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Honduras

Asesinato de Berta Cáceres: por unanimidad hallan culpable a ejecutivo de una hidroeléctrica de Honduras

Roberto David Castillo, gerente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y exmilitar hondureño, es el octavo sentenciado por el asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres, quien se oponía a un proyecto que desarrollaba esa compañía en territorio indígena.
6 Jul 2021 – 10:28 AM EDT
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El gerente general de una empresa hidroeléctrica en Honduras se convirtió en el octavo sentenciado por el asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres, quien fuera una férrea opositora al proyecto que desarrollaba esa compañía en territorio indígena.

"Roberto David Castillo ha tenido participación en la presente causa como coautor en el delito de asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres", dijo una juez al leer la sentencia en audiencia oral pública este lunes.


El tribunal convocó para el 3 de agosto la audiencia que definirá los años de prisión para Castillo, gerente general de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y exmilitar hondureño egresado de la escuela militar estadounidense West Point.

Según un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, el Código Penal establece una pena de 20 a 25 años de prisión para ese tipo de delitos, comprobado con las evidencias aportadas por la fiscalía.

Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada por encargo de DESA al oponerse con manifestaciones a la construcción de la hidroeléctrica en el río Gualcarque por parte de esa empresa, precisó la sentencia.

El asesinato

Otra hija de Cáceres y actual coordinadora del Copinh, Berta Zúniga, destacó que "Roberto Castillo es pieza clave para llegar a los autores intelectuales del crimen".

"Ese fallo es una manifestación de justicia reclamada popularmente, demuestra que la estructura empresarial no logró su cometido" de salvar a Castillo de la condena, declaró a su turno el abogado de la familia y Copinh, Víctor Fernández.

Cáceres fue asesinada a tiros la medianoche del 2 de marzo de 2016 por hombres que entraron a su casa en la comunidad occidental de La Esperanza, donde también hirieron de bala a un ciudadano mexicano que la acompañaba esa noche en otra habitación de la vivienda.

Castillo fue capturado el 2 de marzo de 2018 como presunto autor intelectual del asesinato. Según la fiscalía, el exmilitar y dos ejecutivos de DESA, que están entre los cinco sentenciados, contrataron a los sicarios que mataron a la ambientalista.

Los propietarios de la compañía son prominentes banqueros con grandes influencias en el país centroamericano.

Repercusión

Miembros del Copinh, que habían instalado un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia para esperar el fallo, celebraron la decisión con petardos, cantos y bailes.


"Importante trabajo en equipo de todos los que colaboraron activamente con dedicación y esfuerzo en búsqueda de la verdad como una norma fundamental", escribió en Twitter el fiscal general, Oscar Chichilla.

En la audiencia se reveló el contenido de comunicaciones telefónicas que hubo entre Castillo y otras siete personas que ya fueron sentenciados en diciembre de 2019 a entre 30 y 50 años de prisión por el asesinato de la ambientalista, ganadora del Premio Goldman de medioambiente 2015.

La decisión del tribunal "es un granito de arena en la justicia por el asesinato de mi madre", dijo Laura Zúniga. "Hoy nos sentimos alegres. El pueblo hondureño está harto de tanta impunidad y muerte", agregó.

"Falta el siguiente escalón", subrayó. La familia de Cáceres y la dirigencia del Copinh exigen a la justicia el castigo de Castillo y de los socios de DESA, miembros de influyentes familias de banqueros en el país.

La organización humanitaria Oxfam expresó este lunes su "satisfacción" por la sentencia. "Con este fallo, se espera que se adopten medidas adecuadas para evitar que estos hechos se repitan y garantizar que los y las defensoras del territorio puedan realizar su trabajo sin ser criminalizadas o criminalizados", indicó Oxfam en un comunicado.

"Este es un paso importante en la lucha por la justicia para Berta y su familia", indicó la directora de Oxfam Internacional, Gabriela Bucher.

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