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Marcha por la reforma migratoria en Las Vegas, Nevada.

Decisión de la Corte de Apelaciones genera esperanzas con la acción ejecutiva

Decisión de la Corte de Apelaciones genera esperanzas con la acción ejecutiva

Tribunal de apelaciones desestimó demanda presentada por detractores de un beneficio para indocumentados.

Marcha por la reforma migratoria en Las Vegas, Nevada.
Marcha por la reforma migratoria en Las Vegas, Nevada.

La decisión de una corte federal de apelaciones de desestimar una demanda en contra del Secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, por un alivio migratorio que favorece a dreamers, llena de esperanzas a millones de indocumentados que aguardan la entrada en vigor de una acción ejecutiva anunciada por el presidente Barack Obama en noviembre.

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El martes la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, Louisiana, le cerró la puerta a un recurso interpuesto por el estado de Mississippi y por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y funcionarios de deportación.

El gobernador de este estado, el republicano Phil Bryant, alegó en la demanda que Mississippi ha incrementado sus gastos en servicios sociales desde la entrada en vigor en 2012 del programa de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés), con el que se ha evitado la deportación de más de 500 mil jóvenes que llegaron al país siendo niños y a los que se conoce como "dreamers" (soñadores).

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"La acción diferida ha provocado que más extranjeros permanezcan en el estado", afirma el gobernador en su demanda, mientras que los agentes de la patrulla fronteriza defienden que este alivio migratorio viola la ley federal porque les impide buscar a todos los individuos susceptibles de ser deportados.

En su escrito, la Corte, tradicionalmente conservadora, desestimó el recurso al considerar que estas no son razones, "ni suficientes, ni concretas" para impugnar el alivio migratorio para los jóvenes indocumentados.

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El abogado de inmigración Ezequiel Hernández dijo a UnivisionNoticias.com dijo que la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito sienta un precedente a favor de la batalla legal separada (en dos frentes) que libra el gobierno con la acción ejecutiva del 20 de noviembre, al no darle la razón a los argumentos de los estados que se oponen al beneficio migratorio del presidente.

La acción ejecutiva ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales.

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También amplía la cobertura de la acción diferida (DACA, por sus siglas en inglés) del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010, y libera el límite de edad que era de menos de 21 años al 15 de junio de 2012.

El 20 de diciembre del año pasado, menos de dos semanas después de ser anunciado el beneficio, 26 estados, entre ellos Mississippi, demandaron el plan ante la Corte Federal del Quinto Circuito en Brownsville, Texas, bajo el argumento que Obama se había extralimitado en sus poderes ejecutivos y que el programa viola la Constitución.

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El juez a cargo de la corte, Andrew S. Hanen, dictó el 16 de febrero una medida cautelar y prohibió su implementación que estaba prevista por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) para el 18 de febrero.

El 23 de febrero el gobierno, a través del Departamento de Justicia, presentó un recurso de emergencia para que Hanen desestimara su decisión, pero el juez postergó su respuesta. A mediados de marzo la Administración tomó la decisión de apelar ante la Corte del Quinto Circuito en Nueva Orleans, instancia que fijó una audiencia para el 17 de abril.

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El martes, casi 40 días después de la presentación del recurso de emergencia, el juez Hanen ratificó la decisión del 16 de febrero, dejando ahora el litigio en manos de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans.

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Además de amparar las deportaciones temporalmente, la acción ejecutiva otorga un permiso temporal de empleo renovable cada tres años.

La Administración Obama ha reiterado que la política migratoria le corresponde dictarla y ejecutarla al gobierno federal y no a los estados, y señala que la acción ejecutiva se trata de una medida temporal y que una solución definitiva al problema de los 11 millones de indocumentados en el país pasa por la aprobación en el Congreso de una reforma migratoria.

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Si la Corte Federal de Apelaciones de Nueva Orleans rechaza el recurso de la Administración entregado por el Departamento de Justicia, el caso podría llegar a la Corte Suprema, algo que puede favorecer a Obama, dado que el máximo tribunal de Estados Unidos emitió un fallo en 2012, relacionado con la ley SB 1070 de Arizona, que respaldó la discrecionalidad del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.

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