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Jueza federal celebró primera audiencia por la SB 1070 sin dictámen

Jueza federal celebró primera audiencia por la SB 1070 sin dictámen

Jueza federal presidió audiencia sobre la SB 1070, no emitió dictámen y se prepara para segunda ronda el martes en Phoenix.

Cara a cara

PHOENIX, Arizona - Trece días antes de su entrada en vigor, la polémica ley de Arizona ( SB 1070 y HB 2162) fue evaluada por primera vez el jueves por una jueza federal en Phoenix, quien escuchó a detractores y defensores de la normativa que criminaliza a los indocumentados y que debería entrar en vigor el próximo 29 de julio.

Al término del proceso la jueza Susan Bolton no dictó sentencia y el martes presidirá otra audiencia para ventilar una demanda presentada por el Departamento de Justicia.

Los abogados de ambas partes se encontraron en la Corte Federal del noveno distrito ante Bolton, que escuchó los primeros argumentos de una de las siete demandas contra la polémica legislación promulgada el 23 de abril y que es rechazada por policías, activistas de derechos civiles e incluso el gobierno federal de Washington DC.

La ley SB 1070, aprobada por el Congreso estatal, declara, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la inmigración indocumentada como un delito estatal.

La normativa establece que la policía local (estatal y municipal) puede confirmar el estado migratorio de aquellos individuos sospechosos de estar en el país sin documentos migratorios si fueron detenidos por cualquier otra ley vigente en el estado, y castigar a quienes se hayan contactado con ellos.

Férrea defensa

Los abogados que representan a la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, pidieron el abandono de las demandas y defendieron la ley, mientras la jueza Bolton analizó y escuchó a la defensa del policía de Phoenix, David Salgado, de origen latino, que busca la suspensión de la ley SB 1070.

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El abogado del policía Salgado, Stephen G. Montoya, alegó que los oficiales en Phoenix y otras áreas del estado tendrán dificultades para interpretar la ley, la que además -dijo- otorga a Arizona un poder que es prerrogativa del estado federal, con las leyes de inmigración ya vigentes en todo el país.

Para Montoya, la ley viola tanto la normativa de inmigración federal como la Constitución estadounidense.

¿Qué opina de las demandas entabladas contra la ley migratoria de Arizona? Comente aquí.

Una sola ley

"Nunca hemos tenido 50 leyes de inmigración", dijo Montoya, que pidió a la jueza Bolton prohíba la puesta en vigor de esta legislación en Arizona, donde viven unos dos millones de hispanos, 33% de origen extranjero.

Unos 460,000 son indocumentados, la mayoría latinoamericanos.

"No podemos tener cientos de leyes de inmigrantes. Vamos a tener cientos de leyes a menos que usted lo impida", dijo a la jueza el abogado del policía.

Después de la audiencia, John Bouma, el abogado privado contratado por Brewer para esta audiencia en una corte federal, dijo que la aplicación de la ley no dará lugar a acusaciones de discriminación racial por parte de la policía cuando entre en vigor el 29 de julio.

Conferencias de prensa

Afuera del Palacio de Justicia Sandra Day O'Connor, en el centro de Phoenix, tanto Bouma como Montoya contestaron algunas preguntas de los medios de comunicación mientras unos cincuenta manifestantes expresaban su oposición a la ley.

"Tenemos 15,000 oficiales de policía bien calificados que hacen esto todos los días", dijo Bouma asegurando que la ley será importante para el estado.

De su parte, el policía demandante, Salgado, de origen mexicano-estadounidense, dijo que quería explicar las razones que lo llevaron a presentar la demanda conjuntamente con las ciudades de Phoenix, Tucson, Flagstaff, y otros grupos civiles.

"No soy un político ni un activista, pero cuando se aprobó la ley tomé este paso porque sentí que era mi deber hacerlo", dijo Salgado a periodistas.

Proceso sigue

Tras la audiencia, la jueza Bolton no tomó una decisión en cuanto a si se debe impedir la aplicación de la ley a partir del 29 de julio o si se debe descartar la demanda, una de siete.

Otra audiencia para ventilar otras dos demandas, entre ellas una presentada por el gobierno federal de Washington DC, fue fijada para el martes. Bolton ha sido cuidadosa de no dar señales de hacia dónde inclinará su decisión.

En juego está algo más que el sólo decidir quién puede detener a inmigrantes indocumentados dentro de las fronteras de Estados Unidos. Si Bolton falla en favor del gobierno de Arizona, abrirá la puerta a que otros estados aborden temas que desde hace mucho tiempo han sido responsabilidad del gobierno federal.

Culpan al gobierno

Entre los argumentos esgrimidos el jueves, Bouma dijo que el estado no tiene por qué sufrir con el sistema inoperante de inmigración del país cuando cuenta con 15,000 policías que pueden arrestar a inmigrantes indocumentados.

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"Al simplemente dejar las cosas como están se está causando un daño económico al estado de Arizona, un daño irreparable todos los días", agregó.

También destacó los altos costos por la educación y los servicios de salud que se otorgan a los inmigrantes indocumentados.

Tema federal

Sin embargo, el permitir que Arizona aplique su propia ley de inmigración viola todas las decisiones judiciales que sostienen que sólo el gobierno federal tiene la potestad de controlar la inmigración, afirmó Montoya, el abogado de Salgado.

"El gobierno federal no desea este tipo de ayuda", afirmó.

Salgado es respaldado en la demanda contra la ley SB 1070 por el grupo estatal sin fines de lucro Chicanos Por La Causa.

Los simpatizantes de la legislación insisten que a los policías no se les permitiría cuestionar a algún sospechoso basándose únicamente en sus rasgos étnicos.

Estado dividido

Unas dos docenas de partidarios de la legislación, muchos vestidos en rojo, blanco y azul, sostenían carteles elogiando al comisario de policía Joe Arpaio, un partidario de la ofensiva contra los indocumentados. Uno de los carteles decía "Orgullo estadounidense".

A pocos metros de distancia, un grupo que se opone a la ley SB 1070 sostenía carteles pidiendo su rechazo. Ambos grupos competían entre ellos usando megáfonos.

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"Exigimos un mandato judicial. Exigimos una intervención federal", gritó la opositora Sandra Castro, de 22 años.

Tras la promulgación de la SB 1070, miles de inmigrantes tomaron la decisión de mudarse a otros estados para evitar ser arrestados y eventualmente ser puestos en proceso de deportación de Estados Unidos.

Otras prohibiciones

La ley de Arizona también advierte que:

  • Ninguna ciudad, estado, entidad del gobierno del condado puede adoptar una política que limite o restringa la ejecución de la inmigración federal.
  • En la ejecución de la ley, los agentes de policía local (estatal y municipal) podrán cuestionar o requerir a una persona sobre su estado migratorio sólo cuando exista "contacto legal", es decir cuando ocurra "una parada legal, detención o arresto" en la aplicación de cualquier otra ley u ordenanza de un condado, ciudad o pueblo del estado de Arizona.
  • Se convertirá en un delito menor de Clase 1 para alguien que, a sabiendas que es indocumentado, postule, solicite o realice un trabajo como contratista independiente o como empleado de una empresa.
  • Se convertirá en un delito menor de Clase 1 conducir, llevar, transportar u ocultar a alguien que es indocumentado.
  • Será ilegal inducir o alentar a alguien que es indocumentado para trasladarse en el territorio de Arizona.
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