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Junta de Control Fiscal

Junta fiscal toma control del gobierno de Puerto Rico en medio de protestas y varios arrestos

La junta creada bajo la ley Promesa ya nombró a su presidente, reveló que tomará control de varias agencias del gobierno y pidieron informes semanales al gobernador Alejandro García Padilla sobre recaudos y gastos.
30 Sep 2016 – 11:23 AM EDT

Protestas en Nueva York contra la junta de control fiscal

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SAN JUAN, Puerto Rico.- La Junta de Supervisión Fiscal, un grupo de ocho personas que tomará control sobre las finanzas de Puerto Rico de acuerdo a una ley federal aprobada en junio, se reunió por primera vez este viernes en Nueva York, en medio de protestas en esa ciudad y en la capital de la isla.

En una reunión pública que duró unos 26 minutos, siete de los miembros de la junta eligieron a José Carrión III como su presidente y acordaron cuáles entidades gubernamentales de Puerto Rico estarán bajo su escrutinio. (Un octavo integrante, en representación del gobernador de la isla, no tiene poder de voto).

La junta, creada tras la aprobación de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (Promesa) en Washington DC, también aprobó el viernes su reglamento interno y pidió informes semanales sobre recaudos y gastos al gobernador Alejandro García Padilla, ordenándole además entregar un plan fiscal para la isla antes del próximo 14 de octubre.

Los miembros de la Junta de Supervisión Financiera y Administración tendrán la autoridad de anular cualquier ley por parte del Gobierno de Puerto Rico que considere una violación de Promesa, y también de obligar al Gobierno puertorriqueño a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados gubernamentales.


Según se estableció en la reunión este viernes, ahora pasarán a depender de la junta las mayores entidades públicas de la isla, entre ellas la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Universidad de Puerto Rico (UPR), los sistemas públicos de retiro, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la judicatura, el Fondo del Seguro del Estado, la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y la Corporación para la Difusión Pública.

El encuentro de la junta provocó manifestaciones tanto en Nueva York, en las afueras del edificio Alexander Hamilton del Servicio de Aduanas, como en San Juan. Cinco manifestantes fueron detenidos durante la protesta en Puerto Rico, que tuvo lugar en la avenida Ponce de León, frente al hotel Caribe Hilton.

El jueves, el gobernador García Padilla había dado a conocer algunas de las peticiones que le hizo llegar al organismo que ya iniciará sus labores.


“Para que Puerto Rico pueda acelerar su recuperación económica, el proceso que comienza mañana requerirá de todos los sectores desprendimiento”, dijo al inicio de su mensaje, difundido a través de la página de internet de La Fortaleza y WIPR, la televisora del Gobierno.

“Igual que la mayoría de ustedes, yo tampoco estaba de acuerdo con los excesos en los poderes otorgados a la junta, y con algunos de los nombrados a ella. Pero la verdad es que no teníamos alternativa. Lo habíamos tratado todo: la quiebra criolla, el apoyo del Tesoro federal, cambiar nuestra base tributaria, darle liquidez a nuestras corporaciones públicas… Lo tratamos todo”, dijo en su alocución.

García Padilla aseguró que le encomendó a su representante en la junta, Richard Ravitch, que exponga a los demás miembros cuáles son las prioridades –o más bien expectativas- del pueblo puertorriqueño.

Los poderes de la junta
La junta tendría el poder de llevar a cabo audiencias, citar testigos, requerir información y estados financieros auditados del gobierno puertorriqueño y se le permitiría imponer sanciones penales a quienes le proporcionen información falsa o violen sus órdenes.

Igualmente el texto de Promesa contempla que los empleados menores de 25 años podrían recibir una reducción en el salario mínimo por hasta cuatro años. Actualmente el salario mínimo es de $7.25 por hora, por lo que recibirían $4.25. Un patrono violaría leyes federales si antes despide empleados para luego recontratar gente para pagarles ese salario.

La junta también podrá vetar leyes de la legislatura y no puede ser limitada por acciones estatales, ya sea del poder legislativo o del ejecutivo. Además, sus reuniones serán a puerta cerrada y las decisiones tomadas por mayoría.


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