publicidad

Gobierno reveló nueva estrategia para detener a indocumentados con delitos

Gobierno reveló nueva estrategia para detener a indocumentados con delitos

Polémico programa de arrestos cuenta con nuevo reglamento para evitar que la policía cometa abusos contra los inmigrantes.

Una sola instrucción

WASHINGTON - Un programa incluido en los cambios a la ley de inmigración que aprobó el Congreso en 1996 y que fue activado bajo el gobierno del ex presidente George W. Bush tras los ataques terroristas del 2001, fue replanteado por la administración de Barack Obama.Su objetivo, resumió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es ubicar, detener y deportar a extranjeros con antecedentes criminales, entre ellos unos 540 mil con orden de deportación vigente. Pero con una importante diferencia: esta vez se procederá bajo un solo reglamento en los 50 estados del país.

De esta forma, se evitará que se cometan detenciones arbitrarias y se elimine el debido proceso a los extranjeros que permanecen indocumentados, permitiéndoles su día en corte tal y como lo señala la Constitución.

Hasta ahora el programa se desarrollaba en al menos 30 estados, pero en cada uno de ellos se procedía de manera diferente. A partir del jueves, el DHS dijo que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) había "estandarizado el memorando de entendimiento" (MOA) que se utiliza para ejecutar el programa.

De qué se trata

La Sección 287(g) faculta al DHS a establecer acuerdos con las policías locales (estatales y municipales) para que sus agentes actúen como agentes de inmigración y ayuden en la tarea de vigilar y controlar la inmigración indocumentada en Estados Unidos.

publicidad

A mediados de 2002, el entonces Secretario de Justicia, John Aschcroft (bajo cuyo mando se encontraba el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-), anunció que activaba la dormida sección y que además agregaba a la base de datos del National Crime Information Center (NCIC) los nombres de unos 640 mil indocumentados con orden final de deportación y que decidieron quedarse en Estados Unidos.

La permanencia indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, pero la violación de una orden final de deportación final es un crimen, según la ley.

¿Qué opina de los cambios hechos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)? Comente aquí.

Clima de inquietud

La decisión de activar la Sección 287(g), sin embargo, saltó las alarmas en decenas de agencias locales de policía que advirtieron en la medida una amenaza que puede echar por tierra el trabajo acumulado durante más de 30 años con comunidades de inmigrantes para combatir el crimen.

Tal fue el caso del Community Policing Consortium, una asociación de organizaciones nacionales de policía, que dijo por4 primera vez en 2003 que el plan del gobierno federal amenaza con romper la confianza establecida entre la policía y los ciudadanos.

La entidad afirmó en varias ocasiones que la relación construida con años de esfuerzo ha permitido combatir el crimen y garantizar la seguridad pública.

El principal objetivo del Programa 287(g) fue deportar indocumentados criminales y convictos, entre otros, por tráfico de drogas, contrabando de personas, pandillas, ofensas sexuales y lavado de dinero.

Notable diferencia

Según informes de varias agencias municipales, los esfuerzos hechos en la última década para ganar la confianza de las comunidades de inmigrantes marcaron una notable diferencia: el crimen descendió.

A su vez, tras la puesta en vigor de la medida en 2003, la Asociación de Jefes de Policía de las principales ciudades de Estados Unidos indicó que el nuevo papel que tendrían que desempeñar sus agentes (como agentes de inmigración) tendría un efecto negativo.

La entidad argumentó que el trabajo de años hablando con comunidades de indocumentados para que hablen y reporten crímenes pudiera entorpecerse si se comienza a detener personas para preguntarles por su estatus migratorio.

Napolitano lo defiende

La Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), opinó que este tipo de acciones puede contribuir a que los inmigrantes se abstengan de denunciar delitos, por temor a ser deportados.

Ángel Calzadilla, vocero de la Policía de Miami-Dade, Florida, manifestó la misma preocupación a medios locales de prensa.

Pese al desasosiego generado, la jefa de la seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano, aseveró que el fortalecimiento de la medida "mejora la seguridad pública con la remoción de criminales extranjeros que representan una amenaza para las comunidades locales".

publicidad

Dijo además que con el establecimiento de una política uniforme para los esfuerzos en materia de cumplimiento de leyes de inmigración de agencias locales y estatales colaboradoras en todos los Estados Unidos, el programa tendrá un mejor funcionamiento.

Nuevos acuerdos

El ICE anunció también que la agencia logró otros 11 acuerdos 287(g) con agencias policíacas de todo el país.

El nuevo reglamento de operaciones del Programa 287(g) coordina las operaciones entre el gobierno federal y las policías locales, específicamente en tareas de identificación y remoción de criminales extranjeros.

El ICE aclaró que en respuesta a inquietudes de que se arreste a personas por ofensas menores como pretexto para iniciar procedimientos de deportación, el nuevo acuerdo explica que las agencias locales que participan en el programa tienen la obligación de seguir procesos judiciales por todos los cargos penales que originalmente causaron que el detenido fuera arrestado.

Según John Morton, subsecretario adjunto del ICE, "el programa 287(g) es un componente esencial de la estrategia integral del DHS para hacer  cumplir las leyes de inmigración".

Miles en la mira

A la fecha el ICE ha capacitado a más de 1,000 agentes que operan bajo 66 acuerdos locales de tipo 287(g). El programa ha permitido identificar a más de 120,000 personas en cárceles, que se sospecha están ilegalmente en el país.

publicidad

Durante el año fiscal 2008 el ICE ejecutó más de 1,200 redadas en centros de trabajo y arrestó y deportó a más de 32 mil trabajadores indocumentados.

Durante el mismo período (1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre del año pasado), la agencia deportó en total a casi 350 mil indocumentados y reconoció que a nivel nacional operan más de 100 unidades de agentes especiales cuya tarea es ubicar, arrestar y deportar a unos 540 mil indocumentados con orden de deportación final.

Grupos nacionales que defienden los derechos de los indocumentados han solicitado al gobierno de Obama que suspenda las deportaciones hasta que el Congreso debata y apruebe una reforma migratoria que permita legalizar a la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en el país. Pero la Sección 287(g) dejaría afuera a todos aquellos extranjeros que hayan cometido una falta, entre ellas la violación de una orden final de deportación. Sería, entonces, una reforma sólo para santos.

publicidad
Contenido Patrocinado
En alianza con:
publicidad
publicidad