Crisis económica

Con un decreto, el gobierno de Venezuela militariza la distribución de alimentos y limita al Parlamento

Este lunes, se dio a conocer la orden presidencial con la que Maduro pretende mejorar la economía del país petrolero dándole poder a la Fuerza Armada y aprobando medidas sin el aval de otros Poderes Públicos.
17 May 2016 – 9:50 PM EDT

CARACAS, Venezuela.- El gobierno de Venezuela decretó que los militares pueden involucrarse en los procesos de producción y distribución de alimentos y, al mismo tiempo, limitó las facultades de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, en medio de una fuerte crisis económica.

“Si esto no es un autogolpe, se le parece muchísimo”, advierte a Univision Noticias Rafael Uzcátegui, director de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

La orden presidencial permite que Maduro disponga modificaciones del presupuesto nacional, y apruebe y suscriba contratos para obtener financiamiento o manejar los recursos estratégicos del país, sin pasar por la mandatoria aprobación de otros Poderes Públicos, como el Parlamento. También podrá dejar sin efecto las sanciones impuestas contra funcionarios públicos por parte de la Asamblea cuando éstas "obstaculicen" las medidas económicas.

“Ahora ya no habría necesidad de hacer formalmente una derogación de la AN, le está quitando todas las competencias”, alerta Uzcátegui.

Para justificar la firma del decreto, Maduro destaca en el preámbulo que el Parlamento “ha pretendido el desconocimiento de todos los Poderes Públicos, promocionando particularmente la interrupción del periodo presidencial”. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) inició el proceso para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro a través de un referendo.


"Combate" a la distorsión

El primer punto del decreto establece que el presidente podrá aplicar “las medidas necesarias para que el sector público asegure el apoyo del sector productivo privado”, con la finalidad de combatir las “conductas económicas distorsivas”.

El portavoz de Provea señala que esa disposición allana el camino para profundizar los ataques del Gobierno contra el sector empresarial, en particular, luego de las recientes amenazas de Maduro con tomar las plantas industriales que estén paralizadas.

El decreto es publicado en Gaceta Oficial en momentos en que Venezuela atraviesa una grave crisis económica, con una inflación anualizada de más de 100% y una escasez de productos básicos que se ha agudizado al punto de que en el país –con las reservas petroleras más grandes del mundo– no se consigue jabón para bañarse, azúcar, leche, ni medicinas de cualquier tipo.

Los venezolanos han optado por hacer largas colas en los automercados para poder comprar alimentos que a veces ni siquiera consiguen. Esto ha generado distintas protestas y saqueos.

El estado de emergencia y de excepción, como se conoce el decreto, se prorroga por segunda vez en momentos en que la mayor empresa de alimentos del país, Polar, paralizó la producción de malta y cerveza por falta de divisas, dado el estricto control cambiario. Además, ha alertado sobre la falta de materias primas para elaborar alimentos de la cesta básica.

Una "arquitectura represiva"

El Jefe de Estado también incluyó en el decreto la posibilidad de “dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública" para garantizar el orden "ante acciones desestabilizadoras”.

“El Gobierno está previendo que la situación se agravará y que esto generará una serie de movilizaciones populares, razón por la cual está levantando una arquitectura represiva para neutralizar la protesta”, denuncia Uzcátegui.

Por su parte, el diputado opositor y economista José Guerra llamó la atención sobre el hecho de que los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), entes recién creados en abril, se encarguen junto con la Fuerza Armada (FANB) de la “correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad”.

“En realidad, el poder de fuego de la FANB se utiliza para disuadir cualquier protesta dado que los problemas de orden público están creciendo”, señala Guerra, miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, reconoció que en Semana Santa se registraron 21 saqueos. El independiente Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó, por su parte, que solo en el primer trimestre de este año se registraron 107 eventos de ese tipo.

Guerra sostiene que involucrar a los militares y los militantes del partido oficial en la repartición de los alimentos, incrementará la tensión social. “Incluir a militantes del chavismo se presta para la discriminación, mientras que la FANB puede terminar siendo vista como el enemigo del pueblo por la agudización de la escasez”, apunta el economista.

El parlamentario admite que el decreto ata de manos al Poder Legislativo y comenta que debido a la ambigüedad de su redacción, “deja un abanico de opciones inmensas para que Maduro haga lo que quiera sin ningún control”.

Los CLAP, según el decreto, también tendrían la potestad de "mantener el orden público y garantizar la soberanía en el país", actuando a la par de la fuerza militar y de las policías locales y nacionales.

El decreto dado a conocer este lunes profundiza normas dictadas en el estado de emergencia lanzado en enero pasado, el cual fue rechazado por la Asamblea Nacional pero avalado por el Tribunal Supremo de Justicia. El presidente había adelantado que este decreto sería "más completo" que el firmado a inicios del año.


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