Arrestos

Gobierno de Duterte arresta a la periodista más crítica de Filipinas y luego la libera

“El mensaje es claro. Es un abuso de poder y el uso de la ley como arma (…) Es persecución política”, señaló Maria Ressa tras su liberación. Aún enfrenta cinco acusaciones de evasión fiscal que ella niega.
14 Feb 2019 – 6:07 PM EST

Después de pasar una noche bajo custodia policial y pagar una fianza equivalente a 1,900 dólares, la prestigiosa periodista Maria Ressa, directora del medio digital Rappler, muy crítico con el gobierno de Rodrigo Duterte, fue liberada por la policía filipina.

La detención de Ressa el miércoles por “difamación cibernética” por un artículo publicado en mayo de 2012 ha causado conmoción mundial. Diversos organismos que defienden la libertad de prensa condenaron el hecho. Se trata de la sexta vez que paga una fianza en tres meses, aunque las anteriores se relacionan con delitos de evasión fiscal. Ella ha negado tales acusaciones.

“El mensaje es claro. Es un abuso de poder y el uso de la ley como arma (…) Es persecución política”, señaló Ressa tras su liberación. “Debemos expresar indignación. La libertad de prensa no es solo sobre periodistas, sobre mí o Rappler, es la base de todos los derechos de los filipinos, derecho a la verdad”, agregó.

Rappler es un diario digital y alternativo en Filipinas. Sus investigaciones periodísticas han logrado posicionarlo como uno de los más influyentes de ese país del sureste asiático. El equipo de Ressa ha destapado varios escándalos que han golpeado el gobierno de Duterte. Lo que más ha sacudido al ejecutivo filipino son las denuncias hechas sobre la polémica contra las drogas, política que ha dejado hasta 2018 más de 7,000 muertos.

El Departamento de Justicia filipino presentó cargos de difamación cibernética en contra de Ressa, como directora de Rappler, y contra el periodista Reynaldo Santos, autor de un reportaje publicado en mayo de 2012 sobre Wilfredo Keng, un poderoso empresario con negocios en Filipinas y China.

La investigación vinculaba a Keng con el tráfico de drogas y la trata de personas.

Keng presentó la querella en octubre de 2017, cinco años después de la publicación del texto. La División de Delitos Cibernéticos de la Oficina Nacional de Investigación desestimó el caso en febrero de 2018, considerando que ya había pasado el plazo de un año para presentar una demanda por difamación, pero el Departamento de Justicia lo reabrió sobre la base de la “publicación continua", ya que el reportaje seguía en la red.

Los abogados de Rappler alegan irregularidades en los cargos imputados a Ressa, ya que se sustentan sobre la “Ley de Delitos Cibernéticos”. La normativa entró en vigor cuatro meses después de la publicación del artículo sin carácter retroactivo.

Ressa fue nombrada persona del año por la revista Time en 2018, y es considerada el “azote” del presidente Duterte, polémico por sus declaraciones incendiarias que atentan contra los derechos humanos, de acuerdo a diversos organismos.


El Comité de Protección de Periodistas (CPJ) protestó de inmediato por la detención de la reconocida periodista. En noviembre de 2018, el organismo envió una carta abierta al fiscal general de Filipinas, Richard Anthony Fadullon, pidiéndole que detuviera la persecución legal contra Rappler y Ressa.

En ese mismo mes, el CPJ otorgó su Premio a la Libertad de Prensa Gwen Ifill 2018 a Ressa, exreportera de la CNN, durante su ceremonia anual del Premio Internacional a la Libertad de Prensa celebrada en Nueva York.

La Unión de Periodistas de Filipinas también condenó la detención. Los reporteros de ese país catalogaron el caso “como otro intento de intimidar a la prensa independiente por parte de un presidente con aversión al disenso y la crítica”.

Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras, consideró que esta detención no se trata de un asunto judicial, sino de un intento de amordazar a un medio y a una editora reconocida internacionalmente.

Por su parte, el portavoz presidencial Salvador Panelo negó que la mano del mandatario esté detrás del caso y aseguró que “la libertad de expresión, pese a lo que los críticos de esta administración sugieren erróneamente, no tiene nada que ver con el hecho de que Ressa haya violado las leyes del país”.

Ressa aún espera de acudir a juicio por cinco delitos de evasión de impuestos por los cuales enfrenta una pena máxima de diez años de cárcel. El gobierno la acusa de no cumplir sus obligaciones fiscales por una millonaria operación financiera por parte de Rappler, aunque ella y su defensa legal aseguran que tales cargos son "motivados políticamente".

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