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Al menos 20 fiscales de diferentes estados del país, todos ellos republicanos, presentaron una demanda en contra del parole humanitario extendido a inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Ante este escenario, el abogado de inmigración Carlos Lorenzo señala que, si bien es temprano para decir qué va a pasar, de ser declarada a lugar, la demanda podría hacer que muchos migrantes tengan que regresar a sus países.

Las cifras preliminares de enero, publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional, muestran que los encuentros de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que cruzan sin documentos por los puertos de entrada en la frontera suroeste disminuyeron un 97% en comparación con diciembre.

En la demanda de 39 páginas presentada ante la Corte de Distrito del Sur de Texas, en Victoria, los estados alegan que el gobierno creó un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso.

USCIS dijo que para solicitar un permiso de trabajo basado en la categoría de elegibilidad (c) (8) (asilados) se puede presentar el formulario I-765 en un lapso de 150 días después de haber presentado la solicitud de asilo, es decir, el formulario I-589. En ningún caso puede presentarse antes.

El controvertido proyecto de ley requiere que el DHS “suspenda la entrada de cualquier indocumentado (ciudadano no estadounidense sin documentos de entrada válidos)" durante cualquier período en el que el este departamento no pueda detener a dicha persona o deportarla a un país extranjero contiguo a Estados Unidos.

El número de casos sigue acumulándose en los tribunales. Los expertos advierten que en promedio, los casos se demoran más de 4 años, una espera que al final del día puede desaparecer o debilitar los argumentos que motivaron la búsqueda de asilo político en EEUU.

De un total de 6,254 identidades publicadas en internet, poco más de 3,000 fueron liberados y el resto está siendo revisado por las autoriodades federales. Abogados advierten que los beneficiados deben asegurarse de no faltar a sus citas o perderán sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

Con ayuda del congresista Mark DeSaulnier, Isabel Bueso y su familia ya se encuentran a salvo de ser deportados a Guatemala. La joven padece una condición llamada MPS I y su permanencia en el país era vital para continuar su tratamiento médico.

En las últimas semanas se ha disparado la llegada de cubanos a Estados Unidos por vía marítima. Aquellos balseros que son interceptados en alta mar y devueltos a Cuba se llevan la peor parte, ya que no pueden aplicar al nuevo programa de parole humanitario. "Ninguna de estas personas que entró en balsa, que tocó tierra, que le dieron una orden de deportación expedita, no pueden calificar y nunca van a calificar para el ajuste cubano", explica el abogado de inmigración Wilfredo Allen.

En una carta enviada al presidente Joe Biden, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración dice que cualquier extranjero que llegue a la frontera Estados Unidos-México, a un puerto de entrada o entre puertos de entrada, con o sin papeles, tiene derecho a pedir asilo.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) explica que los estudiantes extranjeros titulares de visas F-1 que realizan prácticas operacionales y planear viajar fuera del país, necesitan el visto bueno del funcionario de la escuela designado y luego llenar un formulario I-20. De lo contrario, pueden perder sus derechos de permanencia en EEUU.

El abogado Michael Urbina explica de qué se trata el nuevo plan de DHS que protege los derechos laborales de los inmigrantes indocumentados, quienes podrán solicitar un amparo de deportación y cómo solicitarlo.

León Santos-Zacaria, de 34 años, huyó de su casa a la edad de 13 y se fue a vivir a México. Los documentos de la corte señalan que ingresó ilegalmente (indocumentada) a Estados Unidos al menos dos veces, lo que llevó a su deportación a Guatemala, la primera en 2008 y la segunda en 2012. En 2018 regresó para salvar su vida y nuevamente fue puesta en proceso de deportación.

El hallazgo por parte de autoridades mexicanas de tres niñas de 9, 6 y 1 año en un islote en el río Bravo pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad criminal de los padres de arriesgar la vida de sus hijos en la frontera para entrar a EEUU en busca de asilo.

El programa, anunciado por el secretario del DHS, invita a los trabajadores extranjeros indocumentados a denunciar abusos laborales y amenazas migratorias por parte de empleadores. Las víctimas recibirán una acción diferida de deportación y tendrán derecho a una autorización de empleo (permiso de trabajo).