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Kaibiles guatemaltecos.

Juicio inédito a militares en Guatemala

Juicio inédito a militares en Guatemala

Por primera vez en la historia de Guatemala cuatro militares retirados serán sentados en el banquillo para que respondan por la matanza de 252 campesinos en 1982.

Kaibiles guatemaltecos.
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Por masacre de 250 campesinos

GUATEMALA - Por primera vez en la historia de Guatemala cuatro militares retirados serán sentados en el banquillo el lunes para que respondan por la matanza de 252 campesinos en 1982, en una de las más brutales masacres perpetradas por el Ejército durante la guerra civil (1960-1996).

Los inculpados, que están detenidos, son juzgados acusados de responsabilidad en la 'masacre de las Dos Erres', cometida en la aldea de ese nombre en el norte del país. Se trata del teniente Carlos Antonio Carías y los subinstructores Manuel Pop, Daniel Martínez y Reyes Collin.

"El juicio es una luz para la lucha contra la impunidad en Guatemala, porque esta masacre es una de las más cruentas barbaries cometidas por los militares durante la guerra", dijo Aura Elena Farfán, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, querellante en la causa, a la AFP.

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El juicio es necesario aunque evoque amargos recuerdos a las familias de las víctimas, porque "si no se abren las heridas todo se va a quedar en la impunidad", agregó.

En este proceso se podrá llegar "a conocer la verdad de los hechos porque los familiares de las víctimas exigen justicia", añadió.

El juicio en el Tribunal Primero de Alto Riesgo de la capital comienza después de 17 años de una batalla legal debido a unos 45 recursos interpuestos por los abogados de los militares.

Ex kaibiles

Oral y público, el juicio será el primero contra ex militares, aunque es el segundo por una masacre, pues hace cuatro años fueron sentenciados seis ex paramilitares por la matanza de decenas de indígenas en la aldea Río Negro, Rabinal, también en el norte del país.

Los cuatro oficiales están acusados de haber integrado el grupo de 40 militares de la unidad especial Kaibil, que entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, luego de torturar y violar a niños y mujeres, asesinaron a 252 habitantes de la aldea Dos Erres, en el departamento de Petén, 600 km al norte de la capital.

Hasta ahora han sido detenidos ocho sospechosos por la masacre, de un total de 18 a quienes un tribunal ordenó detener. El resto no ha sido identificado.

Además de los oficiales juzgados, los otros cuatro detenidos por la matanza --que serían llevados a juicio próximamente-- son los ex kaibiles Pedro Pimentel, deportado desde Estados Unidos el 12 de julio; Gilberto Jordán y Santos López, presos en ese país; y Jorge Vinicio Sosa, capturado en Canadá.

Otros dos sindicados de la matanza ya murieron, y otros ocho están prófugos.

La masacre fue cometida durante la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-1983), y hasta el momento han sido recuperadas 223 osamentas, incluidas 113 de niños, precisó Farfán.

"La apertura a juicio es fundamental porque se están abriendo espacios para que estos hechos no queden en el olvido y el silencio", dijo el director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Mario Minera, a la AFP.

'Horror y terror con Dos Erres'

La masacre en esa época provocó una serie de protestas pacíficas en el país, bajo el lema "Horror y terror se escribe con 'Dos Erres'".

Aunque la matanza fue perpetrada en 1982, la investigación se inició en 1994 cuando fue descubierto un cementerio clandestino y se inició un proceso de exhumación en una fosa en la que un equipo de forenses argentinos localizó 162 osamentas.

Entre los testigos claves del juicio figuran dos personas que -siendo niños en aquel entonces- sobrevivieron a la masacre. Uno de aquellos niños fue registrado como hijo propio por uno de los victimarios, el teniente Carías. Luego de vivir 20 años con su familia adoptiva, relató su tragedia y la abandonó.

Ante los pocos avances, en el año 2000 se presentó una denuncia contra Guatemala ante el Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, que ordenó reabrir el caso y juzgar a los responsables.

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Una 'Comisión de la Verdad' auspiciada por la ONU documentó 669 masacres, de las cuales 626 fueron atribuidas a fuerzas del Estado.

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