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La nueva política de deportaciones del gobierno de Obama podría detener unas 300 mil expulsiones, pero los beneficiarios no pueden solicitar legalizar sus permanencias en Estados Unidos.

Revisión de miles de casos de deportación demorará meses

Revisión de miles de casos de deportación demorará meses

El gobierno federal espera poder terminar la revisión de unos 300 mil casos de deportación pendientes indocumentados de aquí al final del verano.

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La nueva política de deportaciones del gobierno de Obama podría detener unas 300 mil expulsiones, pero los beneficiarios no pueden solicitar legalizar sus permanencias en Estados Unidos.

Los inmigrantes favorecidos se quedan en Estados Unidos, pero sin derecho a legalizar sus permanencias

WASHINGTON - El gobierno federal espera poder terminar la revisión de unos 300 mil casos de deportación pendientes de inmigrantes indocumentados de aquí al final del verano (boreal), declararon el viernes funcionarios del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

"Esperamos tener (la revisión de) los casos pendientes completada en los próximos meses, con suerte a final del verano", explicó Seth Grossman, vice consejero general del DHS, en un evento sobre la nueva política de deportación estadounidense.

"Queremos proceder lo más rápido posible, pero de forma inteligente, para asegurarnos que la revisión es efectiva", añadió el funcionario en el centro Instituto de Política Migratoria.

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El anuncio de revisiones

El 18 de agosto del año pasado el gobierno anunció su intención de aplazar, por tiempo indefinido, la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El DHS advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

De inmediato la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió a la población indocumentada que la medida adoptada por el gobierno -y que afecta la política de deportaciones- no se trataba de una “amnistía", y recomendó estar atentos a posibles estafas por parte de tramitadores o notarios que realizan gestiones no autorizadas.

Posibles beneficiados

John Morton, director de la Oficina de Aduanas y Control Frinterizo (ICE), la agencia encargada de ejecutar las deportaciones, dijo en agosto que el gobierno aplazaría por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El gobierno también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

Pero AILA apuntó que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.

Consulte un abogado

AILA añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración, y que por nada se pongan en contacto con las autoridades de inmigración, porque "pueden ser arrestados y puestos en proceso de deportación".

"Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos", subrayó AILA.

En el caso de los notarios o tramitadores migratorios, AILA dijo que se debe "tener cuidado" y advirtió que el anuncio en el cambio de política sobre deportaciones se pueden generar situaciones de estafas y diversos otros tipos de fraudes notariales que afectan severamente a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.

En Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de indocumentados, según datos del DHS y del Pew Hispanic Center (un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios). Unos 300 mil de ellos, que tienen órdenes de deportación reunirían los requisitos para que una corte de inmigración revise sus casos.

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No se trata de una "amnistía"

El anuncio del 18 de agosto "no se trata de un programa de amnistía, no otorga estatus legal de permanencia a ningún indocumentado y los extranjeros sin papeles no deben inscribirse en las oficinas del servicio de inmigración para calificar a algún tipo de beneficio", dijo AILA.

La Asociación reiteró además que el anuncio del ICE de agosto no proporciona ninguna vía para que los indocumentados presenten una solicitud de autorización de empleo (permiso de trabajo) ni tampoco representa una nueva forma para quedarse legalmente en Estados Unidos.

La medida solamente aplica o afecta a aquellos casos que ya están en el sistema (de las cortes de inmigración), tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes criminales, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes (unos 300 mil) obstruyen los procesos.

En cuanto a solicitudes para presentar un caso, AILA dijo que "no hay no hay ningún formulario" y tampoco “ninguna cuota que pagar”, y que el gobierno irá dando a conocer las formas en cómo se deberá proceder.

Programas pilotos

El DHS cerró en enero dos programas piloto de revisión en las ciudades de Denver y Baltimore de unos 11,800 casos, de los cuales poco más del 10% (unos 1,500) quedaron provisionalmente exentos de expulsión.

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Esos indocumentados tampoco pueden, por el momento, trabajar ni pedir la legalización. Sus casos quedan sobreseídos temporalmente.

"Los números son muy, muy bajos porque la mayoría de las personas entran dentro de los criterios de aplicación (de la deportación)", explicó Jim Stolley, director de operaciones legales de la Agencia de Aduanas e Inmigración (ICE).

El gobierno del presidente Barack Obama asegura que no es posible deportar a la totalidad de los 11 millones de extranjeros indocumentados que viven en el país, y que las restricciones presupuestarias sólo permiten sacar del país a unos 400 mil indocumentados, por lo que hay que acordar prioridades.

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