TAMPA, Florida.- La incertidumbre se han apoderado de muchas familias inmigrantes en el condado de Pinellas luego de que se conociera la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés) ingresen a escuelas para entrevistar a estudiantes.
Padres inmigrantes temen enviar a sus hijos a la escuela por operativos de ICE: ¿Por qué decidir que falten puede ser un delito?
Padres inmigrantes temen enviar a sus hijos a la escuela tras el fin de protecciones que evitaban redadas del ICE en lugares sensibles como escuelas e iglesias. El distrito escolar de Pinellas afirma que solo colaborará con agencias que presenten órdenes judiciales y que no recopila información sobre el estatus migratorio.

Una madre mexicana residente en el condado expresó su temor a llevar a sus hijos a la escuela tras haber recibido información de parte del distrito escolar que confirmaría la cooperación de las autoridades educativas con agentes federales. " Me dijeron que van a ayudar a inmigración y que van a permitir que entren a las escuelas y hablen con los estudiantes", relató la mujer en una entrevista.
La preocupación de los padres de familia surge tras la finalización de una política que anteriormente protegía lugares sensibles, como escuelas e iglesias, de las operaciones del ICE. La falta de información oficial por parte del distrito escolar ha incrementado la ansiedad entre los tutores de estudiantes indocumentados, quienes temen ser detenidos al recoger a sus hijos.
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Consultado sobre esta situación , el distrito escolar de Pinellas respondió que seguirá cumpliendo con cualquier agencia de aplicación de la ley que presente una orden judicial o de arresto. Además, enfatizó que no recopila ni posee información sobre el estatus migratorio de los alumnos, ya que la ley lo prohíbe.
Sin embargo, la incertidumbre sigue latente entre la comunidad inmigrante. Algunas familias se cuestionan si deben enviar o no a sus hijos a la escuela, pero es importante recordar que las leyes de Florida establecen que negar o impedir la asistencia regular de un menor a la escuela podría constituir un delito menor de segundo grado.
Ante el temor de una posible intervención de las autoridades migratorias en los centros educativos, organizaciones proinmigrantes han instado a las familias a informarse sobre sus derechos y a buscar asesoría legal para protegerse a sí mismos y a sus hijos.








