Junta de Control Fiscal

Estos son los siete integrantes de la junta de control fiscal para Puerto Rico

Nombrada por Obama, la junta trabajará a puerta cerrada para que la isla logre mayor responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de deuda.
31 Ago 2016 – 11:47 AM EDT

Las caras detrás de la junta de control fiscal para Puerto Rico

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La Casa Blanca presentó este miércoles a una nueva junta de control fiscal para Puerto Rico, un grupo que tomará control de las finanzas de la isla y supervisará los presupuestos del gobierno para lidiar con su crisis económica.

Los siete integrantes de la junta fueron revelados en un comunicado del presidente Obama, mientras algunos protestaban en la isla contra los poderes que tendrá la junta sobre el territorio estadounidense.

A continuación, cinco datos básicos sobre la junta:

¿Quiénes son?

La Junta de Supervisión Financiera y Administración tendrá siete integrantes:

  • Carlos García: Un puertorriqueño de Mayagüez que fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento entre 2009 y 2011. Fue uno de los propulsores y ejecutor del plan de austeridad de la administración del exgobernador Luis Fortuño y la conocida Ley 7 bajo la cual el gobierno eliminó decenas de miles de puestos públicos. Además, como presidente del BGF supervisó y autorizó la emisión de parte de la deuda que la isla acarrea hoy día. Actualmente es director de BayBoston Managers LLC, una firma de capital de riesgo que fundó en 2013.
  • José Carrión III: Criado en la isla, Carrión es presidente de HUB International CLC, una correduría de seguros con oficinas en San Juan y en el estado de Florida. Es cuñado del comisionado residente Pedro Pierluisi. Además, sirve en la junta del Banco Popular.
  • Andrew Briggs: Trabaja en el American Enterprise Institute en Washington, donde se enfoca en temas de pensiones, reforma de Seguro Social y beneficios a empleados públicos. Sus ideas son de alineación ideológica conservadora y es fiel creyente en que la edad de retiro debe aumentarse.
  • David A. Skeel Jr.: Profesor de ley corporativa en University of Pennsylvania. Además, es autor de varios libros sobre reformas financieras y es de los pocos que practica lo que se conoce como "estudio legal cristiano".
  • Arthur J. González: Fungió como juez en la corte de bancarrota de Estados Unidos en el distrito sur de Nueva York por casi dos décadas. Tras retirarse, ahora se dedica a dar clases sobre las leyes de bancarrota en la escuela de derecho de NYU. El exjuez González es sumamente reconocido por haber trabajado tres de los casos de quibras más notorios en la historia de los Estados Unidos: Enron, WorldCom, y la reestructuración Chrysler.
  • José Ramón González: Nacido en San Juan, González es presidente del Federal Home Loan Bank of New York, uno de 11 en Estados Unidos que proveen dinero a los prestamistas. Presidió el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo la administración de Rafael Hernández Colón por lo que cuenta con experiencia en finanzas políticas y públicas.
  • Ana J. Matosantos: Esta puertorriqueña tiene su propia consultoría y fue directora del Departamento de Finanzas del estado de California entre 2009 y 2013 y Jefa Directora Adjunta de Presupuestos de 2008 a 2009. Fungió como consultora en el Senado de California para el Comité Senatorial de Salud y Servicios Humanos y también como consultor de servicios humanos de la Comisión del Senado de Presupuesto y Revisión Fiscal.

"Con una amplia gama de habilidades y experiencias, estos funcionarios tienen la amplitud y profundidad de conocimiento necesarias para resolver este reto tan complejo y poner el futuro de las personas de Puerto Rico por encima de todo", dijo Obama en el comunicado.
El gobernador de Puerto Rico también integrará la junta como miembro exoficio, sin derecho al voto.

¿Por qué fue creada?

La junta es producto de la Ley de Administración, Supervisión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), un proyecto federal aprobado en junio que busca permitir a Puerto Rico reestructurar su deuda de casi 70,000 millones de dólares.

Puerto Rico, un territorio no incorporado de Estados Unidos, está sumido en una recesión económica desde el 2006, y tiene una deuda de unos 68,000 millones de dólares (con un Producto Interno Bruto de unos 102,000 millones).

¿Quién los escogió?

Cuatro de los integrantes de la junta fueron escogidos por Obama de una lista elaborada por la mayoría republicana en el Congreso, según el texto de la ley federal. Otros dos surgen de una lista compuesta por la minoría demócrata en ambas cámaras, y uno último fue escogido por el mismo presidente.

¿Cuándo empiezan a trabajar?

La junta, cuyo nombre oficial bajo la ley Promesa es Junta de Supervisión Financiera y Administración, comienza ejercer sus funciones a partir del 1ro de septiembre. Esta trabajará a puerta cerrada por al menos cuatro años para que Puerto Rico logre responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de deuda.

¿Qué responsabilidades tienen?

La junta tiene la potestad de "prevenir la ejecución" de leyes, regulaciones y contratos a nivel local que vayan en contra de sus iniciativas económicas para la isla, y tiene además la responsabilidad de aprobar o rechazar los presupuestos del gobierno durante el próximo cuatrienio.

Los siete miembros de la junta deberán entregar antes de que finalice el 2016 un informe sugiriendo cambios a aquellas leyes y programas que, según ellos, afecten el desarrollo de la isla. También pide la designación de un coordinador que detecte proyectos de infraestructura que alienten el crecimiento económico. La Junta tomará decisiones sobre gastos de nómina. Puede someter recomendaciones sobre las estructuras de las agencias y “colocar controles en gastos en personal”, así como deberá "congelar futuras contrataciones".

Al igual que los demás estados y territorios de Estados Unidos, Puerto Rico no puede acogerse a la ley federal de bancarrota. Las municipalidades y empresas de servicios públicos que están en el territorio continental sí pueden declararse en quiebra, pero no así las que están en la isla. La iniciativa de ley no dará plena autoridad a la isla para declararse en quiebra, pero da a la junta de control autoridad supervisora sobre negociaciones con acreedores y las cortes para reducir parte de la deuda.

Además, se le autorizaría a Puerto Rico reducir temporalmente los requerimientos del salario mínimo federal para algunos empleados jóvenes, menores de 25 años, pero esa autorización perdería vigencia una vez que concluya la supervisión de la junta.

“La junta estará hasta que haya cuatro presupuestos equilibrados consecutivos, y hasta que Puerto Rico pueda volver al mercado de valores con intereses razonables”, explicó hace unos meses a Univision Noticias el abogado y analista económico John Mudd.

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