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La gobernadora de Arizona, Jan Brewer (republicana) volvió a pedir a la Corte Suprema que levante las restricciones que impiden la puesta en vigor en su totalidad de la ley migratoria SB1070.

Brewer pidió a corte suprema escuchar apelación sobre la SB1070

Brewer pidió a corte suprema escuchar apelación sobre la SB1070

En el último día de plazo, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, presentó una apelación ante la Corte Suprema de Justicia para que se revoque un dictamen que mantiene suspendida temporalmente partes de la SB1070.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer (republicana) volvió a pedir a la...
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer (republicana) volvió a pedir a la Corte Suprema que levante las restricciones que impiden la puesta en vigor en su totalidad de la ley migratoria SB1070.

Gobernadora de Arizona pide levantar restricciones interpuestas por una Corte Federal

PHOENIX " En el último día de plazo, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer (republicana), presentó una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para que se revoque un dictamen que mantiene suspendida temporalmente partes polémicas de la ley estatal de inmigración, SB1070.

La ley de Arizona, entre otras cosas, prohíbe a la policía poner en ejecución una exigencia de la ley, de preguntar el estatus de inmigración a cualquier persona sospechosa de estar ilegalmente en el país tras haber sido detenida por cualquier otra razón no relacionada, dijo The Associated Press.

La medida fue promulgada por Brewer el 23 de abril del año pasado y entró en vigor el 29 de julio. Pero un día antes la Corte Federal del Noveno Circuito detuvo algunas partes tras una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia, que argumenta que la SB1070 viola la constitución y afecta los derechos civiles de los estadounidenses.

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Primer round

Brewer perdió su primera apelación en abril cuando un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó su solicitud de revocar la decisión y ratificó el fallo del 28 de julio de 2010.

La Corte Suprema tiene la facultad de decidir si escucha su apelación.

Los abogados de Brewer solicitaron a la corte que escuchara su apelación y argumentaron que Arizona es el estado más afectado por los problemas fronterizos del país y que la decisión de la corte del noveno circuito está en conflicto con precedentes de la Corte Suprema.

"Durante demasiado tiempo el gobierno federal ha mirado para otro lado mientras este problema se ha manifestado en la forma de casas de paso para indocumentados en nuestros barrios y de delitos en nuestras comunidades", señaló Brewer en un comunicado por escrito. "(La ley) fue la forma en que Arizona dice que ya no esperaremos pacientemente la actuación federal. Si el gobierno federal no aplica la ley, nosotros lo haremos", agregó.

Oleada antiinmigrante

La SB1070, impulsada por republicanos, desató una fuerte oleada antiinmigrante en el país. A la fecha, seis estados han debatido y aprobado leyes similares y un séptimo busca un acuerdo bipartidista para contar con los votos necesarios en la Asamblea.

Los estados de Georgia y Alabama aprobaron leyes todavía mucho más severas que Arizona y también enfrentar demandas.

The Associated Press dijo que el Departamento de Justicia no respondió de inmediato la solicitud de comentario al respecto de la solicitud entregada por Brewer.

El pasado 28 de julio, cuando se cumplió un año del fallo que suspendió las partes más fuertes de la SB1070, Brewer calificó el dictamen "como una piedra en el camino" en el intento del gobierno por eliminar la dura legislación estatal.

"La lucha está muy lejos de haber terminado, inclusive, éste es sólo el principio y estoy convencida que al final el derecho de Arizona de proteger a sus ciudadanos prevalecerá", dijo Brewer, en un comunicado de prensa, escribió la Agencia Española de Noticias (Efe).

Brewer dijo en esa ocasión estar desilusionada con la decisión de la jueza federal Susan Bolton, y aseguró que junto con su equipo legal revisará detenidamente cada sección que fue bloqueada en 2010 para interponer un recurso ante la Corte de Apelaciones del Distrito Nueve en California, el que fue presentado este miércoles.

Breve historia

En abril de 2010 Arizona promulgó las leyes SB 1070 y HB 2162, medidas que desataron fuerte polémica nacional.

Primero autorizó a la policía para detener individuos bajo duda razonable que se trata de indocumentados, pero una semana más tarde, el 30 de abril, enmendó la orden y eliminó esa para evitar el uso de perfil racial como motivo para detener personas.

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También permitió que las personas sí pueden identificarse ante la policía con una licencia de conducir del Estado de Arizona, con una licencia de conducir válida de cualquier otro estado, con una identificación como miembro de una tribu reconocida en el Estado o cualquier otro documento de identificación válido.

Pero extendió la autorización para determinar el estado migratorio de las personas no sólo a las policías locales (estatal y municipal), sino que ahora también concedió esos poderes a los inspectores o representantes de la ciudad, condado o estado.

Detalles de la SB1070

La ley de Arizona precisa que en la ejecución de la ley las autoridades podrán cuestionar o requerir a una persona sobre su estado migratorio sólo cuando exista "contacto legal"; es decir, cuando ocurra "una parada legal, detención o arresto" en la aplicación de cualquier otra ley u ordenanza de un condado, ciudad o pueblo del Estado de Arizona.

El 28 de julio, un día antes que entrara en vigor, una jueza federal detuvo temporalmente esta controvertida medida.

Organizaciones nacionales a favor de los derechos de los inmigrantes tales como el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el Foro Nacional de Inmigración (NIF), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) y los más de 800 grupos que integran Reforma Migratoria PRO-America, condenan la ley de Arizona y piden a la gobernadora Brewer que la anule.

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Los grupos coinciden en tildar la ley de "antiinmigrante" y aseguran que se trata de la más "horrorosa" y "rigurosa" en su tipo que se haya introducido en ese estado fronterizo con México.

Otros pormenores

Otro de los puntos suspendidos por ahora de la ley ata las manos a los agentes de la policía local (estatal y municipal) y los obliga a dar prioridad a la ejecución de la ley de inmigración frente a otras responsabilidades de la seguridad pública.

También prohíbe a los jornaleros interrumpir la vía pública y/o solicitar trabajo en la calle, y convierte en delito el transportar, dar refugio o protección a cualquiera, si la persona sabe o no tiene en cuenta el hecho de que son indocumentados o extranjeros sin papeles de estadía legal en Estados Unidos.

Indica además que será un delito detener el automóvil para hablar y contratar a un jornalero por bloquear la vía pública con el propósito de darle empleo a un indocumentado y autoriza y/o permite hacer o ejercer el derecho a utilizar un ardid para atrapar a un propietario de negocios que contrate a inmigrantes indocumentados.

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