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Los agentes de ICE, a la espera de la orden final para implementar la deportación expedita

El exsecretario de Seguridad Nacional, John Kelly, emitió el pasado febrero una orden para extender los poderes de la expulsión acelerada de indocumentados más allá de la zona fronteriza, usando una sección de la ley de inmigración vigente desde 1996.
17 Nov 2017 – 05:42 AM EST
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Los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) esperan la orden final para implementar la deportación expedita, que negaría el derecho de comparecer ante un juez de inmigración a los indocumentados que no puedan demostrar que llevan más de 90 días en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) confirmó a Univision Noticias que el secretario de esa dependencia federal está analizando la ampliación a nivel nacional de una política que, por ahora, se aplica no más allá de 100 millas de la frontera.

Jorge Cabrera, vocero de la organización CHIRLA, teme que, si el DHS pone en vigor dicha implementación, la medida otorgaría "mucho poder a los agentes de inmigración para decidir quién ha vivido aquí 90 días y quien no".


El inmigrante Jorge Ramírez expresó en declararaciones a Univision Noticias la preocupación de la comunidad ante la posibilidad de que los agentes de ICE emprendan campañas de detención masiva que afecten también a aquellos indocumentados que llevan más de tres meses en suelo estadounidense y no tengan forma de probarlo.

"Uno entra en pánico", lamentó Ramírez.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca John Kelly, quien anteriormente fue secretario de Seguridad Nacional, expidió el pasado febrero una orden para extender los poderes de la deportación expedita más allá de la zona fronteriza, usando una sección de la ley de inmigración vigente desde 1996.

El abogado de inmigración, Alex Gálvez, explica que, aunque este proceso queda estipulado en la ley de 1996, "una persona que es detenida tiene derecho a salir con fianza, pelear su caso mientras que está libre", por lo que considera que su puesta en práctica incurririría en una violación de derechos.

El abogado considera que las autoridades pueden emplear esta norma como medida de presión para los indocumentados.

Sin embargo, el pasado 25 de enero, cuando el presidente Donald Trump firmó las órdenes ejecutivas sobre el muro fronterizo y las ciudades santuario, decretó el fin de la políticas 'catch and realese' (detener y liberar, en español), decisión que afecta severamente a las puestas en libertad bajo fianza de sin papeles.


"Creo que lo van a utilizar como una táctica para convencer a un detenido que firme su deportación y eso es una violación de derechos constitucionales", dijo Gálvez.

La agencia federal no ha confirmado, por ahora, si ampliará esta política ni cuándo.

Los analistas creen que pue se trata de una respuesta política para aplacar las críticas que está recibiendo el presidente Donald Trump por un sector más radical que opina que el mandatario no ha cumplido con su promesa de deportar a los indocumentados.

Según la nueva norma aprobada a principio de año, los detenidos que no puedan demostrar que llevan más de 90 días en Estados Unidos, no tendrán derecho a ser presentados ante una corte de inmigración para que un juez decida sus permanencias en el país, y serán expulsados casi de inmediato.

Hasta ahora las deportaciones expeditas sólo afectan a extranjeros sin papeles que llevan menos de 14 días en el país y entraron de manera indocumentada.

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