Este 23 de diciembre entra en vigor la modificación de la regla de carga pública anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que eliminará algunas causales de inadmisibilidad para la obtención de la green card y otros beneficios migratorios disponibles. El abogado Ángel Leal explica en qué casos se considerará a un inmigrante como carga pública.
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Desde este viernes el gobierno comenzará a aplicar nuevos criterios para conceder la tarjeta verde y otros beneficios a no ciudadanos, descartando como causal de invalidación si en el pasado los solicitantes han recibido algún tipo de ayuda del estado. Aquí explicamos cuáles son los cambios en la norma.
La abogada Lyda Tyburec habló sobre la nueva regla de carga pública que entra en vigor este 23 de diciembre. Además, la experta explicó cuáles son los cambios que debe tener en cuenta la comunidad al llenar los formularios. "Si alguien ha presentado una aplicación por ajuste de estatus o de trabajo después del 9 de marzo del 2021, ya no tendrán que preocuparse por contestar esa parte", dijo Tyburec.
A partir del 23 de diciembre entra en vigor la nueva regulación de carga pública que permitirá a las familias inmigrantes de bajos recursos de California tener acceso a servicios de salud y programas federales.
Estos cambios entrarán en vigor a partir del 23 de diciembre y contemplan que familias inmigrantes podrán tener accesos a programas de asistencia sin que esto afecte sus procesos migratorios.
Recientemente la administración Biden emitió nuevas pautas para considerar a una persona como carga pública. “Si un inmigrante recibe recursos públicos en efectivo o asistencias institucionales del gobierno, como hogares de ancianos o servicios de enfermería especializada a largo plazo será considerada así”, dijo Claudia Tristán, directora de inmigración de Mamás con Poder. Además, la experta señaló que migrantes pueden usar servicios de nutrición y alojamiento, entre otros, sin temor.
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La nueva norma de la administración Biden, que entrará en vigor el 23 de diciembre, reduce la carga pública a dos casos: cuando el individuo recibe principalmente asistencia en efectivo como ingreso, o cuando requiere cuidados médicos a largo plazo y no cuenta con seguro.
Buscando mejorar la calidad de vida de los solicitantes de ciudadanía y otros estatus migratorios, el gobierno de Joe Biden aplicó cambios a la norma de ‘carga pública’. Franco Cruz, experto en migración, explicó que con estas modificaciones las personas que lo necesiten podrán solicitar la ayuda de programas como SNAP o Medicaid, sin que esto afecte sus opciones de legalizar su situación en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional emitió nuevas reglas sobre cómo determinar carga pública, por lo que un abogado de inmigración aclaró algunas de las dudas más comunes para que no pierdas los beneficios que tienes en Carolina del Norte.
La administración Biden decidió hacer una aclaración sobre la regla de carga pública para que residentes con un proceso migratorio activo sepan a qué beneficios federales pueden acceder. Víctor Nieblas, abogado especialista, explicó que, con esta notificación, los inmigrantes con estatus legal deben estar tranquilos, ya que podrán usar cupones de comida o recibir ayudas médicas sin que esto les afecte su intención de alcanzar la ciudadanía.
El gobierno de Joe Biden emitió esta semana una regla final sobre la carga pública, la cual beneficiará a muchos inmigrantes. “Es algo bueno porque les da la oportunidad a las personas de aplicar a la residencia sin tener el miedo de ser cancelados por ser carga pública o recibir ciertos beneficios del gobierno”, explicó el abogado Haim Vásquez, quien aclaró que este cambio entrará en vigor el 23 de diciembre. Conoce todos los detalles.
Silvia Mintz, abogada de inmigración, asegura que quienes están en un trámite migratorio no deben tener miedo de solicitar beneficios de salud y alimentación, ya que por esto no serán considerados una carga pública. Hijos de padres indocumentados, así como asilados y refugiados, también pueden pedir esta ayuda sin que esto traiga consecuencias negativas para ellos.
Según la abogada Silvia Mintz, los inmigrantes ahora podrán tener la confianza de acceder a beneficios necesarios como el cuidado de emergencia o comida en las escuelas para sus hijos, ya que esto no afectará procesos migratorios a futuro. De hecho, de acuerdo con esta nueva regla no se le puede negar la admisión o residencia permanente a quienes reciban auxilios no monetarios como SNAP, Medicaid o ayudas de vivienda, entre otros.
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Casi 20 meses después de anular todo intento por mantener vigente la regla de carga pública del expresidente Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este jueves que está lista una nueva Regla Final (RFI) y que será publicada este viernes en el Registro Federal (diario oficial estadounidense).
Ante la inflación, muchas familias en Austin recurren a ayudas financieras públicas pero esto causa temor por convertirse en carga pública. Una abogada de inmigración explica a qué se refiere esta ley y cuáles son las ayudas que entran en este concepto.
La carga pública es una regla en materia de inmigración para aquellos que solicitan la residencia permanente, por lo que muchas personas que requieren ayuda no aplican a programas por miedo, sin embargo, existen opciones que no entran en la categoría de “carga pública”, te explicamos cuáles son.
Varios estados liderados por republicanos desafiaron en la corte la decisión del presidente Biden de cancelar la regla de carga pública, instaurada por Trump, que ponía en riesgo la residencia permanente de los migrantes que solicitaran beneficios públicos. Sin embargo, tras el fallo de la Corte Suprema “se confirma que las familias inmigrantes tienen derecho a pedir ciertos beneficios del gobierno sin que impacte su caso migratorio”, afirma Claudia Tristán, de la organización Mamás con Poder.
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Los magistrados del máximo tribunal de justicia rechazaron por "imprudente" un pedido hecho por Arizona y otros 12 estados gobernados por republicanos en contra del cambio del presidente Joe Biden, que regresó la regla a la de 1999 y desmanteló los obstáculos para que inmigrantes pobres logren la residencia legal.
Diversas familias han visto afectadas sus finanzas por la crisis del coronavirus y la inflación, sin embargo, muchas de ellas no aplican a programas de ayuda por miedo a que esto perjudique sus casos con inmigración. El abogado Haim Vásquez explicó que "el gobierno ha dado la oportunidad de aclarar lo que es o no una carga pública al momento de evaluar los procesos. Cualquier ayuda médica puede ser obtenida, así como vacunas y asistencia económica por la pandemia".
La Oficina de Ciudadania y Servicios de Innigración busca reducir los miedos en la comunidad inmigrante y reitera que la regla vigente de carga pública es la misma de 1999, que permite acceso a ciertas ayudas legales disponibles sin que ello afecte posteriormente el trámite para obtener la residencia legal permanente.