Demandas

Inmigrantes detenidos en una cárcel de ICE en California demandan por explotación laboral y amenazas

La empresa privada CoreCivic que administra el centro de detención de ICE en Otay Mesa es objeto de la demanda, a la cual también acusan de estar enriqueciéndose a costa de los inmigrantes como fuerza laboral cautiva.

LOS ÁNGELES, California.- Una demanda colectiva en contra de la empresa privada que administra un centro de detención de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en San Diego, California, argumenta que los inmigrantes son sujetos a explotación laboral y amenazas.

Los inmigrantes detenidos en la cárcel de ICE de Otay Mesa, señala la demanda presentada esta semana, son forzados a trabajar con sueldos de $1.50 dólares al día, en ocasiones sin paga alguna, y quienes no realizan lo que debería ser una actividad voluntaria, son castigados en confinamiento solitario o no les permiten recibir visita.

La documentos judiciales archivados ante una corte federal de San Diego señalan a la empresa CoreCivic, la cual tiene contrato con el gobierno federal para administrar el centro de detención de ICE ubicado en el 7488 de calzada De La Fuente, en la frontera con Tijuana, México.

Un vocero de ICE declaró que esa agencia federal no es señalada en la demanda, mientras que representantes de CoreCivic indicaron que aún no habían sido notificados del caso judicial y que no hacen comentarios sobre litigios en curso, según declaraciones publicadas por The San Diego Union Tribune.

La firma de abogados Burns Charest, que representa a cinco inmigrantes mencionados en la demanda, argumenta violaciones a las leyes laborales y de tráfico humano al exigir a los detenidos a realizar tareas de cocina, mantenimiento y otras labores que deberían ser voluntarias.

“Ese trabajo no es voluntario en ningún sentido significativo”, se lee en la demanda.

La empresa no ofrece productos básicos para que los detenidos cumplan con las necesidades de su vida diaria, ya que para tener acceso a jabón y otros productos de higiene personal, señala la demanda, los detenidos deben trabajar para poder comprarlos.

También se denuncia que los inmigrantes son amenazados con ser enviados a celdas de confinamiento solitario o con quitarles su derecho de visita en caso de rehusarse a trabajar.

“Nuestra demanda alega que CoreCivic se enriquece ilegalmente a costa de una fuerza laboral cautiva”, declaró Korey Nelson, socio del despacho jurídico que también ha presentado otras demandas similares en contra de empresas contratadas por ICE.

Las cortes de inmigración, explica la demanda, pertenecen al sistema de justicia civil y no al criminal, lo que significa que quienes son procesados por faltas administrativas de inmigración no pueden ser detenidos como castigo.

Aclara que ICE tiene la autoridad de detener a alguien sólo si la agencia considera que esa persona no se presentara a su cita con la corte o si representa un peligro para la sociedad.

Detenidos y explotados

La empresa CoreCivic opera a nivel nacional 91 centros penitenciarios de todo tipo, de los cuales 6 se encuentran en California, incluyendo las instalaciones carcelarias de Otay Mesa, donde se cuenta también con una sección para reos federales en custodia del U.S. Marshals, los cuales no están dentro de la demanda.

Esta y otras empresas privadas, que administran cárceles bajo contrato con el gobierno federal, están creando condiciones en las que el detenido se siente forzado a trabajar por un sueldo muy por debajo del salario mínimo y por lo cual se están violando leyes estatales y federales relacionadas con derechos laborales y civiles, refiere la firma de abogados.

Entre los cinco demandantes están dos hombres que por solicitar asilo fueron encarcelados durante 6 meses en el centro de detención de Otay Mesa. Uno de los ellos es Juan José Merino Rodas, de El Salvador, quien sufrió quemaduras en un accidente mientras trabajaba en la cocina, pero le negaron la compensación de empleo (Worker’s Comp) y fue obligado a regresar a sus tareas al día siguiente.

También se identifica a tres mujeres de México, Guatemala y Honduras que aún se encuentran recluidas, incluyendo a la hondureña Jennye Pagoada López, quien ha declarado que al solicitar asilo ingresando por la garita de San Ysidro estaba embarazada, pero tuvo un aborto mientras estaba en custodia de los agentes de inmigración al no recibir atención médica adecuada.

Demandas similares se han presentado en contra de compañías que administran centros de detención de ICE en los estados de Colorado y Washington, así como en la cárcel de Adelanto, en el condado de San Bernardino, California, operada por GEO Group.

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