Un proyecto de ley bipartidista pide protección temporal para los venezolanos que huyen de la crisis de su país
Una comisión bipartidista de senadores presentó este jueves un proyecto de ley que busca que los venezolanos que huyen de la crisis en su país puedan ser protegidos de la deportación a través de un Estatus de Protección Temporal (TPS).
"Venezuela está sobreviviendo a una crisis económica, humanitaria, de seguridad y refugiados, con una extrema escasez de comida y medicinas, una severa malnutrición en los niños, un crimen rampante y un gobierno que apoya la represión", plantean los senadores demócratas Bob Menendez, Dick Durbin y Patrick Leahy y el republicano Marco Rubio en el texto. Ellos aseguran que la crisis que vive el país sudamericano impone "condiciones extraordinarias y temporales que impiden que los ciudadanos de Venezuela puedan regresar y estar a salvo".
Según Menéndez, la crisis del país está "creando una conmoción que impacta a toda la región".
"La concesión de esta protección brindará una solución temporal a muchos venezolanos que temen regresar a su país de origen debido a la crisis actual y las condiciones extremadamente difíciles", agregó Rubio.
Por eso, piden que se permita a los venezolanos ser elegibles para un TPS por un periodo de 18 meses, que comiencen desde el mismo momento en que se apruebe la el texto.
Para poder optar, proponen, los venezolanos tienen que estar presentes en Estados Unidos en el momento en que se promulgue la ley. Si se aprobara, los beneficiarios del TPS solo podrían salir del país con la aprobación del secretario de Seguridad Nacional y, a su regreso, deben ser tratados como cualquier otro extranjero.
Para ilustrar la crisis económica que potencia en parte la huída, los senadores presentan cifras de 2016 que atribuyen al Ministerio de Salud de Venezuela y que hablan de un aumento de 30% en la mortalidad infantil y 65% en la materna. Aseguran además que la tasa de homicidios alcanza los 89 por cada 100,000 habitantes, citando a la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, que sistematiza los datos a partir de lo que publica la prensa ante la falta de información oficial.
Argumentan que los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad del Estado "han usado cada vez más los arrestos arbitrarios y las detenciones para reprimir e intimidar a la sociedad civil, a los opositores políticos y a las voces disidentes". Y en ese marco, señalan que entre 2015 y 2017, al menos 505 personas —entre ellos 24 niños— fueron "ejecutados por las fuerzas de seguridad venezolanas", lo que ha llevado a la Corte Criminal Internacional a anunciar el inicio de investigaciones preliminares por el uso excesivo de la fuerza de parte de las autoridades en ese país.
Una fuente demócrata en el Congreso dijo a Univision Noticias que, aunque no tienen certeza de que el mandatario firme la ley, podría ser "un vehículo ideal para su agenda" de hacer frente a la crisis venezolana.
Explicó que el texto ha sido negociado por algún tiempo y que hay "un gran número de oficinas " en el Capitolio que han manifestado su apoyo a la propuesta. "Los republicanos controlan la agenda en el pleno del Senado, y el futuro del proyecto queda en sus manos en esta cámara. Los demócratas están por retomar el poder en la Cámara de Representantes y me atrevería a decir que este proyecto de ley tiene un buen futuro de ese lado", aseguró.
El proyecto tendría que ser aprobado con celeridad en las próximas semanas antes de que se renueve el Congreso a principios de enero, algo que en principio no parece muy factible. De no suceder, debería ser presentado nuevamente para su discusión.
El origen del TPS
El Congreso de Estados Unidos creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año. El programa concede estatus legal temporal a extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen debido a un conflicto armado, una guerra civil, huracanes, terremotos u otros desastres naturales.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede designar a una nación el beneficio del TPS debido a que “las condiciones en dicho país que impiden a los ciudadanos del país regresar a su país temporalmente de manera segura”.
El TPS no garantiza un estatus de residente permanente legal, pero garantiza a los beneficiarios no ser removidos de Estados Unidos, obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) y poder acceder a una autorización de viaje.
Sin embargo, no se espera que el gobierno de Donald Trump dé apoyo a esta medida, sobre todo luego de que intentó acabar con el Estatus de Protección Temporal que protegía a más de 300,000 inmigrantes originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. Por ahora, un juez bloqueó la decisión al considerar que podría causar "un daño irreparable" a sus beneficiarios.
"Es una vía humanitaria"
Adriana Kostencki, presidenta de la organización Asociación Venezolano-Estadounidense de Abogados (Venambar, por sus siglas en inglés) aplaudió en declaraciones a Univision Noticias la iniciativa bipartidista para evitar que los venezolanos que están en el país sin un estatus migratorio se vean obligados a regresar a un país.
“Trump y la Casa Blanca están sumamente preocupados. Están al tanto de la situación en Venezuela”, afirmó Kostencki quien considera que el TPS podría ser “una vía humanitaria para ayudar al país en este momento”.
La presidenta de Venambar no cree que el hecho de que el gobierno haya decidido cancelar el TPS a otros países afecte a una eventual aprobación de esta protección para los venezolanos.
“Venezuela nunca ha tenido TPS. Sería la primera vez que se le otorgaría este beneficio”, justificó Kostencki.
El año pasado, Venambar solicitó al presidente Donald Trump y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional dar a los venezolanos el TPS debido a la crisis política, la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y “la incapacidad del gobierno de velar por la seguridad de los emigrados si regresan”.
Hace dos años, la organización estimaba que una medida así podría proteger de la deportación a 800,000 venezolanos y, si bien no tienen números actualizados, creen que el número probablemente haya crecido debido, entre otras cosas, a las solicitudes de asilo que han sido denegadas.
