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La SB1070 de Arizona puso en la mirilla a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y aceleró el debate de leyes similares en al menos 20 otros estados del país.

Organizaciones aplauden fallo que mantiene suspensión de partes polémicas de la SB1070

Organizaciones aplauden fallo que mantiene suspensión de partes polémicas de la SB1070

Contentos pero temerosos. Estas dos palabras resumen la reacción de la comunidad inmigrante al fallo emitido el lunes por una Corte de Apelaciones que mantuvo suspendidas temporalmente las partes más duras de la polémica ley SB10970.

La SB1070 de Arizona puso en la mirilla a millones de inmigrantes indocu...
La SB1070 de Arizona puso en la mirilla a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y aceleró el debate de leyes similares en al menos 20 otros estados del país.

Organizaciones advierten que el futuro de la reforma migratoria se encuentra muy lejos

Contentos pero temerosos. Estas dos palabras resumen la reacción de la comunidad inmigrante al fallo emitido el lunes por una Corte de Apelaciones que mantuvo suspendidas temporalmente las partes más duras de la polémica ley SB10970 de Arizona.

Promulgada el 23 de abril del año pasado, la legislación, entre otras disposiciones, criminalizó la estadía indocumentada y otorgó poderes extraordinarios a las agencias de policía estatal y municipal para que sus agentes exijan papeles a individuos detenidos en cumplimiento de cualquier otra ley vigente en el Estado. También prohibió transportar a indocumentados, y a los jornaleros pedir empleo en la vía pública.

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Criticada por organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, la SB1070 fue demandada por el Departamento de Justicia bajo el argumento de que un estado no puede regular un tema que por ley le corresponde al gobierno federal -en este caso la inmigración-, y porque viola principios básicos de la carta de los derechos humanos y de la Constitución.

Los abogados de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, insisten en que el gobierno federal no ha cumplido su papel en controlar la inmigración ilegal, obligando al estado a tomar decisiones.

El primer golpe

El 28 de julio, un día antes de que entrara en vigor, la jueza federal Susan Bolton suspendió algunas de las controversiales medidas. De inmediato el estado de Arizona demandó la decisión, pero este lunes un tribunal de apelaciones de San Francisco, California,  confirmó el primer dictamen y ordenó mantener la suspensión de los puntos hasta que se emita un fallo definitivo en el juicio entablado por el gobierno federal.

"Creemos que (el juez federal) no abusó de su poder al suspender varias disposiciones" de la ley, escribieron los jueces en su decisión del lunes. "En consecuencia, confirmamos el primer mandato de la corte ordenando la suspensión de esas disposiciones".

Para Omar Jadwat, abogado de la Unión de Derechos Civiles (ACLU), el fallo confirmatorio de la suspensión temporal emitido por la corte de Apelaciones del Noveno Circuito "envía un mensaje muy claro a Arizona y a todos los estados que quisieran inspirarse (en este ejemplo): es inconstitucional", de acuerdo con un reporte de la Agencia Francesa de Noticias (AFP).

A su vez, Eliseo Medina, vice-presidente del Sindicato de Empleados y Servicios (SEIU), refirió que el fallo "es un llamado para que Arizona revoque su ley de inmigración" y un "tirón de orejas" para el resto de estados que insisten en aprobar una ley similar.

Clina antiinmigrante

Tras la promulgación de la SB1070 cobró fuerza un clima antiinmigrante que puso en la mirilla a los 11 millones de indocumentados que viven en el país. En al menos 20 estados se debaten o redactan leyes similares y el gobierno fortaleció su política de deportaciones, aunque enfatiza que sólo afecta a los inmigrantes que tienen órdenes de deportación o antecedentes criminales.

En los dos primeros años de administración del presidente Barack Obama (2009-2010) al menos 1 millón de extranjeros han sido deportados y la cifra sigue aumentando, según denunciaron activistas. “Y de ellos al menos siete de cada 10 no tenía antecedentes criminales y no constituían una amenaza para la seguridad de nuestro país”; reiteró Jorge-Mario Cabrera, director de Comunicaciones de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

Vanessa Cárdenas, directora de Progress 2050, un programa del Center for American Progress, en Washington DC, comentó que el fallo “confirmó tres cosas: que el gobierno del presidente Obama tiene razón en cuanto a que Arizona está superponiendo sus propias leyes por encima de la ley federal, que la ley de Arizona tiene efectos perjudiciales en asuntos exteriores de Estados Unidos y que las policías locales no tienen autoridad inherente para hacer cumplir las leyes migratorias”.

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“Los jueces federales reconocen que la ley migratoria es función del gobierno federal de Estados Unidos y que la ley de Arizona es inconstitucional, porque se pone por encima de la ley federal de inmigración”, recalcó la activista.

En cuanto al alcance del fallo y sus repercusiones sobre la vigencia del programa 287(g), que faculta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alcanzar acuerdos con agencias locales de policía para perseguir la inmigración indocumentada, Cárdenas dijo que “obligará al gobierno a revisar esos contratos”, pero que la gran diferencia entre el plan activado en 2003 en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 radica en que “Arizona obligó a los policías a fungir como agentes federales migratorios y otorgó a los ciudadanos el poder para demandarlos en caso que los agentes no cumplieran con esta obligación”.

La Raza complacida

El Consejo Nacional de La Raza (NCLR), una de las principales organizaciones hispanas de Estados Unidos, saludó la medida cautelar adoptada por el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones y dijo que "el fallo es una victoria para todos los estadounidenses".

"Leyes como la SB1070 son costosas, inconstitucionales e ineficaces, y que nos deja muy lejos de una solución a nuestro sistema de inmigración que se encuentra roto”, dijo Janet Murgía, presidenta de La Raza. "El fallo también una advertencia para los legisladores de otros estados que buscan seguir el camino equivocado de Arizona”, agregó.

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En cinco de los 20 estados que debaten leyes inspiradas, entre Florida y Alabama, los planes avanzan rápidamente sin que nada ni nadie pueda ponerles freno.

“Pero también muchos estados han dicho que no a imitadores de la ley de Arizona”, dijo Murgía. “Y un creciente grupo de organizaciones, activistas, empresarios, religiosos, abogados, grupos derechos civiles, sindicatos y líderes sociales nos hemos unido para rechazar estos planes inconstitucionales y costosos”.

La reforma migratoria

En similares términos reaccionó Juanita Valdez Cox, de la Unión de Trabajadores Campesinos en San Juan, Texas. “Estamos contentos con la decisión de la Corte, pero a la vez queremos que ningún estado debe de tratar el problema de la inmigración como lo hizo Arizona. Esto es trabajo del gobierno federal”. Y advirtió que los imitadores de los pasos de Arizona “se van a ver en las Cortes y van a tener que gastar mucho dinero en defender leyes inconstitucionales”.

“Los promotores de este tipo de iniciativas no deberían incurrir en este tipo de gastos ahora que la economía está frágil. No deben hacerlo. Son estados caprichosos que quieren deshacerse de los inmigrantes y no aceptan que la solución del problema pasa por el gobierno federal y por el Congreso. La ley de Arizona no es la solución. La solución se encuentra en la reforma migratoria comprensiva”, apuntó.

Pero la reforma migratoria no figura, por ahora, en la lista de debates del Congreso.

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“El 2011 se mira terriblemente difícil para la aprobación de una ley que permita legalizar a los 11 millones de indocumentados que viven en nuestro país”, dijo Cárdenas. “Pienso que no vamos a ver nada en concreto a corto plazo. La comunidad inmigrante está contra la pared. Y al mismo tiempo es inaceptable ver el número de deportaciones que se viene registrando en los dos últimos años, desde que asumió el presidente Obama”.

Promesa incumplida

En 2008, durante la campaña presidencial, Obama prometió que empujaría una reforma migratoria en el primer año de su mandato. Pero los debates de las guerras en Afganistán e Irak, la crisis económica y la reforma de salud, entre otros temas, postergaron la discusión. A esto se sumó el rechazo a la firma de un acuerdo bipartidista en el Congreso para garantizar un voto favorable en ambas cámaras del legislativo.

“Es lamentable que no se haya cumplido la promesas que se hizo, es inexcusable”, subrayó Cárdenas. “A corto plazo quizás veamos algunas medidas administrativas que agilicen procesos migratorios, la aprobación de leyes como las del Dream Act en algunos estados, pero nada positivo para la mayoría de los inmigrantes. No creo que los partidos estén dispuestos, por ahora, a invertir una gran cantidad de capital político”.

Ali Noorani, Director Ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración (NIF), apuntó que los líderes de los estados en vez de favorecer la aprobación de leyes como las de Arizona, “deberían centrar sus energías en presionar al gobierno federal para resolver la crisis a través de una reforma migratoria integral”.

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“Es el Congreso y sólo el Congreso quien tiene el poder de regular la inmigración en Estados Unidos”, dijo Ben Johnson, director ejecutivo del American Immigration Council.

Debate truncado

En los últimos seis años el legislativo estadounidense ha fracaso en al menos cinco ocasiones en el intento por aprobar una reforma migratoria.

En 2005 la Cámara aprobó un proyecto que criminalizó la estadía indocumentada y en 2006 el Senado aprobó una versión distinta que incluía una vía de legalización para millones de indocumentados. Pero ambas fueron desestimadas tras la cancelación del Comité de Conferencia que armonizaba los proyectos.

En 2007 hubo dos nuevos intentos que finalizaron de la misma manera. Y en 2008 el tema estuvo paralizado por la elección presidencial. En 2009 una comisión bipartidista encabezada por los senadores Charles Schumer (demócrata de Nueva York) y Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) redactaron un borrador que fue abandonado en marzo de 2010. Entre octubre y diciembre también se debatió un proyecto de Dream Act para legalizar la estadía de unos 850,000 jóvenes estudiantes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos siendo niños, pero al final de cuentas el Senado rechazó una versión que previamente había sido aprobada por la Cámara.

En febrero de este año Schumer y Graham confirmaron el retorno a conversaciones para revivir el proyecto de reforma comprensiva, bajo la advertencia de que la iniciativa no cuenta con el respaldo necesario para ser aprobaba, es decir, 218 votos en la Cámara de Representantes (controlada por los republicanos) y 60 en el Senado (donde los demócratas tienen 54 de los 100 asientos).

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A pesar del oscuro panorama, Cárdenas dijo que no pierde las esperanzas. “No podemos esconder a 11 millones de personas por tanto tiempo. Hay que aceptar una reforma migratoria comprensiva. Toda esta espera ha causado muchos problemas a los estados y mucho dolor y sufrimiento en nuestra comunidad. Hay que presionar al gobierno federal, no hay que bajar la guardia. No nos podemos rendir”, concluyó.

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