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La ex senadora colombiana Piedad Córdoba.

Fiscalía colombiana creó grupo especial por amenazas a ex senadora

Fiscalía colombiana creó grupo especial por amenazas a ex senadora

La fiscalía de Colombia formó un grupo especial para investigar la "grave" denuncia sobre un atentado contra Piedad Córdoba.

La ex senadora colombiana Piedad Córdoba.
La ex senadora colombiana Piedad Córdoba.

Investigarán si Piedad Córdoba corre peligro

BOGOTÁ, Colombia - La fiscalía de Colombia formó un grupo especial para investigar la "grave" denuncia sobre un inminente atentado contra la ex senadora Piedad Córdoba, mediadora en la liberación de rehenes de las FARC, informó el jueves el fiscal general, Eduardo Montealegre.

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"Se integró un grupo especial del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) que está investigando los graves hechos denunciados por la ex senadora y el parlamentario Iván Cepeda", dijo Montealegre a la emisora RCN radio.

Cepeda, que es miembro del movimiento civil Colombianos y Colombianas por la Paz que lidera Córdoba, reveló el miércoles a la prensa que tiene "información muy puntual sobre una operación" para atentar contra la ex senadora en los próximos días.

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El mismo miércoles, Córdoba y Cepeda presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y fueron recibidos por Montealegre, quien también prefirió no revelar detalles del caso.

Toman en serio amenazas

"No los puedo decir por razones de reserva de la investigación" pero "una amenaza de esta naturaleza tiene que ser tomada muy en serio", dijo el fiscal, quien señaló que la denuncia se basa en el testimonio de Cepeda.

Ya en agosto la ex senadora había salido de Colombia por un tiempo breve debido a amenazas de muerte.

Desde 2008, Córdoba ha mediado en la liberación de 30 secuestrados de la guerrilla comunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en algunas ocasiones junto con el presidente venezolano, Hugo Chávez.

Córdoba fue destituida de su asiento en el Senado a fines de 2010, luego de ser sancionada con inhabilidad política por 18 años por la Procuraduría (justicia disciplinaria), que consideró que se había extralimitado en sus funciones como mediadora ante las FARC.

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