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Derechos Reproductivos

Departamento de Justicia pide a un juez que bloquee temporalmente la aplicación de la ley antiaborto de Texas

Abogados del gobierno pidieron a un juez federal de distrito que dicte una orden de restricción temporal o un requerimiento judicial preliminar con el objeto de impedir que entre en vigor la restrictiva ley contra el aborto aprobada en Texas, mientras se resuelve la controversia de fondo.
15 Sep 2021 – 06:35 AM EDT
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El Departamento de Justicia (DOJ) solicitó este martes a un juez federal que emita una orden de restricción temporal o un mandato judicial para bloquear la aplicación de la controversial ley de Texas que prohíbe los abortos después de unas seis semanas de embarazo, antes de que las mujeres sepan que están embarazadas, sin excepciones por violación o incesto.

A última hora del martes, el DOJ acusó a Texas en una presentación judicial de adoptar una ley "para impedir que las mujeres ejercieran sus derechos constitucionales".

En la moción de emergencia presentada ante el tribunal para el Distrito Occidental de Texas, División de Austin, el gobierno federal dijo que "un tribunal puede dictar una orden de restricción temporal o un requerimiento judicial preliminar como medio de prevenir el daño al demandante antes de que el tribunal pueda adjudicar plenamente las reclamaciones en disputa".

El caso fue asignado al juez de distrito Robert Pitman.


Se trata de una nueva acción judicial del gobierno de Biden, después de que demandara al estado la semana pasada para intentar bloquear la ley de aborto más restrictiva del país, conocida como Proyecto de Ley 8 que prohíbe el procedimiento a partir de las seis semanas de embarazo y permite a los ciudadanos privados emprender acciones legales contra cualquiera que ayude a una mujer a interrumpir su embarazo.

La ley indica que los particulares que denuncien un aborto pueden recibir una indemnización de 10,000 dólares si sus demandas tienen éxito. Pueden demandar a los proveedores de abortos, a los trabajadores de las clínicas o a quienes ayuden a una mujer a pagar el procedimiento o a llevarla a una clínica.

"Estados Unidos tiene la autoridad para pedir una reparación a este tribunal contra el Estado de Texas, especialmente a la luz de los obstáculos procesales que Texas erigió para proteger la S.B. 8 del escrutinio judicial en las demandas de las personas directamente afectadas", argumentaron los abogados del gobierno en la petición al juez.

Alegan que la ley ha "perjudicado grave e irremediablemente la capacidad de las mujeres para ejercer su derecho constitucional al aborto en todo el Estado".


"Cuando otros Estados han promulgado leyes que restringen los derechos reproductivos en la medida en que lo hace la S.B. 8, los tribunales han prohibido la aplicación de las leyes antes de que pudieran entrar en vigor. En un esfuerzo por evitar ese resultado, Texas ideó un plan sin precedentes que pretende negar a las mujeres y a los proveedores la posibilidad de impugnar la S.B. 8 en un tribunal federal. Este intento de proteger una ley claramente inconstitucional de la revisión no puede sostenerse", agrega el DOJ.

Los proveedores de servicios de aborto han dicho que cumplirán la ley, pero algunas de las dos docenas de clínicas de Texas han dejado de ofrecer servicios de aborto temporalmente. Las clínicas de los estados vecinos, por su parte, han visto un aumento de pacientes procedentes de Texas.

La polémica por la ley antiabortos de Texas produce en un momento en el que la Corte Suprema tiene previsto abordar un caso relativo a la prohibición de las 15 semanas en Mississippi, que supone un desafío directo a la sentencia Roe v. Wade. que marcó un hito en 1973 al garantizar el derecho al aborto e impedir que los estados impongan cargas indebidas a esa decisión. Muchos defensores del derecho al aborto consideran que la ley de Texas es la mayor amenaza a la Roe v. Wade.

Una docena de otros estados han aprobado leyes que prohíben los abortos después de unas seis semanas de embarazo. Pero los jueces federales han impedido que esas medidas entren en vigor, al considerar que las leyes son incompatibles con Roe v. Wade.

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