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Corte investiga redada ejecutada tras incautación de declaraciones de impuestos

Corte investiga redada ejecutada tras incautación de declaraciones de impuestos

Corte de Colorado revisa caso de redada de inmigrantes ejecutada tras incautación de declaraciones de impuestos.

Corte investiga redada ejecutada tras incautación de declaraciones de im...

Instancia decisiva

DENVER - El Tribunal Supremo de Colorado (centro de Estados Unidos) comenzó el jueves a escuchar argumentos a favor y en contra de la legalidad de incautar declaraciones de impuestos para determinar la situación migratoria de los contribuyentes hispanos, luego de un caso ocurrido en el norte del estado hace un año y que motivó una redada masiva de presuntos inmigrantes indocumentados.

En su presentación inicial, los representantes del fiscal Ken Buck, del condado Weld, sostuvieron que el Tribunal Supremo de Colorado debería revertir la decisión de dos jueces de condado quienes, anteriormente, dictaminaron que la fiscalía no tenía autoridad para decomisar esos documentos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la oficina del defensor público del Condado Weld, argumentaron que la incautación de los documentos y la consecuente investigación iniciada por el fiscal Buck son ilegales, debido a que infringen el derecho a la privacidad y carecen de causa probable.

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Las investigaciones comenzaron en agosto de 2008 cuando la fiscalía del condado Weld y la policía de Greeley recibieron información que un inmigrante indocumentado hispano, acusado de robo de identidad en Texas, estaba viviendo en Greeley y había hecho su declaración de impuestos en una empresa local.

Miles de declaraciones

Dos meses después de iniciadas las investigaciones, el fiscal Buck y el jefe de policía, John Cooke, confiscaron más de 5,000 declaraciones impositivas de la empresa Amalia's Translation and Tax Services, de Amalia Cerillo.

Tras revisar esos documentos, las autoridades determinaron que en 1,369 casos no se había usado un número de seguro social sino el número de identificación del contribuyente, o ITIN, en inglés, por lo que ordenaron el arresto de esas personas por presunto fraude, argumentando que se trataba de indocumentados que recibían dinero del gobierno.

La policía emitió cientos de órdenes de arresto y eventualmente varias personas fueron detenidas, pero en enero de 2009 un juez local, James Hartmann, ordenó la suspensión de las investigaciones hasta que se pudiese decidir sobre la legalidad del procedimiento.

¿Debería la Corte Suprema de Colorado ratificar los fallos ya emitidos sobre el tema? Comente aquí.

La demanda de ACLU

A finales de enero pasado ACLU presentó una demanda judicial (en nombre de todos los afectados) contra la fiscalía del condado Weld y la policía de Greeley, afirmando que no se puede investigar un presunto delito (robo de identidad) quebrantando otras leyes, como las de privacidad.

El 14 de abril de 2009, el juez James H. Hiat, del condado Weld, falló a favor de la ACLU, puntualizando en su veredicto que no existió causa probable para la incautación de los documentos, de la misma manera, ejemplificó el magistrado, que no se revisan todas las historias clínicas de un consultorio médico porque un paciente sea drogadicto.

Pero, según dijeron el jueves los representantes de la fiscalía, fue necesario incautar todos los documentos precisamente por ser un caso de robo de identidad.

Fallos favorables

Otros tres jueces de distrito emitieron fallos similares en casos que también surgieron a partir de la investigación en el condado de Weld.

"Mire, no hay una manera amable de tipificar esta indagatoria. Esta es una clásica expedición para ver qué se pesca", dijo Liz Harris, abogado de la ACLU.

En el centro del caso está decidir si las autoridades violaron la ley con sus métodos de investigación. También ilustra la dificultad de procesar los casos de robo de identidad, particularmente a través del uso de registros fiscales, los cuales son confidenciales bajo la ley federal.

El fin no justifica...

Nadie pone en duda que algunos de los inmigrantes estaban violando la ley al utilizar identidades falsas para trabajar.

Michael J. Rourke, un abogado representante del condado de Weld, señaló que era imposible para los investigadores ser más específicos en su solicitud de orden de allanamiento.

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El abril, el juez En su fallo, el juez James Hiatt, del condado Larimer, ordenó al fiscal de distrito Ken Buck y al alguacil John Cooke detener las investigaciones del llamado Operativo Juego de Números, ya que no tenían el derecho de incautar las declaraciones de impuestos de los sospechosos para verificar si estaban legalmente o no en el país.

Fallo federal

El debate judicial en Colorado ocurre cinco meses después que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos limitó el uso de la ley de robo de identidad contra trabajadores indocumentados que usen números de identificación falsa, inclusive muchos de los que fueron arrestados en las redadas de inmigración.

Lo anterior significa que si un inmigrante usa papeles falsos para trabajar, no puede ser acusado de cometer un crimen si la fiscalía antes no prueba que el extranjero sabía que esos documentos eran ilegales, se lee en el fallo emitido en mayo.

El tribunal supremo tomó la decisión al abordar el caso de un indocumentado mexicano, Ignacio Carlos Flores Figueroa, en que el fiscal no presentó evidencia de que el trabajador sabía que usaba números de documentos pertenecientes a otra persona, cuando fue arrestado en 2006.

El acusado apeló la condena por robo de identidad.

En la decisión unánime, el tribunal supremo estadounidense dijo que la ley que el Congreso sancionó en 2004 a fin de detectar a las personas dedicadas al robo de identidad, requiere que el fiscal pueda probar que el acusado sabía que usaba los números de identidad que pertenecen a personas reales.

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Las excepciones

El juez Stephen Breyer escribió en su decisión de mayo que la intención es a menudo fácil de determinar cuando se trata de un caso que tipificó como "clásico" robo de identidad.

En los casos en que "el acusado se valió de información de otra persona para acceder a la cuenta bancaria de esa persona, el gobierno puede probar conocimiento previo con poca dificultad", destacó Breyer.

Sin embargo, tal como se vio en el caso decidido en mayo, los fiscales habían aplicado la ley contra trabajadores que necesitaban documentos falsos para obtener empleo.

La ley señala una pena de prisión obligatoria de dos años y ha sido usada para persuadir a la gente que se declare culpable de delitos menores de inmigración y la aceptación de una deportación inmediata.

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