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Restaurantes

Franquicias de Taco Bell en 6 estados discriminan contra inmigrantes

La investigación del Departamento concluyó que, al menos desde julio de 2015 hasta marzo de 2017, las compañías con sede en San Antonio exigieron documentos de autorización a todos los residentes permanentes legales que trabajaban en sus restaurantes de Taco Bell, sin imponer un requisito similar a los ciudadanos estadounidenses.
17 Oct 2019 – 5:23 PM EDT

El Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con un propietario y operador de 78 ranquicias de restaurantes Taco Bell en seis estados luego de que se investigara si las empresas MUY Brands LLC y MUY Consulting Inc violaron la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) al discriminar a los residentes legales permanentes debido a su condición de ciudadanía al verificar su autorización para trabajar en los Estados Unidos.

La investigación del Departamento concluyó que, al menos desde julio de 2015 hasta marzo de 2017, las compañías con sede en San Antonio exigieron documentos de autorización de trabajo a todos los residentes permanentes legales que trabajaban en sus restaurantes de Taco Bell, sin imponer un requisito similar a los ciudadanos estadounidenses.

Como resultado, algunos residentes permanentes legales perdieron oportunidades de trabajo, a pesar de que habían presentado suficiente documentación para probar su autorización para trabajar. La ley federal permite a todas las personas autorizadas para trabajar, independientemente de su estado de ciudadanía, elegir qué documentos válidos y legalmente aceptables presentar para demostrar su capacidad para trabajar en los Estados Unidos.

La disposición antidiscriminatoria del INA prohíbe a los empleadores solicitar más o diferentes documentos de los necesarios para probar la autorización de trabajo basada en el estado de ciudadanía o el origen nacional de los empleados.

"Los empleadores no pueden exigir que un trabajador proporcione más o diferentes documentos de los necesarios para probar legalmente la autorización de trabajo basada en el estado de ciudadanía del trabajador o su origen nacional", dijo el fiscal general adjunto, Eric Dreiband, de la División de Derechos Civiles. "La División de Derechos Civiles se compromete a hacer cumplir la Ley de Inmigración y Nacionalidad y eliminar la discriminación ilegal en el proceso de verificación de elegibilidad de empleo para ayudar a garantizar la igualdad de oportunidades de empleo".

Según los términos del acuerdo, las compañías pagarán una multa civil de $ 175,000, establecerán un fondo de pago de $ 50,000 para pagar a los trabajadores afectados y estarán sujetas a los requisitos de monitoreo y reporte departamentales. Además, ciertos empleados deberán asistir a capacitación sobre los requisitos de la disposición antidiscriminatoria del INA.

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