publicidad

Redada masiva culminó con 2,900 arrestos en todo el país

Redada masiva culminó con 2,900 arrestos en todo el país

Al menos 2,900 indocumentados fueron arrestados durante una redada masiva en 50 estados.

La operación duró una semana y abarcó los 50 estados

WASHINGTON " Al menos 2,900 inmigrantes indocumentados fueron arrestados durante una redada masiva desarrollada en los 50 estados, dijo la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) en un comunicado.

Los 2,901 inmigrantes detenidos tenían antecedentes criminales, agregó la agencia. La batida duró una semana.

Los arrestos fueron ejecutados en el marco de la operación “Cross Check” (Verificación). Además de cubrir los 50 estados abarcó territorios de ultramar, dijo ICE.

El director de ICE, John Morton, dijo que la operación subraya el compromiso de la agencia de centrar sus operaciones en la detención y expulsión de extranjeros con antecedentes criminales.

La masiva redada que duró siete días fue la más grande en su tipo, dijo ICE. La agencia agregó que en la operación participaron 1,900 agentes federales y 24 unidades u oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), además de policías estatales y municipales.

Cambio de política

La masiva redada se produce seis semanas después de que el gobierno del presidente Barack Obama anunció un cambio en la política de deportaciones y aseguró que el esfuerzo de su administración estaba centrado en indocumentados con antecedentes criminales serios.

El 18 de agosto ICE hizo pública su intención de aplazar por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

publicidad

El gobierno también advirtió que la medida era discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

Pero la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) apuntó que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.

AILA advirtió a la población inmigrante sin papeles que la medida adoptada por el gobierno y que afecta la política de deportaciones "no se trata de una amnistía", y recomendó estar atentos a posibles estafas por parte de tramitadores o notarios que realizan trámites no autorizados.

Añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración estadounidense, y que por nada se ponga en contacto con las autoridades de inmigración, porque "puede ser arrestado y puesto en proceso de deportación".

Detalles de la batida

Según ICE, los 2,901 extranjeros arrestados durante el desarrollo de la operación “Cross Check” tenían antecedentes. “Al menos 1,282 extranjeros contaban con varios antecedentes penales y más de 1,600 de los arrestados tenía condenas por delitos graves tales como homicidio, intento de asesinato, secuestro, robo a mano armada, tráfico de drogas, abuso de menores, delitos sexuales contra menores y asalto agravado”, detalla el reporte.

Añade el informe que del total de los 2,901 extranjeros arrestados durante la batida, 42 eran miembros de pandillas y 151 habían recibido condenas por delitos sexuales.

Otros 681 arrestados eran fugitivos de inmigración que tenían una orden de deportación vigente que no habían cumplido, y 386 habían sido deportados previamente pero habían regresado al país sin autorización, hecho que se convierte en un delito grave que puede ser castigado con una pena máxima de hasta 20 años de cárcel.

En la lista de detenidos por ICE figura el inmigrante Virgilio López-Ruiz, de 54 años, originario de República Dominicana y quien residía en el Bronx, Nueva York. López recibió en 1988 una sentencia de cárcel por intento de asesinato en segundo grado.

Otro de los arrestados fue identificado como José Gallardo, de 51 años, nacional de México y residente en North Hollywood, California. El 21 de marzo de 1996 fue condenado por el delito de secuestro de un niño menor de 14 años de edad y disparos a una vivienda ocupada. Fue deportado y luego regresó a Estados Unidos sin autorización.

En la lista también figuran Roberto Hackett-Baquie, de 54 años y originario de Panamña, quien el 26 de marzo de 2008 recibió una condena por abuso de menores, y Euford Brown, de 60 años originario de Jamaica, quien el 2 de abril de 1986 fue condenado por el delito de violación.

publicidad

El DHS dijo que la primera redada dentro del operativo “Cross Check” se ejecutó en diciembre de 2009 y que desde entonces ha realizado batidas en 37 estados. Esta es la primera que se ejecuta en todo el país, incluyendo cuatro territorios de ultramar.

Critican las redadas

La operación “Cross Check” recibió fuertes críticas en la costa oeste de Estados Unidos. “De manera irónica, pues felicidades a la máquina de deportación más efectiva de los últimos años en Estados Unidos”, dijo a Univision.com Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Angeles, California (CHIRLA). “La administración Obama, usando a los matones de ICE, continúan logrando la deportación de de la familia inmigrante y eso es reprochable”.

El activista agregó que “nos pueden decir que todos (los arrestados) son criminales, pero hasta que yo no tenga las cifras en mi mano que describan a cada uno de esos supuestos criminales, voy a continuar diciendo que es una máquina de deportación tan efectiva que es una forma más de criminalizar al inmigrante, para que nos traguemos la idea de que está bien deportarlos de nuestro país”.

CHIRLA junto a varias otras decenas de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos han protestado contra la política de deportaciones del gobierno de Obama. Insistentemente han dicho que entre seis a siete de cada 10 individuos arrestados por ICE no tienen antecedentes graves que los convierta en una amenaza para la seguridad nacional.

publicidad

“El presidente Obama tiene la autoridad ejecutiva para frenar esta situación tan inhumana y tan trágica y tan costosa”, dijo Cabrera. “Él tiene esta autoridad y todavía puede ejercerla. Nos piden que paciencia, pero cómo le decimos a las familias de los deportados que tengan paciencia. El presidente debe hacer algo y debe hacerlo de manera urgente”, precisó.

Deportaciones récord

Durante los dos primeros años de la administración Obama (2009-2010) el DHS arrestó y deportó a casi un millón de inmigrantes indocumentados.

Según ICE, la mayoría de los expulsados tenía antecedentes criminales graves y sostiene que mantendrá esa política.

“Por el debate que hemos tenido, la gente de la comunidad inmigrante no tiene objeción cuando se trata de buscar y deportar a personas con antecedentes criminales y que representan una amenaza de algún respecto a la paz en nuestras comunidades”, dijo a Univision.com Juan Vega, coordinador del Servicio de Inmigración del Centro Latino de Chelsea en Boston, Massachusetts. “Pero siempre y cuando la información que están utilizando esté correcta”.

“Me preocupa que cuando se dan redadas de esta forma, como la anunciada hoy por ICE, la mayoría de la gente no tiene antecedentes criminales. Hay que asegurar que sea así, que la totalidad de los detenidos tenga antecedentes criminales graves”, agregó.

publicidad

A finales de julio el propio Obama aseguró en una carta que le envió al legislador demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, que el 51% de los inmigrantes deportados por ICE en el año fiscal 2010 tenía antecedentes delictivos.

Gutiérrez y otros 22 congresistas le pidieron al mandatario, el 22 de julio, que frenara las deportaciones. Obama reconoció que las expulsiones generaban descontento entre la comunidad hispana y advirtió que la prioridad de su gobierno era la “seguridad pública”, y que las deportaciones de quienes la amenacen continuarán.

“Nosotros queremos ver una acción ejecutiva”, dijo Cabrera. “Que le de algún tipo de beneficio a inmigrantes que no tienen delitos y que son la  mayoría de los 11 millones de indocumentados que trabajan, pagan sus impuestos”, concluyó.

publicidad
Contenido Patrocinado
En alianza con:
publicidad
publicidad