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Muchos no pueden darse el lujo de ver cómo cada vez son menos las oportunidades de empleo, mientras la base de empleos es cada vez menos. 

Florida discute severa ley antiinmigrante

Florida discute severa ley antiinmigrante

Aumentan las presiones a favor y en contra de la aprobación de una ley similar a la SB1070.

Muchos no pueden darse el lujo de ver cómo cada vez son menos las oportu...
Muchos no pueden darse el lujo de ver cómo cada vez son menos las oportunidades de empleo, mientras la base de empleos es cada vez menos. 

Miles de indocumentados aguardan decisión de legislatura

A dos semanas de que finalice el período de sesiones de la legislatura de Florida, aumentan las presiones a favor y en contra de la aprobación de una ley similar a la polémica SB1070 de Arizona y convertir a Florida en el segundo estado que criminaliza la estadía indocumentada, un acto que en el resto del país constituye una falta de carácter civil ni penal.

"Hay preocupación en todo el estado", dijo a Univision.com Tirso Moreno, directivo de la Asociación de Trabajadores de Florida Central. "La gente está nerviosa, alarmada por esta ley que es igual a la de Arizona y pondrá a miles al borde de ser arrestados y deportados de Estados Unidos".

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El 13 de abril un comité de la Cámara de Representantes de la legislatura aprobó la controvertida ley HB7089 que tiene como objetivo poner freno a la inmigración indocumentada y otorga poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para pedir documentos de identidad a individuos que presuntamente no tienen papeles de estadía legal en Estados Unidos.

Desde el inicio de los debates, en marzo, la asociación mantiene una permanente presencia de trabajadores en la sede de la legislatuira para oponerse a la polémica medida.

Detalles del proyecto

La SB 7089, promovida por legisladores republicanos, obliga además a las empresas a registrarse en el sistema federal de verificación de empleo (E-Verify) y averiguar el estado migratorio de todos sus trabajadores.

También prohíbe a las agencias estatales y municipales celebrar contratos con empleadores que no estén inscritos en el programa, permite detenciones sin orden judicial y aumenta los castigos penales a los extranjeros por el sólo hecho de permanecer indocumentados en el territorio del estado.

"La gente tiene miedo. Pero el miedo no sólo deberían tenerlo los trabajadores, sino todos los habitantes del estado de Florida", señaló Moreno. "Si la aprueban sufriremos las mismas consecuencias que se están viviendo en Arizona, porque generará el mismo nivel de discriminación y causará millonarias pérdidas a la industria y el turismo".

Historia del debate

El proyecto HB 7089 ya había sido aceptada en marzo por el Comité Judicial de la Cámara antes de ser aprobada por el Comité de Asuntos Económicos de la Cámara la segunda semana de abril.

"Además de afectar a toda la sociedad floridana, tendrá un impacto devastador en el combate al crimen", advirtió Moreno. "La gente no va a reportar los delitos, no sólo aquellos que les afecte a ellos, sino también a todos los demás".

Un reciente informe publicado por Perryman Group indicó que si todos los indocumentados fueran deportados de Florida, el estado perdería unos $43 mil millones por concepto de actividad económica, además de 262,436 trabajos.

"Perderán tanto o más que las pérdidas registradas en Arizona", reiteró Raquel Terán, del movimiento Pro América en Phoenix. "Lo que estamos viendo en Florida es similar a lo que nosotros estamos viviendo desde el 23 de abril del año pasado. Arizona fue afectado por la SB 1070 y se siguen registrando daños. Lo mismo sucederá en Florida si la HB 7089 entra en vigor".

La ley de Arizona

El 23 de abril de 2010 la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la SB 1070 que, entre otras recomendaciones, criminalizó la estadía indocumentada convirtiendo a ese estado fronterizo con México el primero en tener este tipo de legislación.

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"No midieron las consecuencias sociales. Ni tampoco consideraron que se pelearía en las cortes, que perderían las demandas y gastarían miles de dólares de los contribuyentes", añadió Terán.

El legislador republicano Bill Snyder, promotor de la polémica HB 7089, ha reiterado que el proyecto dignifica a los inmigrantes y que los indocumentados carecen de derechos.

Empresarios inconformes

Tanto la Cámara de Comercio de Florida como la Asociación de Industriales y la Asociación de Frutas y Vegetales indicaron que de ser aprobada, la medida causará un impacto negativo en la economía y la imagen internacional del estado.

El representante Luis García (demócrata de Miami-Dade), opinó que si la HB 7089 era aprobada convertirá a los inmigrantes indocumentados en ciudadanos de segunda clase.

Mientras la Cámara decide el futuro de la HB 7089, el Senado tiene detenida momentáneamente la votación final del proyecto de ley SB 2040, escrito casi en los mismos términos que la HB 7089 y basado en la ley SB 1070 de Arizona.

"No sabemos cuándo tomarán una decisión al respecto", dijo Moreno. "Pero en el caso que la aprueben y la Cámara haga lo mismo, daremos la batalla en las Cortes y esperamos un dictamen similar al de Arizona", agregó.

Fallo judicial adverso

El 28 de julio del año pasado, un día antes de la entrada en vigor de la SB 1070, la jueza federal Susan Bolton dejó en suspenso temporalmente las partes más polémicas de la ley de Arizona al aceptar una demanda entablada por el Departamento de Justicia.

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El gobierno federal argumentó que la ley de inmigración es un asunto federal que debe ser resuelto por el gobierno de Washington, y advirtió que la puesta en vigor leyes como las de Arizona viola la Constitución y afectan los derechos civiles.

La segunda semana de abril, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito mantuvo suspendidas temporalmente las partes más duras de la Arizona, propinándole un duro golpe al sector ultraconservador del partido republicano que promueve este tipo de iniciativas.

El Juez Richard A. Paez escribió en su dictamen que el gobierno federal cumplió su obligación al establecer que la ley federal tenía precedencia sobre estas disposiciones y que no había ningún conjunto probable de circunstancias en las que las medidas contenidas en la SB 1070 sean válidas.

Agregó que la amenaza de que los 50 estados superpongan sus propias normativas de cumplimiento de la ley inmigratoria por encima de la ley federal pesa a favor de la precedencia.

"En Tallahassee los políticos deberían aprender la lección de Arizona", dijo Moreno. "Con ese precedente no tendrían por qué seguir adelante con este tipo de discusiones. Si la aprueban, la demandamos. Y en Washington los políticos también deberían hacer su trabajo, debatir y aprobar la reforma migratoria. Sólo así encontraremos una solución justa y humana al problema de los 11 millones de indocumentados", concluyó el sindicalista.

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