José Carrión III: el hombre que debe sacar a Puerto Rico de su abismo fiscal
GUAYNABO, Puerto Rico.- La Junta de Control Fiscal, un grupo de ocho personas creado para afrontar la crisis económica de Puerto Rico, nombró como su presidente a José Carrión III, un experto en seguros y actual presidente de una correduría con oficinas en San Juan y en el estado de Florida.
Carrión, quien tiene fuertes vínculos con el partido Republicano de EEUU y ha figurado entre los principales recaudadores de fondos para republicandos del Congreso, es cuñado del comisionado residente Pedro Pierluisi. Además, sirve en la junta del Banco Popular y está a cargo de la empresa HUB International CLC.
Tras la primera reunión de la junta federal en Nueva York, Carrión pidió a los puertorriqueños que “tengan paciencia” con el grupo fiscal, que intentará hacerse cargo del futuro económico de Puerto Rico hasta que su gobierno apruebe cuatro presupuestos equilibrados corridos.
Junto al boricua estuvieron presentes en el auditorio del Alexander Hamilton U.S. Custom House los otros miembros de la junta: Carlos García, José Ramón González, Ana Matosantos, Andrew Biggs, David Skeel y Arthur González, además del representante del gobernador en la junta, Richard Ravitch.
“Esto es un proceso bipartita en Washington y Puerto Rico”, explicó Carrión el viernes. “Sectores amplios de la sociedad señalaron que había una necesidad de la junta”.
La junta, creada tras la aprobación de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (Promesa) en el congreso estadounidense, tendrá poderes amplios a la hora de enderezar las finanzas de la isla, entre ellos la habilidad de anular proyectos de ley, obligar al Gobierno a vender activos, eliminar o amalgamar agencias públicas y despedir empleados gubernamentales.
“Estamos empezando nuestro trabajo”, dijo Carrión sobre la junta el viernes. “Estamos moviéndonos lo mas rápido posible. Nos conocimos hace 20 días. Estamos montando el aparato, que conlleva mucho esfuerzo y trabajo”.
Sobre el cambio de gobierno en noviembre, Carrión indicó que “la manera en que está diseñada la ley es que necesitamos un socio para trabajar. Debemos tener mucha deferencia con Puerto Rico. Esperamos trabajar con gobernador entrante”.
También aseguró que no se ha escogido al futuro director ejecutivo de la junta de control fiscal. “Hemos recibido varios resumés de muchas personas interesadas de Puerto Rico”, agregó.
La agenda de la primera reunión de la junto incluyó—además de la elección de Carrión como presidente—la adopción de un reglamento interno, la determinación inicial de entidades públicas sujetas a la ley Promesa y un pedido al gobernador a entregar reportes semanales sobre las finanzas de la isla. La próxima reunión está pautada para mediados de octubre, y otra se dará en Puerto Rico a mediados de noviembre.
En su primer encuentro, la junta tomó formalmente el control fiscal de corporaciones y agencias públicas, entre ellas la Autoridad Energía Eléctrica (AEE), Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El encuentro de la JSF provocó manifestacionesen Nueva York y en San Juan, donde la Policía detuvo a cinco personas.
Cuando se aprobó la ley Promesa, Puerto Rico llevaba sumido en una recesión económica desde 2006, con una deuda de unos 68,000 millones de dólares (con un Producto Interno Bruto de unos 102,000 millones) y un déficit de 50,439 millones de dólares. La isla lleva a cuestas un sistema de pensiones quebrado, según datos del más reciente reporte financiero del Gobierno.
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