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El juez embarga palacete a la Infanta Cristina y Urdangarin

El juez embarga palacete a la Infanta Cristina y Urdangarin

Un juez español ordenó el embargo de diferentes propiedades de Iñaki Urdangarín, yerno del rey de España, por valor de 6,1 millones de euros

PALMA DE MALLORCA, España - Un juez español ordenó el embargo de diferentes propiedades de Iñaki Urdangarín, yerno del rey de España, por valor de 6,1 millones de euros, entre ellas la mitad de la vivienda familiar que comparte con su esposa, la infanta Cristina, en Barcelona.

El juez José Castro, que instruye el denominado "caso Nóos" en un tribunal de Palma de Mallorca (Islas Baleares) ordenó este embargo para cubrir la fianza civil que le impuso a él y a su socio, Diego Torres, implicados en un caso de corrupción.

El pasado mes de febrero el magistrado impuso una fianza de 8,1 millones de euros, aunque posteriormente fue rebajada a 6,1 millones.

Con la decisión de hoy, el juez Castro entiende que ya ha "transcurrido con notorio exceso el plazo concedido sin que se haya presentado la fianza exigida", por lo que procede ordenar los embargos.

Sin embargo, el juez descartó investigar el préstamo de 1,2 millones de euros que hizo el Rey a la  infanta Cristina en 2004 para que pudiera comprar ese chalé.

El yerno del rey Juan Carlos declaró por última vez en el juzgado en febrero pasado por el conocido como "caso Nóos", que investiga el presunto desvío de seis millones de euros de fondos públicos de los gobiernos regionales de Baleares y Valencia (este de España), a esa entidad sin ánimo de lucro que dirigían Urdangarin y Torres.

La infanta Cristina, que vive en Suiza con su familia desde este año, fue imputada por este mismo caso el pasado abril, aunque finalmente se retiró su imputación un mes después, aunque el tribunal mantuvo la posibilidad de proceder contra ella por un presunto delito fiscal.

Jesús María Silva, abogado de la infanta, admitió la pasada semana que su imputación es una "posibilidad" dentro del proceso judicial, dado que la Audiencia de Palma ordenó que se "siguiera investigando" la presunta implicación en un delito contra la Hacienda Pública.


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