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En México se sigue practicando la tortura

Gobierno mexicano atenderá resolución de la ONU en caso de torturas de militares

Gobierno mexicano atenderá resolución de la ONU en caso de torturas de militares

México acordó instalar una mesa de trabajo para atender una resolución del Comité de Tortura de la ONU sobre la responsabilidad del Estado en la tortura.

En México se sigue practicando la tortura
En México se sigue practicando la tortura

El Gobierno de México acordó este sábado instalar una mesa de trabajo para atender una resolución del Comité de Tortura de la ONU sobre la responsabilidad del Estado en la tortura, detención arbitraria, arraigo, uso indebido de la jurisdicción militar y negligencia en pesquisas de un caso de 2009.

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El suceso implica a Ramiro Ramírez Martínez y Rodrigo Ramírez Martínez, así como a Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez, arrestados en el estado de Baja California, noroeste del país, en junio de 2009.

Los cuatro fueron detenidos por militares encapuchados en Tijuana y Rosarito en dos acciones distintas.

"Las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) informan que se acordó la instalación de una mesa de trabajo ad hoc", detallaron las dependencias en un boletín conjunto.

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Dicha mesa estará integrada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz , y el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Betanzos.

Además del director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Jose Guevara, así como la abogada Mayra López, representantes de los detenidos y María Luisa Bascur, de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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Esta resolución, que es consistente con la Recomendación 33/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), insta a las autoridades mexicanas a la liberación de los cuatro acusados, quienes actualmente se encuentran en una prisión de Tepic, estado de Nayarit, acusados por secuestro, agregó el escrito.

Además, pide "iniciar una investigación exhaustiva sobre la tortura a la que fueron sometidos y procesar, juzgar y castigar a los responsables. Conceder a las víctimas una plena reparación del daño, así como su rehabilitación".

Finalmente exhorta a eliminar la figura de arraigo y ajustar el Código de Justicia Militar en términos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado tiene 90 días para enviar información al Comité de la ONU sobre toda medida adoptada para atender la resolución.

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El viernes se inició la colaboración de la Comisión Nacional de Seguridad de México, a través del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para atender la situación de cada uno de los internos, detalló el boletín.

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Tres organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron en marzo de 2012 una interposición ante el Comité contra la Tortura de la ONU por este caso.

Alegaron que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) arrestó sin orden judicial alguna, torturó y mantuvo aislados a los cuatro en viviendas particulares antes de llevarlos, 96 horas después de los hechos, a dependencias militares y presentar cargos contra ellos por presunta delincuencia organizada.

Se trató del primer caso particular contra el Estado mexicano que se presentaba ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, dijeron las ONG.

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