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Asilo Político

Nueva política aumenta número de agentes de asilo en la frontera para acelerar casos

Los migrantes que llegan a la frontera sur, son detenidos y piden asilo, lo harán ante un agente de asilo del servicio de inmigración (USCIS) quien determinará si existe miedo creíble. En caso de una respuesta negativa, podran apelar la decisión y un juez decidirá si existe causa o emite una orden de deportación.
18 Ago 2021 – 12:28 PM EDT
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El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una nueva política de asilo que haría el proceso más simple y permitirá a las autoridades de inmigración acelerar los procesos.

Entre los cambios, la nueva regla aumentaría el número de agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a la frontera con México, un paso clave para descongestionar la crisis que en julio registró cifras históricas con más de 212,000 aprehensiones.

Los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ), dijeron el miércoles en un comunicado que la propuesta de reglamento, que será publicada luego en el registro Federal (diario oficial estadounidense), “hará que el proceso de asilo sea más eficiente y garantizará la equidad”.

Justificaciones oficiales

El gobierno reiteró que el nuevo reglamento de asilo responde a la política migratoria del mandatario anunciada en enero, basada en un sistema de inmigración “justo, ordenado y humano”.

La nueva norma sustituiría el reglamento vigente, modificado por la política de ‘tolerancia cero’ de Donald Trump, que restringió el asilo y elevó los estándares para adjudicar solicites sin la autorización del Congreso, sino a golpe de memorandos, reinterpretación de reglamentos y órdenes ejecutivas.

“La regla propuesta permitiría a los agentes de asilo USCIS escuchar y decidir las solicitudes, así como retener la deportación y proteger a personas que reciben una determinación positiva de miedo creíble bajo el amparo de la Convención contra la Tortura (CAT)”, se lee en el anuncio.

“Estos casos se asignan actualmente a los jueces de inmigración dentro de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración)”, una dependencia que opera bajo el mando del DOJ.

Durante el gobierno de Trump, tanto el DHS como el DOJ otorgaron discreción a los agentes de la Patrulla Fronteriza para negar solicitudes de asilo. Pero tras la llegada de Biden a la Casa Blanca, en enero, esos poderes fueron eliminados.

Qué buscan

“Estos cambios propuestos mejorarán significativamente la capacidad del DHS y el DOJ para considerar de manera más rápida y eficiente las solicitudes de asilo de las personas encontradas en o cerca de la frontera, al tiempo que garantizan la justicia fundamental”, dijo Alejandro Mayorkas, secretario del DHS.

“Las personas que son elegibles recibirán ayuda más rápidamente, mientras que las que no sean elegibles serán expulsados rápidamente”, agregó.

Mayorkas dijo además que “estamos construyendo un sistema de inmigración que está diseñado para garantizar el debido proceso, respetar la dignidad humana y promover la equidad”.

Por su parte, el secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo que “este día marca un paso adelante en nuestro esfuerzo por hacer que el proceso de asilo sea más justo y rápido”.

“Esta regla reducirá el número de casos en nuestros tribunales de inmigración y protegerá los derechos de quienes huyen de la persecución y la violencia", agregó.

Fallo pendiente

El anuncio del nuevo reglamento ocurre cinco días después de que un juez federal de Amarillo (Texas) ordenara al gobierno restituir el Programa de Protección del Migrante (MPP) activado por Trump en enero de 2009 y que obligaba a los migrantes esperar en México la resolución de sus casos de asilo en tribunales estadounidenses.

En respuesta a una demanda entablada en abril por Texas y Missouri, el juez federal Matthew J. Kacsmaryk determinó provisionalmente que el gobierno "falló en analizar muchos factores críticos" como beneficios del programa y que ponerle fin había sido ilegal y dañino.

El juez determinó que el MPP disuade a los migrantes que no calificaban para pedir asilo de venir a Estados Unidos. Y consideró que se causó un daño a los estados demandantes porque al liberar a los migrantes se les permitió usar los servicios de salud, aplicar a una licencia para conducir e ir a la escuela, en el caso de los niños.

Kacsmary dio al gobierno siete días para apelar el fallo o, de lo contrario, poner de nuevo en marcha el MPP. El martes Univision Noticias reportó que el DOJ está trabajando en la apelación al dictamen, la que será presentada ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito antes del sábado.

Atasco histórico

Uno de los grandes retos que enfrenta la política migratoria de Biden es el atasco que registra la Corte de Inmigración. De acuerdo con el último informe de la EOIR al cual tuvo acceso Univision Noticias, al término del tercer cuatro del Año Fiscal 2021 había 1,328,413 casos acumulados.

Cuando Trump asumió la presidencia el 20 de enero de 2017, el número de casos era de unos 520,000. Al término de su mandato heredó a Biden más de 1,2 millones de expedientes.

“El sistema actual para escuchar y juzgar las solicitudes de asilo en la frontera suroeste necesita ser reparado desde hace mucho tiempo. Durante casi una década, el número de reclamaciones de este tipo se ha disparado y el sistema ha demostrado ser incapaz de seguir el ritmo, lo que ha provocado grandes retrasos y retrasos de años en la adjudicación”, dijeron el DHS y el DOJ.

Señalaron que, en base a la regla propuesta, “una persona que demuestre un temor creíble de deportación será remitida a un agente de asilo de USCIS para una audiencia sobre los reclamos de protección. Y ese agente de asilo estará autorizado para adjudicar en primera instancia la solicitud de asilo, así como la elegibilidad para la retención legal de la expulsión o para la retención o aplazamiento de la expulsión en virtud del CAT”.

En caso de rechazo

La propuesta también menciona que, en caso de una solicitud de asilo denegada, “el inmigrante podrá solicitar una revisión administrativa de novo por parte de un juez de inmigración bajo un proceso simplificado, con más apelaciones administrativas disponibles, a través de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)”.

La regla también propone una revisión de los criterios aplicables a las concesiones de libertad condicional antes de la determinación de temor creíble. “La propuesta permitiría al DHS otorgar libertad condicional cuando “la detención no esté disponible o sea impracticable, además de los criterios existentes que involucran emergencias médicas y objetivos de aplicación de la ley”, indica.

El nuevo reglamento propuesto se aplicaría a las personas que son colocadas en el proceso de deportación acelerada (expedited removal) en o después de la fecha de vigencia de la regla final. “La regla no se aplicaría a los Menores No Acompañados (UAC) ni a las personas que ya residen en Estados Unidos”, precisa.

No todos aplaudirán

Para la abogada de inmigración Rebeca Sánchez-Roig, una exfiscal de inmigración del DOJ y que ahora ejerce en Miami (Florida, “algunos grupos (defensores de los derechos de los inmigrantes) agradecerán los cambios, mientras que otros no”.

Agregó que “aquellos que no le darán la bienvenida a los cambios pertenecen a los que tienen puntos de vista extremos en ambos partidos: el grupo que quiere regalar la granja, y el otro que se niega a compartir la granja y quiere quedársela”.

Dijo además que “por ahora esto es un aviso de propuesta de reglamentación —es decir no es regla todavía-“, y el gobnierno está anunciando cambios al proceso de asilo “para hacerlo más eficiente y garantizar la equidad”.

Sánchez explicó que “este nuevo proceso será útil para avanzar, brindar a las personas la oportunidad de que los agentes de asilo los escuchen primero sin tener que iniciar el proceso en un tribunal de inmigración y obstruir aún más lo que ya es un sistema de cuello de botella”.

“Creo que los derechos al debido proceso están protegidos cuando se les permite presentar el caso de novo (nuevamente) ante el juez. Ese es un factor importante; aunque en estos momentos no sabemos exactamente cómo se define el “proceso simplificado” que tomará lugar ante el tribunal de inmigración. Eso está por resolver”.

Sánchez-Roig recordó que durante el gobierno anterior “existíó una prohibición de asilo, orden que impedíó a los inmigrantes que ingresaban al país entre puntos de control fronterizos solicitar asilo. A miles les presentaron cargos criminales, les arrebataron a sus hijos y cientos de ellos luego fueron deportados solos a sus países de origen”.

“Las políticas de Trump denegaban de debido proceso y los derechos constitucionales. Esta nueva política busca proteger los derechos de los solicitantes de asilo al mismo tiempo que intenta hacer avanzar el proceso de una manera más rápida y justa”, indicó. Y recordó que “la realidad sigue siendo que no todo el mundo tiene derecho a la protección del asilo”.

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