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Jueza bloqueó plan para revisar licencias a inmigrantes

Jueza bloqueó plan para revisar licencias a inmigrantes

Una jueza estatal impidió que el gobierno de Nuevo México exija a algunos inmigrantes revalidar sus licencias de conducir y verificar si siguen viviendo en ese estado.

Medida de la gobernadora republicana Susana Martínez afectada a 10 mil extranjeros

SANTA FE, Nuevo México - Una jueza estatal impidió el miércoles que la administración de la gobernadora republicana, Susana Martínez, exija a algunos inmigrantes revalidar sus licencias de conducir y verificar si siguen viviendo en Nuevo México, reportó The Associated Press.

La jueza de distrito Sarah Singleton dictó una orden para suspender temporalmente el programa de verificación de licencias mientras el plan continúe impugnado en los tribunales.

La semana pasada la corte recibió una demanda contra el plan del gobierno estatal para revisar una muestra aleatoria de 10 mil titulares de carné de manejar de nacionalidad extranjera.

El objetivo era determinar el lugar de residencia de los portadores de los documentos.

Sólo tres estados

Nuevo México, Washington y Utah son los únicos estados donde, por ahora, un indocumentado puede obtener una licencia de manejar en Estados Unidos porque no es requisito mostrar una prueba de ciudadanía al momento de gestionar el documento.

Pero en Utah las licencias no se pueden usar como una forma válida de identificación emitida por el gobierno estatal.

Según el plan de verificación de residencia anunciado en agosto, el estado envió notificaciones a los residentes para que hagan citas a fin de presentarse en persona y llevar documentos de identidad, tales como recibos de luz o agua y un contrato de alquiler, que demuestren que viven en el estado.

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El gobierno tiene planes de cancelar las licencias de aquellos que recibieron la carta y no prueben que residen legalmente en el estado.

Por qué la batalla

El marzo se reportó que Nuevo México estaba fraguando una batalla política sobre si el estado debe continuar proporcionando licencias de conducir a inmigrantes sin papeles de estadía legal en Estados Unidos.

Una comisión del Senado rediseñó una iniciativa de ley aprobada por la cámara baja que detuvo esa práctica. El proyecto mantuvo los carné para indocumentados, pero estableció sanciones más fuertes por obtener una licencia de manera fraudulenta.

La gobernadora Martínez dijo que la medida del Senado era una simulación y aseveró que emitir licencias de manejo a inmigrantes indocumentados era un riesgo para la seguridad.

Pero otros señalaron que la política del estado permite a los inmigrantes indocumentados obtener seguros de automóvil y eso ayuda a reducir su temor a reportar delitos, un aspecto que han puntualizado decenas de jefes de policía en todo el país ante este tipo de medidas que, aseguran, han debilitado y roto las relaciones de confianza con una parte importante de la comunidad.

Victoria política

La primera semana de marzo la cámara baja de Nuevo México aprobó una propuesta para que el estado suspenda la entrega de licencias de conducir a los indocumentados.

La votación de 42-28 representó un triunfo para Martínez y para una coalición con mayoría republicana que logró revivir el proyecto legislativo que había sido suprimido por esa instancia, controlada por los demócratas.

En febrero los senadores rechazaron varias propuestas que planteaban eliminar la medida de entregar licencias a indocumentados que fue aplicada cuando el demócrata Bill Richardson gobernó el estado, fronterizo con México.

Un proyecto de ley del representante independiente Andy Núñez, prevé revocar una ley del 2003 que permitió la entrega de más de 80 mil licencias de conducir a extranjeros, incluyendo a quienes estaban ilegalmente en Estados Unidos.

Nadie conoce el número

Las autoridades de Nuevo México afirman que desconocen el número de licencias de manejo emitidas a indocumentados porque la condición migratoria no forma parte de los requisitos para obtener el carné de manejar.

Ocho demócratas avalaron el proyecto de Núñez, al igual que 33 republicanos, para derogar la ley de 2003.

Martínez ha dicho que las decisiones adoptadas en la Asamblea constituyen “la voz del pueblo de Nuevo México”.

Al debate sobre las licencias de manejo se sumó el 1 de febrero la orden que Martínez dio a la policía para que empiece a preguntar a las personas arrestadas por delitos sobre su situación inmigratoria. La orden ejecutiva rescindió una política instrumentada en 2005 por Richardson.

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La orden de Richardson prohibía a las fuerzas de seguridad estatal preguntar por la situación inmigratoria de una persona sólo para el propósito de determinar si el individuo violaba las leyes federales de inmigración.

Los argumentos de Martínez

La orden dada a la policía por Martínez les "libera las manos (…) en su misión de mantener seguras nuestras comunidades", dijo la gobernadora en una declaración.

"El sistema de justicia penal debe tener la autoridad para determinar la situación inmigratoria de todos los delincuentes, independientemente de raza o etnia y reportar a las autoridades federales a los inmigrantes indocumentados que cometan delitos", agregó.

Sin embargo, Martínez dijo que las fuerzas de seguridad de las agencias estatales no podían preguntar por la situación inmigratoria a las víctimas de delitos a los testigos de un delito o a quienes busquen asistencia policial.

Clima de miedo

La orden causó preocupación y rechazo por parte de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, quienes a nivel nacional presionan a la Administración del Presidente Barack Obama y al Congreso para que se debata y apruebe una reforma migratoria.

La reforma que reclaman debería incluir una vía de legalización para millones de indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos, carecen de antecedentes criminales, pagan impuestos y hablan inglés.

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Durante su campaña para alcanzar la gubernatura de Nuevo México, Martínez prometió que pondría fin a la emisión de licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.

El vocero de Martínez, Scott Darnell, dijo que la gobernadora tiene dos metas en materia de las licencias de conducir. "En primer lugar, quiere detener la práctica de emitir licencias de conducir a inmigrantes ilegales y, en segundo, apoya revocar las licencias a los inmigrantes ilegales que ya la han recibido".

Fue este segundo objetivo el que paralizó la jueza Sarah Singleton tras una demanda presentada por el Fondo Educativo y de Defensa Mexicano-Estadounidense.

La demanda de MALDEF

La demanda señala que el programa de certificación de licencias es ilegal porque discrimina a un segmento de la población: los extranjeros. La demanda afirma asimismo que la gobernadora carece del poder, sin la aprobación de la asamblea legislativa, para imponer que ciertas personas revaliden sus licencias de conducir, dijo The Associated Press.

David Urias, un abogado de Albuquerque que ayuda en el caso, dijo que el fallo de la jueza era importante, porque "protege los derechos de las personas a quienes el Departamento de Vehículos Motorizados les ha exigido que presenten documentos que prueben su identidad y su lugar de residencia, sin que el departamento tenga alguna evidencia de que esas personas hayan cometido alguna irregularidad".

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Scott Darnell, portavoz de la gobernadora, comentó que la orden judicial "era un procedimiento ordinario mientras el tribunal examina el programa de certificación de residencia".

"Ante la ausencia de una ley que ponga fin al programa que provee de licencias de conducir a inmigrantes que residen ilegalmente en el país, la gobernadora tiene la responsabilidad de identificar y tratar de impedir que se cometa un peligroso fraude y robo de identidad, algo que por lo general sucede", destacó Darnell en una declaración.

Marcela Díaz, del grupo defensor de inmigrantes, Somos Un Pueblo Unido, dijo en una declaración que el programa de verificación de licencias "no es nada más que una táctica intimidatoria y de amenaza a la gente, sin razón".

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