del LAPD para intercambiar información con los oficiales federales de inmigración.

La intención de la orden es evitar que los inmigrantes indocumentados teman el reportar crímenes o ayudar a la Policía.

En documentos de corte, abogados de la procuraduría angelina sostienen que la directiva no le impide al LAPD trabajar de manera cercana con oficiales de los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

"No hay evidencia... que muestre que ICE se haya quejado alguna vez de que no hay suficiente ayuda por parte del LAPD, o que el LAPD no se haya presentado al ser llamado", rezan los documentos presentados ante la corte.

ACLU optimista

En tanto, los abogados de la ACLU mantienen que la Orden Especial 40 es consistente con la ley federal.

Héctor O. Villagra, abogado de la ACLU, dijo sentirse animado tras la audiencia por las preguntas de Treu, muchas de las cuales se enfocaron en posibles conflictos de ley y si Sturgeon cree que la orden como tal es inconstitucional, o sólo cuando se aplica en ciertas instancias.

El abogado de Sturgeon, Paul J. Orfanedes, mantiene que la orden constituye un uso inadecuado de los impuestos que pagan los residentes. También mantiene que la orden está siendo aplicada de forma más amplia de la que el texto permite.

En septiembre de 2006, Treu falló que cuatro grupos que dan asistencia a los indocumentados podrían intervenir en el caso y desde entonces, están trabajando con la procuraduría para defender la Orden Especial 40.

La ACLU está representando a los cuatro grupos: Break the Cycle, Los Jornaleros, el Comité de Jornaleros y el Instituto de Educación Popular del Sur de California.

El año pasado, el concejo de Los Ángeles se pronuncio contra cualquier legislación federal futura que obligara al LAPD cambiar su política para identificar a inmigrantes indocumentados.

El sobre el tema volvió a cobrar vida este año cuando Jamiel Shaw Jr., una estrella estudiantil de futbol americano fue asesinado, presuntamente por un pandillero conocido que estaba ilegalmente en el país. El sospechoso, Pedro Espinoza, tuvo que ser liberado de prisión un día después de crimen.

La Orden Especial 40 no aplicó en ese caso porque el arresto original de Espinoza se realizó en las afueras de la ciudad de Los Ángeles y fue detenido en una cárcel del condado de Los Ángeles.

Sin embargo, la muerte motivó al concejal Dennos Zinne introducir una moción para enmendar la directriz para permitirle a la policía investigar el estatus migratorio de miembros de pandillas que consideren que pueden estar en el país ilegalmente, independientemente si son o no sospechosos de algún crimen.

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