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Colombia

Vuelven a pedir justicia (y más movilizaciones) en Colombia tras las presuntas violaciones de derechos humanos

Activistas y organizaciones de derechos humanos sostienen que la represión a los manifestantes también se ha dado por presuntos policías vestidos de civil y paramilitares armados, quienes entran a las manifestaciones acompañados por los uniformados y después comienzan a disparar a los jóvenes. Esto ha quedado documentado en múltiples videos captados por los mismos manifestantes.
27 Jul 2021 – 04:56 PM EDT
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Con motivo de la celebración de los 211 años de la Independencia en Colombia el pasado 20 de julio, distintos sectores de la población llamaron a nuevas movilizaciones en todo el país, en las cuales se retomaron las demandas de justicia ante las presuntas violaciones graves a los derechos humanos de jóvenes, cometidas por la Fuerza Pública en el marco del Paro Nacional.

El gobierno colombiano está asesinando, mutilando, violando, arrestando arbitrariamente y desapareciendo a los jóvenes de barrios populares que levantan la voz, asegura el abogado Rubén Darío Acosta Ortiz, director del Centro de Estudios Jurídicos Latinoamericanos, con sede en Bogotá, y uno de los coordinadores de Primera Línea Jurídica (PLJ).

PLJ es una red de más de 3,000 abogados voluntarios en todo el país, cuyo objetivo es brindar atención gratuita a las víctimas de violaciones a derechos humanos en el marco del Paro Nacional.


Uno de tantos casos a los que la PLJ le está dando seguimiento es el del afrodescendiente Santiago Moreno Moreno, quien nació en Cali, a las 3:00 a.m. del 1 de enero de 1998, en el Hospital Universitario del Valle (HUV). “Los primeros caleñitos de 1998”, así lo anunció el periódico Occidente. Tan solo 23 años después, Santi volvió a aparecer en el periódico: “Niño Santi murió en el parque de Jovita”. Lo asesinó presuntamente un policía.

“Santi fue el primer niño en nacer en Cali en 1998”, narra Sandra Moreno Valdés, su madre. “Cuando me pusieron a mi hijo en el pecho, yo sentí la mayor felicidad de mi vida, fue un sentimiento de amor tan grande que es inimaginable. Y qué irónico, en el mismo hospital, cuando partió mi hijo, sentí que algo se me salía de las entrañas, sentí que algo se me salió del vientre y me dejó un vacío que nunca podré llenar”.

Recientemente, Santi había concluido su servicio militar y deseaba estudiar energía solar en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El sábado 1 de mayo de 2021 salió de su casa rumbo a Loma de la Cruz, donde miles de personas se congregaron para protestar de manera pacífica y festiva, con música de la orquesta Cuerda y Son, en contra de la Reforma Tributaria que en aquel momento proponía el gobierno del presidente Iván Duque.

Desde finales de 2019, se realizaron protestas que evidenciaban el creciente descontento por la administración de Duque y la crisis económica del país, agudizada por el covid-19.

En tanto, Duque lanzó una propuesta tributaria que cobraría, según sus críticos, más a la clase media y a los sectores populares, lo que detonó, el 28 de abril, en un estallido social conocido como Paro Nacional convocado por distintos sectores, entre ellos los jóvenes, indígenas, campesinos y afrodescendientes.

El 2 de mayo, el mismo Duque retiró su controvertida propuesta de reforma tributaria. No obstante, el estallido social no menguó, en gran medida, debido a que la respuesta de Duque desde las primeras protestas fue utilizar a la fuerza pública, particularmente al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), para reprimir duramente a los manifestantes, lo que enfureció más a la población.

Además, el estallido social está íntimamente ligado a tres factores históricos y estructurales interconectados que emergieron durante la pandemia: el acaparamiento de tierras por grandes latifundistas apoyados por paramilitares; el desplazamiento forzado de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas; y la exclusión de estos sectores en las urbes.

En palabras Alberto Tejada, un periodista muy popular entre los estratos bajos, que ha sido amenazado de muerte por su cercana cobertura del estallido social en Cali a través del medio independiente Canal 2, “los muchachos que salieron a las calles y que se han tomado el país de alguna forma, son los hijos de la tercera oleada de desplazados de los últimos 70 años en Colombia”.

“Son jóvenes –dice Tejada– entre los 17 y 25 años que saben, por la historia de su familia, que sus abuelos fueron desplazados, y ellos no han visto el campo, pero saben que fueron desterrados”.

“Hoy [estos jóvenes] no están pidiendo volver al campo, sino que quieren dejar de ser tan excluidos y discriminados en la ciudad como lo estuvieron sus padres en el campo”, dice Tejada.

Sandra no imaginaba lo sombrío que sería aquel 1 de mayo. Recuerda que esa mañana “estaba tranquila porque era un día cálido y lindo, y porque sabía que había mucha gente festejando de manera alegre y pacífica el Día del Trabajo en Loma de La Cruz”.

Amistades de Santiago le contaron a Sandra que, de un momento a otro, hombres armados, presuntamente policías sin uniforme, abrieron fuego contra los jóvenes. Santiago cayó herido y alcanzó a llegar con vida al Hospital Universitario del Valle, pero ahí mismo se desvaneció.

El caso de Sandra es similar al de una docena de madres, padres, y otros familiares de jóvenes asesinados, presuntamente por la policía, quienes entre llanto, clamor de justicia, e incluso temor porque algunos han sido hostigados y amenazados, dieron su testimonio para este reportaje. Estas personas tienen algo en común: todos son de bajos recursos.

Luis Carlos Agudelo es el padre Anthony Jiménez (22 años), otro joven presuntamente asesinado por la policía el 3 de mayo en el barrio Siloé en Cali. Cuenta que, según testigos, “mi hijo estaba en una manifestación pacífica con velas, llamadas aquí velatón, en homenaje a las víctimas que habían caído en el marco de las protestas. De un momento a otro, todo fue muy rápido, les cortaron la luz, les arrojaron gases desde un helicóptero y el ESMAD comenzó a atacarlos con gases”.

De acuerdo con Agudelo, sus testigos vieron que policías armados llegaron con el ESMAD y abrieron fuego contra los jóvenes. “Mi hijo iba con un compañero corriendo, buscando refugio, cuando cayó… le habían dado un disparo con un fusil que le entró por el tórax…”. Entre lágrimas, Agudelo agrega: “Yo a veces pienso que esto no pasó, que estoy durmiendo y que voy a ver a mi hijo en la casa”

A Cristian Javier Delgadillo Sáncehez también lo asesinó presuntamente la Fuerza Pública en Cali el 4 de junio, denuncia su madre Nena Nelly Sánchez. “No sé si fue el ESMAD, la policía o el ejército. Lo único que pido es justicia y que la muerte de mi hijo no quede impune, como la de muchos otros muchachos. Él no era ningún delincuente, lo único que hacía era trabajar para sostenerme, así que pido justicia por él y por muchos muchachos que los han matado miserablemente”.

“Cuando hay una arremetida de la fuerza pública, se arremete hasta con quienes están pasando en el lugar independientemente de que estén o no en las manifestaciones”, ha denunciado públicamente el pastor Luis Miguel Caviedes de la Iglesia Colombiana Metodista en Cali.

Así le sucedió a Dilan Yesid Suárez, de 21 años, en Bogotá. El 9 de junio a las 9:30 p.m. salió del lugar en donde trabajaba como albañil. Al caminar hacia donde solía tomar el transporte público, en el barrio Usme, se encontró con una manifestación de jóvenes, en donde también había presencia del ESMAD.

Yesid cuenta que al intentar abrirse paso entre la muchedumbre, un elemento del ESMAD le apuntó y disparó al rostro a una distancia aproximada de 6 metros, causándole la pérdida de un ojo derecho y trece fracturas en la cabeza.

Especialistas coinciden en que las lesiones oculares son una táctica de represión policiaca que se ha utilizado de manera sistemática en distintas partes del mundo, como en Chile.

“Hay alrededor de 60 casos documentados en los últimos dos meses en Colombia en donde los jóvenes han perdido uno de sus ojos o sus rostros han sido desfigurados por el mal uso de armas de menor letalidad”, señala Acosta.

“Estamos protegiendo a toda la ciudadanía contra un Estado que ha decidido criminalizar a todo el que se mueva, a todo el que esté por la calle exponiéndose”, agrega el abogado.

En el caso de las lesiones oculares, Acosta afirma que “esta es una situación que busca un mensaje muy poderoso y es el de cuando los jóvenes abren los ojos se los debemos de sacar, cuando los jóvenes protestan y ven más allá, deben ser reprimidos”.

Activistas y organizaciones de derechos humanos sostienen que la represión a los manifestantes también se ha dado por presuntos policías vestidos de civil y paramilitares armados, quienes entran a las manifestaciones acompañados por los uniformados y después comienzan a disparar a los jóvenes. Esto ha quedado documentado en múltiples videos captados por los mismos manifestantes.

Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre su visita de trabajo a Colombia del 8 al 10 de junio de 2021, en el marco de las movilizaciones vinculadas al Paro Nacional, algunas mujeres “narraron haber sufrido tocamientos durante su detención, amenazas de violación y abuso sexual, así como haber sido víctimas de estigmatización” por agentes de la policía quienes las calificaban de “vándalas”.

El informe también incluye denuncias de mujeres a quienes la policía les disparó “a quemarropa contra sus genitales” causando “graves lesiones”. “La CIDH ha podido constatar que, en el caso de las protestas en Colombia, el uso de artefactos no letales ha producido lesiones graves, mutilaciones, así como la muerte”, se lee en el informe.

De acuerdo con la organización colombiana de derechos humanos Temblores, en el marco del Paro Nacional se han registrado al menos 48 homicidios, 1,468 víctimas de violencia física, 215 víctimas de disparos de arma de fuego, 73 víctimas de lesiones oculares, 539 desapariciones forzadas, 28 víctimas de violencia sexual y 1,832 detenciones arbitrarias.

Una constante en estos casos, de acuerdo con el antropólogo colombiano Alex Sierra, es la campaña de desprestigio y criminalización de las víctimas por parte del gobierno y medios de comunicación afines.

Después de que los jóvenes son asesinados, desaparecidos, lesionados o abusados sexualmente, son señalados como “vándalos”, “criminales” o “terroristas” en campañas de desprestigio en redes sociales, así como por el mismo gobierno y medios de comunicación afines a este. Esta estigmatización, que señala a las víctimas como seres inferiores debido a su perfil étnico y socioeconómico de bajos ingresos, no es nueva, apunta Sierra.

“Somos un país tremendamente racista”, señala Sierra. “Las víctimas suelen ser jóvenes de barriadas populares, muchos de ellos negros, y también se señala a las víctimas y a los que son asesinados como guerrilleros, como pertenecientes a diversidades sexuales, grupos indígenas, de los cuales se ha construido previamente una idea que justifica que sean ejecutados”.

“Básicamente, [el gobierno] nos está imponiendo un toque de queda de facto, el que no esté guardado pues lo matamos, así de sencillo, y el que no esté encerrado pues lo encerramos nosotros, y el que esté apareciendo por ahí pues lo desaparecemos, y esa es la práctica que estamos viendo que sucede en el país”, expone Acosta.

De acuerdo con Acosta, el financiamiento de los Estados Unidos al gobierno colombiano contribuye a la represión en contra de la población. “Los estadounidenses deberían saber que parte de sus impuestos se envían a Colombia y se utilizan por la policía para asesinar y reprimir a la población ”.

El Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes de los EE.UU., propuso un apoyo de 461 millones de dólares para el gobierno de Colombia en el 2022. Sin embargo, el apoyo estaría, por primera vez, condicionado a una certificación del Departamento de Estado en la que se confirme que el gobierno colombiano está investigando y castigando a uniformados implicados en violaciones de Derechos Humanos (DD. HH.).

En respuesta oficial al informe de la CIDH, la Cancillería colombiana señaló en un comunicado de prensa (con fecha del 7 de julio de 2021) que el Estado colombiano está “comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos”.

En el comunicado se añade que en su mayoría, las manifestaciones en el marco del Paro Nacional “fueron pacíficas y no requirieron de la intervención de la Fuerza Pública”.


Aunado, el documento señala que “el Estado colombiano es enfático en rechazar la creación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”, como la anunció la CIDH en su comunicado. No consideramos necesario un mecanismo de seguimiento: Colombia dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos”.

Por su parte, en el marco de las movilizaciones por el Día de la Independencia, la organización internacional de derechos humanos Global Exchange, con sede en San Francisco, California, exhortó mediante una carta abierta al presidente de Colombia Iván Duque, a que el gobierno colombiano y las autoridades locales respeten “los derechos constitucionales y libertades ciudadanas enmarcadas en la libre expresión, la libertad de locomoción, el derecho de reunión, pero sobre todo el derecho a la vida, a la integridad y dignidad”.

Pese al llamado de defensores de los derechos humanos y organizaciones como Global Exchange, algunos activistas reportaron en redes sociales que el ESMAD dispersó con gases lacrimógenos a manifestantes que marchaban de manera pasiva en Puerto Resistencia y Loma de la Dignidad en Cali, mientras que en el barrio Alcázares, en esta misma ciudad, se registró por lo menos un activista asesinado y uno herido con bala de fusil, presuntamente por parte de las fuerzas de seguridad. Otros puntos donde se reportaron actos de represión fueron Buga y Barranquilla, en donde por lo menos 10 manifestantes resultaron heridos.

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