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Asilo Político

Jueza determina que rechazar solicitantes de asilo en la frontera es inconstitucional

La regla no escrita de rechazar a solicitantes de asilo en la frontera viola la Constitución de Estados Unidos, dijo el jueves una jueza federal de Distrito de San Diego (California), en respuesta a una demanda presentada por la organización sin fines de lucro Al Otro Lado y 13 inmigrantes.
3 Sep 2021 – 11:10 AM EDT
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La política no escrita de rechazar a solicitantes de asilo en la frontera es “inconstitucional”, dijo el jueves una jueza federal de Distrito de San Diego (California), en respuesta a una demanda presentada por la organización sin fines de lucro Al Otro Lado y 13 inmigrantes.

La norma, implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la frontera sur, permite a agentes federales medir o evaluar a extranjeros que vienen en busca de asilo y negarles la entrada.

La cuestionada política, basada en la discrecionalidad otorgada a los agentes federales por el DHS, viola la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda, dijo la jueza Cynthia Bashant.

En la práctica, la regla vigente deniega a los inmigrantes una oportunidad de pedir asilo en la frontera hasta que haya espacio para procesar una solicitud formal, siendo que el asilo se trata de un recurso legal disponible aprobado por el Congreso.

Si bien el dictamen no tiene un impacto inmediato, la decisión del tribunal puede impedir al gobierno, en este caso a los agentes del DHS, limitar o coartar el ingreso de solicitantes de asilo bajo el amparo que no existen recursos disponibles.

“¡La política de la era Trump que hizo retroceder a miles de solicitantes de asilo ha sido declarada inconstitucional!”, dijo la organización Al Otro Lado en su cuenta de la red social Twitter.


El grupo dijo que la demanda fue presentada en 2017 contra el DHS por la política ilegal que había implementado la Patrulla Fronteriza (CBP) en la frontera con México, y cuyo objetivo era “rechazar a los solicitantes de asilo”.

“Después de cuatro años de litigio, nuestros abogados argumentaron ante un tribunal de distrito para declarar ilegal esta práctica” y con el propósito de “ponerle fin definitivamente de una vez por todas”, agregó.

Detalles del fallo

En el dictamen (de 45 páginas) la jueza Bashant halló que la "acción” de los agentes del CBP de hacer retroceder a los solicitantes de asilo que llegan a los puertos de entrada, violaba sus obligaciones de inspeccionar y luego remitir a los solicitantes de asilo.

La medida fue implementada por primera vez durante los últimos meses del gobierno de Obama en el puerto de entrada de San Ysidro, en 2016, como parte de las medidas de contención del Ejecutivo para detener la afluencia de inmigrantes haitianos huían de su país en busca de asilo en Estados Unidos, según un reporte del sitio Courthousenews.com.

En junio de 2014 Obama reconoció la existencia de una crisis en la frontera con México tras la detención, en lo que iba del año fiscal, de unos 46,000 Menores No Acompañados e igual número de Unidades Familiares, la mayoría centroamericanos que huían de sus países a causa de la pobreza, la violencia y el narcotráfico.

La crisis había sido advertida un año antes por las Naciones Unidas. Siete años después, la crisis persiste en la frontera sur y las causas que la generan no han desaparecido.

“El expediente contiene evidencia indiscutible de que en 2016, 2017 y 2018 los agentes de CBP no cumplieron con sus deberes estatutarios discretos de inspeccionar y referir a los solicitantes de asilo para comenzar el proceso de asilo una vez que llegaron a los puntos de interés”, se lee en el dictamen.

“En cambio, los acusados colocaron al personal de la CBP en la línea límite para 'rechazar' o 'hacer retroceder' a los solicitantes de asilo cuando llegaran a los puntos de interés”, agregó.

La jueza dijo además que “dar marcha atrás” o “medir” a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada hace que buscar protección a través de los canales legales apropiados sea más difícil que si un inmigrante ingresara al país ilegalmente”.

Detalles de la demanda


‘Al Otro Lado’ atiende a deportados, migrantes y refugiados indigentes en Los Ángeles y Tijuana, junto con solicitantes de asilo individuales y valientes que experimentaron la conducta ilegal de CBP de primera mano. En la demanda, argumentan que la CBP ha utilizado una variedad de tácticas -incluyendo tergiversación, amenazas e intimidación, abuso verbal y fuerza física, medición y coerción- para negar a los solicitantes de asilo de buena fe la oportunidad de presentar sus reclamos.

Un informe del American Immigration Council (AIC) revela que en abril de 2018, el gobierno emitió una guía que formaliza y enfoca la política de retorno a través de una política de medición. Según esta, “los funcionarios de CBP afirman una falta de capacidad y se niegan a inspeccionar y procesar a los solicitantes de asilo, lo que los obliga a esperar en México”.

La demanda alega además que la negativa de CBP a permitir que los solicitantes de asilo accedan al proceso de asilo “viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda.

Bashant dijo que dar la espalda a los solicitantes de asilo “viola sus derechos” al debido proceso garantizados por la Quinta Enmienda porque los funcionarios de inmigración retuvieron ilegalmente sus deberes de inspeccionar y procesar a los miembros de la clase.

El fallo ordena que las partes presenten al tribunal información adicional sobre qué reparación debería instituir el tribunal antes del 1 de octubre.


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