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Deportaciones

Nueva ola pandémica frena planes para detener deportaciones aceleradas en la frontera

La oleada de infecciones por coronavirus y el avance de la variante delta, que predomina en casi todos los estados, afecta los planes del gobierno de abrir la frontera y poner fin a la vigencia Título 42, una vieja regla activada durante la Administración de Trump.
29 Jul 2021 – 12:20 PM EDT
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La nueva oleada de infecciones por coronavirus y el avance de la variante delta, que predomina en casi todos los estados del país, está afectando los planes del gobierno de Joe Biden de abrir la frontera y poner fin a la vigencia del Título 42 del Código de Estados Unidos, que permite la deportación acelerada de extranjeros por razones de seguridad sanitaria.

Este jueves gobiernos estatales y empresas se apresuran a cambiar de dirección luego que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaran una nueva recomendación federal para que se vuelva a imponer el uso de mascarillas en focos de contagio del virus, debido a un drástico aumento de casos y hospitalizaciones de covid-19 a nivel nacional, de acuerdo con un reporte de The Associated Press.

El diario The Washington Post, por su parte, dijo que el freno también obedece a un aumento de las infecciones a lo largo de la frontera con México, donde desde diciembre del año pasado se registra una crisis con la llegada de miles de migrantes, principalmente centroamericanos.

“El gobierno ahora teme que se le culpe por el resurgimiento de una pandemia agravada por la afluencia fronteriza”, apuntó el periódico.

Planes truncados

El pasado 21 de junio Univision Noticias reportó que el gobierno estudiaba poner fin a la aplicación del Título 42 del Código de Estados Unidos, una vieja política de 1944 que fue activada el año pasado como parte de las medidas para contener la propagación del coronavirus.

La medida permite, por razones de seguridad sanitaria pública, negar la entrada de ciertos extranjeros y proceder a su expulsión acelerada, incluso de quienes huyen de sus países y llegan en busca de asilo, un recurso legal disponible.
Reportes de prensa indicaban El domingo el sitio Axios reportó que el presidente Joe Biden fue informado sobre el plan de eliminación de la regla, y que esta podría ser desactivada antes del 31 de julio.

La Casa Blanca no negó el informe y dijo a Univision Noticias que "no vamos a adelantarnos a una decisión de los CDC y al proceso involucrado" en su implementación. Señaló además que, por ahora, "no tenemos una nueva política que anunciar en lo que respecta al Título 42, no ha habido cambios".

Cinco semanas más tarde funcionarios dijeron al Post que debido al aumento de las infecciones por covid-19 en México y a lo largo de la frontera sur, los planes de levantar la regla de salud pública han sido suspendidos.

Criticas republicanas

Mientras el gobierno ajusta sus políticas para combatir y detener la propagación del covid-19, los republicanos reiteran sus criticas a la Administración de Biden y argumentan que la eliminación de la política migratoria de tolerancia cero de Donald Trump se ha convertido en una amenaza no solo para la seguridad nacional, sino para la salud pública.

“Cambiar las políticas migratorias del expresidente Trump solo por cambiarlas o por razones políticas, no siempre funciona”, dijo a Univision Noticias una fuente republicana que pidió el anonimato porque no está autorizada a hablar con los medios. “Y tristemente es la comunidad la que termina pagando los platos rotos”, agregó.

A finales de junio Trump realizó un viaje a la frontera entre Texas y México, donde visitó un tramo del muro construido durante su mandato y aprovechó la ocasión de criticar la política migratoria de Biden.

Entre ellas, fustigó la reinstauración de política del ‘catch and release’ (liberar y soltar), que data de los años 90 y se trata de una regla básica del debido proceso migratorio vigente tanto en la frontera con México como en el interior del país.

Trump insiste en el mismo discurso esgrimido durante su presidencia: que los inmigrantes son criminales y se les debe prohibir el ingreso. Pero Biden reitera que el proceso migratorio, aprobado por el Congreso, debe prevalecer y el Ejecutivo no debe alterarlo, sino protegerlo y permitir que las instancias que participan en el actúen con base a la ley.

Deportaciones aceleradas

En medio de la disputa por la prevalencia de la política migratoria en la frontera, el lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la “reanudación de la deportación acelerada de determinadas unidades familiares” (Expedited Removal), que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42 porque “no tienen una base bajo la ley para estar en Estados Unidos”.

De acuerdo con la explicación del DHS, el blanco de la medida son todos aquellos extranjeros que “intentan cruzar a Estados Unidos entre puertos de entrada o eludir la inspección en los puertos de entrada, la manera incorrecta de llegar y entrar al país". Estos actos son peligrosos y pueden tener consecuencias migratorias a largo plazo para las personas que intentan hacerlo”, advirtió el ministerio.

La deportación expedita “fue aprobada por el Congreso en 1997 durante el gobierno de Bill Clinton”, explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona). El reglamento, actualizado en 2001, señala que se aplica a los extranjeros inadmisibles “únicamente” bajo la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

El reglamento indica que se trata de un cargo “especialmente difícil de sostener, a menos que el caso involucre obviamente documentos fraudulentos o falsificados”. Añade que tergiversación “es aún más difícil de determinar”. Y que se debe tener en cuenta que, si a un indocumentado se le determina que es inadmisible por fraude o tergiversación, “está prohibido para siempre entrar y/o permanecer en el país, con muy pocas exenciones disponibles”.

Lluvia de críticas

La permanencia del Título 42 así como la reinstalación de la deportación expedita (Trump la utilizó para afectar a la totalidad de inmigrantes que buscaban asilo con el pretexto de la pandemia), están siendo criticadas por defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes denuncian que ambas políticas han sido impugnadas por los tribunales y constituyen una amenaza para el debido proceso migratorio que Biden prometió restablecer y defender cuando llegó a la Casa Banca en enero.

"Devolver a las personas a los mismos peligros de los que estaban huyendo sin permitirles hacer oír sus reclamos, no es una mejor reconstrucción de la política migratoria en la frontera”, dijo Daniella Burgi-Palomino, codirectora del Latin America Working Group (LAWG). “Estamos profundamente decepcionados con la decisión de la Administración de Biden de regresar a la deportación acelerada en la frontera”.

“Las personas, las familias y los niños que huyen de la violencia selectiva, la corrupción, la pobreza y los desastres naturales necesitan protección con urgencia. Un sistema humano y acogedor en la frontera que procese a las personas y permita que presenten sus reclamos es posible. Instamos al gobierno que cumpla sus promesas de restablecer el acceso al asilo”, agregó.

A su vez, Ursela Ojeda, asesora de políticas del programa Migrant Rights & Justice en la Comisión de Mujeres Refugiadas, indicó que “el anuncio del gobierno nos deja indignados. Una vez más está adoptando prácticas basadas de disuasión en lugar de la bienvenida”.

“Seis meses después de su mandato, Biden continúa bloqueando ilegalmente a la mayoría de las personas que buscan, independientemente de su derecho a hacerlo, independientemente de dónde y cómo ingresen al país. Implementar ahora los mismos procesos acelerados para aquellos que se ven obligados a ingresar entre puertos de entrada es ignorar años de evidencia de que los funcionarios fronterizos no examinan adecuadamente a las personas por temor a regresar, arriesgando su regreso inmediato al peligro sin ningún recurso para proteger sus vidas”.

En medio de las criticas, el gobierno no cede y ahora teme que se le culpe por el resurgimiento de la pandemia, al tiempo que sigue aumentando el número de inmigrantes que llega a la frontera y trata de ingresar al país, ya sea por los puertos de entrada autorizados o entre puestos fronterizos.

“El caluroso abrazador verano reclama otra vida esta mañana. El viaje de un migrante terminó fatalmente en un vasto rancho en Falfurrias hoy”, escribió en su cuenta de la red social Twitter Brian Hastings, jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle del Río Grande (Texas).

Agregó que en un solo fin de semana los agentes del CBP detuvieron a cerca de 6,000 inmigrantes.

En otro post dijo que una persona había llegado a Estados Unidos “con un plan para ser patrocinada, sin saber que el amigo de la familia tenía antecedentes penales. Un delincuente sexual registrado que vivía en Oriville, California”.

Números preocupantes

De acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza, durante el mes de juni9o fueron detenidas más de 188,000 personas en la frontera con México, el mayor número en un solo mes en 21 años.

The Washington Post dice que en julio la cifra marcará un récord. Y que, si bien la mayoría de los migrantes adultos solteros serán devueltos a México bajo el Título 42, la mayoría de las familias (con niños menores) podrán buscar protección humanitaria bajo la ley, excepto en aquellos casos donde el gobierno determine que se trata de personas inadmisibles.

El problema, agrega, se genera en aquellos casos donde adultos y/o menores dan positivo al coronavirus, situación que mantiene a la frontera en estado de alerta, así como a las comunidades fronterizas afectadas por la pandemia.

Los casos de coronavirus en Estados Unidos, en las últimas semanas, han aumentado debido a la variante Delta y representan más del 80% de los casos de covid en el país, de acuerdo con registros proporcionados por las autoridades de salud.

A su vez, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advierte que el gobierno “enfrenta un desafío legal por las expulsiones familiares lideradas” y recordó que en febrero decidió pausar una demanda contra el gobierno para que las partes “pudieran intentar resolver o reducir la disputa, pero decidirá en los próximos días si reanuda la impugnación legal, dijo Lee Gelernt, subdirector del proyecto de derechos de inmigrantes de la ACLU citado por la agencia Reuter.

Las agencia agregó que, a juicio de la representante demócrata por California, Judy Chu, el gobierno “no tenía una justificación adecuada para expulsar a los solicitantes de asilo mientras permitía que cientos de miles de viajeros legales y otros migrantes atrapados en la frontera ingresaran a Estados Unidos”.

En enero, Chu y otros 59 legisladores demócratas pidieron a Biden poner fin a la política del Título 42 en la frontera.

“Nos preocupa la noticia de las expulsiones acelerada de familias migrantes con niños que buscan protección dentro de nuestras fronteras”, dijo Santiago Mueckay, gerente de relaciones con el gobierno federal de la organización Save the Children.

“La deportación expedita sin el debido proceso es una clara violación del derecho a solicitar asilo, yendo en contra de todo lo que hemos defendido”, precisó.

Mueckay dijo además que “instamos a la Administración Biden a revertir esta decisión y tratar a las familias y niños solicitantes de asilo de acuerdo con las normas de derechos humanos, con dignidad y respeto. Solo entonces podremos avanzar hacia un sistema de asilo más humano y justo”, concluyó.

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