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Asilo Político

Corte Suprema aplaza la puesta en vigor del programa de asilo ‘Quédate en México’

El máximo tribunal de justicia aceptó esta noche un recurso de última hora presentado por el gobierno y aplazó hasta el martes la reinstalación del controvertido programa de asilo de la era Trump. La decisión es un pequeño triunfo para la Casa Blanca de Joe Biden en la implementación de su política migratoria en la frontera.
21 Ago 2021 – 07:41 AM EDT
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La Corte Suprema de Justicia aplazó este viernes en horas de la noche la reinstalación del Programa de Protección del migrante (MPP), también conocido como ‘Quédate en México’, que debía entrar en vigor este sábado por orden de un juez de distrito de Amarillo (Texas) emitida la semana pasada.

Horas antes, el Departamento de Justicia había presentado un recurso de consideración al máximo tribunal de justicia para suspender la orden judicial mientras la Corte de Apelaciones del 5to Circuito revisa en su totalidad una apelación a la orden judicial.

“Al considerar la solicitud, se ordena que la medida cautelar emitida por el Tribunal de Distrito (de Amarillo, Texas) sea aplazada hasta el martes 24 de agosto, para que la Corte en pleno pueda considerar la aplicación (el recurso)”, se lee en la decisión anunciada esta noche y que fue firmada por el magistrado Samuel Alito.

El tribunal dijo además que dará una respuesta a la solicitud del gobierno “a más tardar el martes antes de las 5 pm”.

El fallo preliminar, dado a las 23.59 horas de este viernes, un minuto antes del plazo, se convierte en una victoria temporal clave para la Casa Blanca de Joe Biden, que siete meses después de haber tomado el control del país trata de desarmar la política migratoria de 'tolerancia cero' de Donald Trump y establecer un nuevo sistema basado en el respeto al debido proceso.

‘Quédate en México’

El MPP, también conocido como ‘Quédate en México’, entró en vigor a finales de enero de 2019 luego que el gobierno de México se negara a convertirse en Tercer País Seguro y colaborada con el gobierno de Trump en la deportación de inmigrantes que piden asilo en la frontera.

El programa fue cancelado por Biden el 20 de enero, día de la Toma de Posesión. Durante los dos años que estuvo en vigor, la cuestionada política regresó a territorio mexicano a más de 68,000 solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en la Corte de Inmigración estadounidense (Oficina de revisión de casos de Inmigración -EOIR-).

Defensores de los derechos de los inmigrantes y organismos internacionales fustigaron el programa y advirtieron que el MPP violaba la ley de asilo suscrita por el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos desde 1980.

También alegaron que la medida obligaba a miles de extranjeros que huían de sus países para proteger sus vidas, a esperar meses, y en muchos casos años en zonas consideradas como las más peligrosas del mundo.

El fallo de Texas

El viernes de la semana pasada el juez, Matthew J. Kacsmaryk, de la corte de Distrito de Amarillo (Texas), ordenó al gobierno que restaure el MPP a partir del sábado 21 de agosto. Pero concedió un plazo de siete días al ejecutivo para que apelara la decisión.

A mediados de semana el Departamento de Justicia presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, con sede en Nueva Orleans, solicitando una medida cautelar (injunction) para detener el fallo de Texas.

El jueves el tribunal de apelaciones negó la solicitud del Departamento de Justicia argumentando que el Gobierno “no ha realizado la demostración necesaria” para rebatir los argumentos de los demandantes (los estados de Texas y Missouri), por lo que la moción de suspensión solicitada es “denegada”, dijo el tribunal.

Texas y Missouri demandaron el MPP en abril. Los fiscales generales de ambos estados, Ken Paxton y Eric Schmitt, respectivamente (ambos republicanos) alegaron que el retorno del polémico programa de asilo pondría freno a la “crisis criminal y humanitaria” que se vive en la frontera con México.

Desde que Biden asumió el control de la Casa Blanca, el 20 de enero, en la frontera sur se registra un récord de detenciones y deportaciones de inmigrantes que vienen en busca de asilo.

El debido proceso

La explosión de inmigrantes se produjo tras la reversión de varias políticas implantadas por el gobierno anterior, entre ellas el MPP.

La Casa Blanca argumenta que, tras el retiro de las medidas del exmandatario, puestas a golpe de órdenes ejecutivas y memorandos (unos 400 en cuatro años) cobraron vigencia leyes y acuerdos judiciales que determinan el curso del debido proceso.

Entre ellas se cuenta el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008, sobre prevención de tráfico humano. Ambas determinan el trato que el gobierno debe dar a Menores No Acompañados de países no vecinos que llevan al país en busca de asilo, quienes no pueden ser deportados aceleradamente, sino que un juez de inmigración debe decidir sus futuros en el país.

Pero debido a un atasco histórico en la Corte de Inmigración, con más de 1.3 millones de casos (cuando Trump llegó a la Casa Blanca eran poco más de 520,000), los procesos en algunos casos tardan más de 3 años en ser atendidos por los jueces de inmigración.

Biden ha reconocido que el gobierno tiene dificultades para responder a la crisis, pro reitera que el restablecimiento del debido proceso debe continuar al tiempo que el ejecutivo implementa medidas adicionales para revertir la crisis, entre ellas desarrollar programas de desarrollo en los países donde se genera la inmigración irregular, principalmente en El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

Critican fallo de Texas

El martes un grupo integrado por más de 100 organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellos abogados, grupos de derechos civiles, religiosos, entidades internacionales y trabajadores, pidieron al gobierno de Biden que, a la par de los esfuerzos judiciales para detener la entrada en vigor del MPP, “que bloquee” la orden emitida por el juez Kacsmaryk”.

Kacsmaryk argumentó en la sentencia que el gobierno "falló en analizar muchos factores críticos" como beneficios del programa y que ponerle fin había sido ilegal y dañino.

Por medio de una carta dirigida a los secretarios de Justicia y Seguridad Nacional, Merrick Garland y Alejandro Makorkas, respectivamente, la coalición señaló que durante los dos años que estuvo activo el MPP “infligió un daño extremo a personas vulnerables que buscaban asilo en la frontera y creó obstáculos extremos al debido proceso”.

“Organizaciones de derechos humanos documentaron más de 1,500 casos de violación, secuestro, tortura, asalto, trata y otros delitos cometidos contra migrantes devueltos a México bajo MPP”, precisaron.

El grupo indicó además que la decisión del juez de Amarillo “se basa en claros errores legales y fácticos” e impone una condición al DHS para poner fin al MPP, que no solo es imposible de cumplir, “sino que infligiría un daño severo a personas vulnerables que buscan protección: la detención obligatoria de cada solicitante de asilo, incluidas las familias”.

“La sentencia va en contra de décadas de precedentes legales, e incluso podría forzar al gobierno violar protecciones internacionales de refugiados al presionar a los solicitantes de asilo a vivir en condiciones peligrosas en México”, apuntó.

También advierten que la decisión judicial afirma “falsamente que la terminación del MPP condujo a un aumento de los cruces fronterizos, cuando los cruces habían aumentado durante meses desde la entrada en vigor el año pasado del Título 42 del Código de Estados Unidos”, y solo una pequeña fracción, equivalente al 1.2% de las personas encontrados por la Patrulla Fronteriza (CBP) durante ese tiempo “fueron puestos bajo el MPP”.

El Título 42, una vieja política que data de 1944, fue activada como parte de las medidas de contención de la pandemia del coronavirus.

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