Las solicitudes han llegado por cartas, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Los detalles varían, pero el objetivo es el mismo: el Departamento de Justicia de Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para obtener datos de votantes y otra información electoral de los estados.
El Departamento de Justicia busca información electoral y de votantes en al menos 19 estados, según la agencia AP
En los últimos tres meses, la división electoral del Departamento de Justicia ha solicitado copias de las listas de registro de votantes a administradores electorales de varios estados, según datos recopilados por la agencia AP.
Por:Univision y AP
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En los últimos tres meses, la división electoral del departamento ha solicitado copias de las listas de registro de votantes a administradores electorales de al menos 15 estados, según un recuento de la agencia AP. De esos estados, nueve son demócratas, cinco son republicanos y uno es una comisión bipartidista.
En Colorado, el departamento exigió “todos los registros” relacionados con las elecciones de 2024 y cualquier registro que el estado conservara de las elecciones de 2020.
Abogados del departamento han contactado a funcionarios de al menos siete estados para proponer una reunión sobre un posible acuerdo de intercambio de información relacionado con casos de votación o fraude electoral. La idea, según se indica en los correos electrónicos, es que los estados ayuden al departamento a hacer cumplir la ley.
El cambio de paradigma del Departamento de Justicia de Trump frente a las elecciones
Este alcance inusualmente amplio ha generado alarma en algunos funcionarios electorales, ya que la Constitución otorga a los estados la autoridad para organizar elecciones y la ley federal protege el intercambio de datos individuales con el gobierno.
También refleja una transformación en la participación del Departamento de Justicia en las elecciones bajo el presidente Donald Trump. Tradicionalmente, el departamento se ha centrado en proteger el acceso a las urnas. Hoy está tomando medidas para combatir el fraude electoral y el voto de no ciudadanos, ambos poco comunes pero que han sido objeto de años de afirmaciones falsas de Trump y sus aliados.
Las acciones del departamento se producen junto a un esfuerzo más amplio de la administración por investigar elecciones pasadas e influir en las elecciones legislativas de 2026. El presidente republicano ha pedido un fiscal especial para investigar las elecciones de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden, y continúa afirmando falsamente que ganó. Trump también ha presionado a los republicanos de Texas para que redibujen sus mapas electorales y creen más distritos favorables al Partido Republicano.
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El Departamento de Justicia normalmente no “se embarca en expediciones de pesca” para encontrar leyes que puedan haberse infringido y ha operado tradicionalmente de forma independiente del presidente, dijo David Becker, exabogado del departamento que dirige la organización sin fines de lucro Center for Election Innovation and Research. “Ahora parece que está operando de manera diferente”, dijo.
El departamento respondió con un “sin comentarios” por correo electrónico a una lista de preguntas que la agencia AP envió sobre las comunicaciones con funcionarios estatales.
Las solicitudes a los estados varían y algunas son específicas
Oficinas electorales en Alaska, Arizona, California, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Utah y Wisconsin confirmaron a AP que recibieron cartas de la división electoral solicitando sus listas estatales de registro de votantes. Al menos otro estado, Oklahoma, recibió la solicitud por teléfono.
Muchas solicitudes incluían preguntas básicas sobre los procedimientos que usan los estados para cumplir con las leyes federales de votación, como por ejemplo cómo identifican y eliminan registros duplicados o de personas fallecidas o no elegibles para votar.
Algunas preguntas eran más específicas y hacían referencia a datos o supuestas inconsistencias de una encuesta reciente de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, según una revisión de varias de las cartas realizada por AP.
El Departamento de Justicia ya ha presentado una demanda contra la junta electoral estatal de Carolina del Norte alegando que no cumplió con una parte de la ley federal Help America Vote Act relacionada con los registros de votantes.
Es probable que haya más solicitudes
Hay señales de que el departamento aún no ha terminado. Según Maria Benson, portavoz de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS), el organismo informó que “eventualmente se contactará a todos los estados”.
La organización ha pedido al departamento participar en una reunión virtual de su comité electoral para responder preguntas sobre las cartas, dijo Benson. Algunos funcionarios han expresado preocupación sobre cómo se utilizarán y protegerán los datos de los votantes.
Funcionarios electorales en al menos cuatro condados de California —Los Ángeles, Orange, San Diego y San Francisco— dijeron que el Departamento de Justicia les envió cartas solicitando los registros de las listas de votantes. Estas cartas pedían el número de personas eliminadas por ser no ciudadanas y sus historiales de votación, fechas de nacimiento y números de identificación.
Funcionarios en Arizona, Connecticut, Michigan, Nevada, Nuevo México, Rhode Island y Wisconsin confirmaron a AP que recibieron un correo electrónico de dos abogados del departamento solicitando una llamada sobre un posible “acuerdo de intercambio de información”.
El objetivo, según varias copias de los correos revisadas por AP, era que los estados proporcionaran al gobierno información sobre casos de fraude electoral para ayudar al Departamento de Justicia a “hacer cumplir las leyes electorales federales y proteger la integridad de las elecciones federales”. Uno de los remitentes era un asesor principal de la división criminal.
Los correos electrónicos hacían referencia a la orden ejecutiva sobre elecciones emitida por Trump en marzo, que en parte ordena al fiscal general celebrar acuerdos de intercambio de información con funcionarios electorales estatales “en la mayor medida posible”.
Funcionarios electorales estatales escépticos analizan cómo responder
En varios estados que recibieron solicitudes de sus listas de registro de votantes, las autoridades no han respondido. Algunos dijeron que estaban revisando las solicitudes.
En otros casos, los estados proporcionaron versiones públicas de las listas, con información personal como números del Seguro Social tachados. En otros, respondieron a preguntas sobre procedimientos, pero se negaron a entregar las listas.
En Minnesota, la oficina del secretario de Estado, Steve Simon, demócrata, dijo que la agencia federal no tiene derecho legal a la información.
En una carta del 25 de julio a la sección de votación del Departamento de Justicia, el abogado general de Simon, Justin Erickson, indicó que la lista “contiene información personal de varios millones de personas”. Añadió que la oficina tiene obligaciones legales federales y estatales de no divulgar ninguna información de la lista estatal a menos que la ley lo exija expresamente.
En una carta reciente, legisladores republicanos del estado instaron a Simon a cumplir con la solicitud federal como una forma “de proteger los derechos de voto de los ciudadanos de Minnesota”.
La secretaria de Estado de Maine, la demócrata Shenna Bellows, dijo que la solicitud de la administración excedía las competencias del gobierno federal y que el estado no la cumplirá. Aseguró que hacerlo violaría la privacidad de los votantes. “El departamento no tiene derecho a saberlo todo sobre usted solo porque quiera”, dijo Bellows.
Algunas solicitudes del Departamento de Justicia son cuestionables, según abogados
No hay nada intrínsecamente problemático en que el Departamento de Justicia solicite información sobre los procedimientos estatales o que los estados la faciliten, dijo Justin Levitt, exsubsecretario adjunto de Justicia y profesor en la Facultad de Derecho de Loyola.
Pero las solicitudes de datos de registro de votantes son más problemáticas, señaló. Esto se debe a la Ley de Privacidad de 1974, que establece normas estrictas sobre la recopilación de datos por parte del gobierno federal. La ley exige que el gobierno publique un aviso en el Registro Federal y notifique a los comités del Congreso correspondientes cuando busque información personal identificativa de los individuos.
Becker añadió que no existe ninguna ley federal que obligue a los estados a cumplir con solicitudes de datos personales sensibles sobre sus residentes. Agregó que, aunque el contacto sobre acuerdos de intercambio de información era en gran parte inocuo, la participación de un abogado penalista podría percibirse como intimidante. “Es comprensible que la gente se preocupe”, declaró.
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