El mandatario, en la rendición de cuentas sobre el Estado de la Unión, reconoció que la crisis migratoria por la que atraviesa el país no será resuelta si el Congreso no resuelve de manera bipartidista la aprobación de fondos para encarar problemas que amenzan la seguridad nacional.
Los investigadores del American Immigration Council (AIC) indicaron además que a principios de febrero “ICE tenía bajo custodia a 20,892 personas en 122 centros de detención de inmigrantes, prisiones privadas, cárceles de condados y otros entornos carcelarios en todo el país”.
La nueva fase incluye unos $950 millones que serán destinados a “comunidades desatendidas donde el financiamiento puede tener los mayores impactos de desarrollo y reducción de la migración”, dice la oficina de la vicepresidenta Kamala Harris.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció el problema y dijo que estaba trabajando con otras agencias para corregir las dificultades y asegurar que todos los inmigrantes afectados reciban las Notificaciones de Comparesencia (NTA) y acudan a sus citas ante un juez de inmigración.
Según los registros del gobierno, dependencias y organizaciones que participan en el programa, advierten que unas 998 familias siguen separadas y unas 148 están en proceso de ser reunificadas en Estados Unidos. Se trata de uno de los capítulos más oscuros de la política migratoria de 'tolerancia cero' del gobierno anterior.
Más de 16,000 abogados y profesores universitarios piden al Congreso y la Administración Biden tomar medidas inmediatas no solo con el propósito de revisar la situación y garantizar un proceso de asilo humano y ordenado para quienes llegan en busca de protección, sino para mejorar la totalidad de un sistema que se encuentra roto.
Luego de que 20 estados demandaron la
expansión del programa de asilo político para inmigrantes venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses, alegando que no es legal, activistas señalan algunos de los beneficios de dicha política.
Las personas provenientes de estos dos países que ingresan bajo el parole humanitario anunciado por el presidente Biden, son tratados como "si fueran refugiados y califican para los beneficios del programa de refugiados”. Algunos abogados creen que "se les recibe con más privilegios. Eso discrimina a los demás".
Medios reportaron que la subdirectora de la escuela secundaria Mount Pleasant, ubicada en Rhode Island, envió un correo electrónico a sus colegas pidiéndoles “donaciones” para completar una deuda adquirida por un alumno con un ‘coyote’ (traficante de personas) que lo trajo a Estados Unidos.
Más de 70 congresistas demócratas firmaron una carta pidiéndole al presidente Joe Biden que anule las nuevas restricciones de asilo para migrantes de Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba. Sin embargo, la Casa Blanca ha dicho que esta política sí está funcionando y el Departamento de Seguridad Nacional informó que desde la implementación de esta medida se ha reportado una significativa disminución de los cruces irregulares de personas de estos países por la frontera.
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En los dos primeros años de gobierno Joe Biden ha emprendido más acciones ejecutivas que su antecesor Donald Trum para recuper el debido proceso. Pero los esfuerzos encaminados por la Casa Blanca se ven opacados por el tamaño de la crisis en la frontera, un problema que en vez de achicarse se agrandó en 2022.
"Por lo pronto, los republicanos ya enfilaron sus cañones hacia el Secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, con la intención de destituirlo, aunque el proceso tenga el efecto de poner en peligro la seguridad del país, como concluyó un reciente reporte de America’s Voice".
Los demócratas recuerdan al presidente que hace cuatro décadas el Senado codificó por unanimidad las protecciones de la Convención de Refugiados de 1951. Y que el Congreso “también dejó en claro que buscar asilo en la frontera, ya sea en un puerto de llegada designado o no, es legal”.
Según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los encuentros diarios con migrantes en la frontera se han reducido a más de la mitad durante enero en comparación con diciembre. Por su parte, lideres de albergues en ciudades como Phoenix, Arizona, también han notado una reducción de la cantidad de personas que llegan a solicitar ayuda temporal y autoridades fronterizas en Yuma dicen estar viendo menos migrantes que acuden a presentarse para pedir pedir asilo.
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Hace más de 10 días
se lanzó la app “CBP One” para que los migrantes puedan tramitar una cita de solicitud de asilo y aunque después de mucho batallar, algunos lo han conseguido, la mayoría se enfrenta a problemas de saturación y la barrera del idioma, entre otros.
En la demanda de 39 páginas presentada ante la Corte de Distrito del Sur de Texas, en Victoria, los estados alegan que el gobierno creó un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso.
USCIS dijo que para solicitar un permiso de trabajo basado en la categoría de elegibilidad (c) (8) (asilados) se puede presentar el formulario I-765 en un lapso de 150 días después de haber presentado la solicitud de asilo, es decir, el formulario I-589. En ningún caso puede presentarse antes.
Activistas y organizaciones en la frontera, señalan que migrantes de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela que son expulsados de Estados Unidos, son enviados a Nogales y posteriormente a Hermosillo, con el fin de desalentar su aplicación de asilo a través de “CBP One”.
El controvertido proyecto de ley requiere que el DHS “suspenda la entrada de cualquier indocumentado (ciudadano no estadounidense sin documentos de entrada válidos)" durante cualquier período en el que el este departamento no pueda detener a dicha persona o deportarla a un país extranjero contiguo a Estados Unidos.
El número de casos sigue acumulándose en los tribunales. Los expertos advierten que en promedio, los casos se demoran más de 4 años, una espera que al final del día puede desaparecer o debilitar los argumentos que motivaron la búsqueda de asilo político en EEUU.