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Banco Gubernamental de Fomento

La Ley de Quiebras sería insuficiente para Puerto Rico

La Ley de Quiebras sería insuficiente para Puerto Rico

La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento asegura que para mayo habrán solo $43 millones en caja.

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Luego de más de un año intentando que se extienda a Puerto Rico el capítulo 9 de la ley de quiebras, el gobierno, a través del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), admitió este martes que es marcadamente insuficiente para proveer el alivio fiscal que tantas veces fue anunciado.

En la presentación sobre la situación fiscal de Puerto Rico en el Global High Yield & Leveraged Finance Conference, una reunión de inversionistas en Florida, Melba Acosta, presidenta del BGF y dirigente principal del grupo de trabajo de recuperación fiscal, admitió en un apartado específico de la ponencia que ese acceso a la ley federal no podrá manejar 60,000 millones de la deuda pública usualmente aceptada, estimada por el propio gobierno en 69,000 millones.

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Eso deja solamente 9,000 millones de deuda para ser protegida por el capítulo 9 de la ley de quiebras, de la que solo se benefician los estados.

El desglose de la deuda revelado a los inversionistas es que no podrán ser protegidos por el llamado "Chapter 9", 12,500 millones de las Obligaciones Generales (GO's); 5,000 millones de deudas aseguradas; 43,000 millones en las obligaciones de las pensiones.

Sin calcular todavía se encuentran otros miles de millones potenciales en litigios y contingencias, afirmó Acosta, quien les mostró a los potenciales inversionistas que para este mayo el BGF solo tendría en caja unos 43 millones.

Si bien diversos funcionarios, como el gobernador Alejandro García Padilla y el secretario de Hacienda Juan Zaragoza, habían advertido la falta de liquidez, ahora se especifica la cantidad que quedaría en caja, y solo bajo condiciones optimas, como que no haya un desacierto muy amplio de lo que debe entrar al gobierno en los próximos meses.

Los beneficios del capítulo 9, se indicó en la presentación, tampoco abordarían 6,500 millones en repagos que se deben hacer con los ingresos del Fondo General, como el reciente clawback, por el cual agencias gubernamentales como el Fondo del Seguro del Estado (335 millones) la ACAA (65) y SINOT (35) prestaron al gobierno y deben ser repagados antes del final del año fiscal el 30 de junio.

Tampoco es elegible para el servicio de Cofina (Corporación del Fondo del interés Apremiante) de 15,200 millones y que pudiera ser objeto de litigio por otros miles de millones de los acreedores.

Mientras, los 8,800 millones de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y los 4,000 millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados dependen de los pagos del gobierno central, como su cliente principal, para mantener su habilidad para pagar al vencimiento de las deudas (Going Concern). Es en esa medida que la reestructuración de la deuda de estas corporaciones está limitada mientras el gobierno central no obtenga simultáneamente un alivio a sus deudas.

Hace más de un año el Congreso tiene ante si un proyecto para extender a la Isla los beneficios de ese capítulo de la ley de quiebras, y el Gobierno, en multiples ocasiones, afirmó que toda su salud fiscal dependería de esa medida.

No obstante, desde verano del año pasado sectores influyentes del Congreso advirtieron que la medida no se aprobaría, y que tampoco era el mecanismo adecuado para resolver la crisis.

Las distintas medidas que el gobierno ha tomado a lo largo de los dos ultimos años, la eliminación de beneficios laborales, numerosos impuestos, tanto en el consumo como en los ingresos corporativos, alzas en las tarifas de los servicios básicos, y desde este abril nuevos impuestos entre los negocios y en los servicios profesionales, no ha evitado que el gobierno colapse, pero cuyas dimensiones son desconocidas porque el gobierno no ha logrado emitir los estados financieros que, como una autopsia, evidencien cuáles han sido las causas de la crisis.

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Ante el reclamo del poderoso senador Orrin Hatch, presidente de la Comisión de Finanzas, para que García Padilla entregara esos estados financieros al 1 de marzo, de tal suerte que pueda proveer legislación en ayuda, el primer ejecutivo dijo hoy que "no le acepto ultimatums a nadie. A nadie. Y eso incluye a Orrin Hatch".

La agencia INS preguntó a Hacienda si retomar la pasada propuesta reforma impositiva y contributiva, como hizo ahora el gobernador, tendría repercusiones en las proyecciones que ya le ha intimado el gobierno a la empresa KPMG para sus estados financieros auditados.

"La respuesta es que sí pudiera tener una implicación en hacer ciertos análisis nuevos pero que no cambiaría la conclusión del Going Concern". A esa misma pregunta el gobernador había contestado esta mañana que no.

Por otro lado, el primer mandatario dijo que trabaja junto al Congreso y el Tesoro el proyecto que definiría la Junta de Supervisión Fiscal. De hecho, este viernes García Padilla tendrá una reunión con el congresista Robert Bishop sobre ese asunto.

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